“Chile está sufriendo la degradación de sus fuentes de agua dulce provenientes de ríos y acuíferos subterráneos, además de una enorme sequía y una alarmante desertificación, intensificado todo por el Cambio Climático. Hoy se replantean la protección de sus aguas a nivel legislativo.”
Cambios necesarios
La perpetuación de unas pésimas políticas de gestión y de pobre protección de las aguas chilenas que datan de hace más de 30 años, ha afectado a las comunidades humanas y animales y a los ecosistemas en el norte, centro y sur del país, generando profundos conflictos socio-ambientales.
En 2012 comenzaron las discusiones de las reformas al Código del Agua, incluyendo la protección de las fuentes y la priorización del acceso al agua potable y al saneamiento. Aparentemente se pretende acabar con las normativas elásticas y permisivas actuales y la especulación financiera.
A pesar de la fuerte oposición de varios sectores afectados, como son la minería, las eléctricas y los empresarios agrícolas, el nuevo Código fue aprobado en la Comisión de Recursos Hidráulicos en 2015 y en la Comisión de Agricultura en 2016. Solo falta el “visto bueno” final del Congreso de Chile.
Progreso Social y Ambiental
La reforma en discusión contiene cambios fundamentales en relación con el papel del Estado y con los requisitos sociales y medioambientales que deben exigirse. Se refuerza el carácter público del agua, declarando que «su uso y control pertenecen a todos los habitantes de la nación».
Otro punto del nuevo Código acaba con los derechos de agua a perpetuidad que disfrutaban algunas empresas. Las nuevas solicitudes serán concesiones temporales, que podrán durar hasta un máximo de 30 años.
En el ámbito social, la reforma reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, que deberá ser «garantizado por el Estado» y la prioridad que deben tener la subsistencia humana y la sostenibilidad del medio ambiente en el uso del agua. El Estado podrá destinar o adaptar reservas de agua para esos propósitos.
La reforma reconoce la necesidad de agua para «la conservación del ecosistema» y protege a los humedales de Arica y Coquimbo convirtiéndolos en áreas prioritarias, además de declararlas zonas prohibidas a la minería del oro, para proteger los acuíferos subterráneos de la contaminación.
También hay un compromiso de mantener el caudal ecológico en todos los ríos y estuarios en el país, reduciendo los requisitos de flujo ecológico para las demandas de agua de las operaciones principales (hidroeléctrica presas y riego), pero el reto para la próxima votación es hacer que este requisito sea obligatorio para todos los ríos.
