Dirigente sobre “venta” de agua en Guanacaste: quieren legalizar proyectos ilegales

El plan primero se manejó con una sola empresa, Coco Water S.A. Luego pasó a ser un fideicomiso. (Ver línea de tiempo interactiva más abajo.) Pero desde hace muchos años las comunidades denunciaron y se opusieron a la iniciativa. La organización Confraternidad Guanacasteca llama al proceso un intento de legalizar lo ilegal.

Es en el 2017 cuando a lo interno del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se hace un llamado de alerta por una posible “venta” del agua en Guanacaste. El Auditor Interno de la entidad llamó “comercialización” a lo sucedido con el proyecto de acueducto de Playas del Coco-Ocotal.

El plan primero se manejó con una sola empresa, Coco Water S.A. Luego pasó a ser un fideicomiso. (Ver línea de tiempo interactiva más abajo.) Pero desde hace muchos años las comunidades denunciaron y se opusieron a la iniciativa. La organización Confraternidad Guanacasteca llama al proceso un intento de legalizar lo ilegal.

El dirigente Gadi Amit afirmó que manejan denuncias de privados que compraron condominios, sin que estos tengan abastecimiento de agua de forma legal. Pero desarrolladores señalaron a esos compradores una cuota de varios miles de dólares, para tener la conexión al líquido.

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Para el líder comunal es claro que los proyectos urbanísticos son ilegales y simplementa se paga para “legalizar lo ilegal“. Esto porque se construyeron condominios, sin tener agua asignada en el momento, un requerimiento por ley.

En el 2006 el AyA acordó con la empresa Coco Water, que esta ampliara el acueducto. En el 2008 se cedió a un fideicomiso en el Banco de Costa Rica (BCR). A través de este mecanismo, el AyA permitió del 2011 al 2017, la entrega de más de 1.500 servicios de agua a empresas que querían conectarse para recibir agua.

Cuando se hizo el cambio, el AyA aceptó el fideicomiso como garantía del proyecto, sin siquiera conocer el contrato del mismo. Este señaló que estaba “prohibido al Fiduciario, a los Fideicomitentes y a los Fideicomisarios, develar a terceros, sin autorización del Comité de Fideicomisarios, cualquier información relacionada”.

En su informe DFOE-ED-22-2008, hace 9 años, la Contraloría General de la República, alertó de esa condición. Señaló que el AyA no debió aceptarlo.

Años después, el manejo del proyecto vino a afectar la búsqueda de información de la comunidad. Amit afirmó que alertaron al BCR, que se dieron “ilegalidades” en el fideicomiso. “Ellos respondieron ‘está todo bien, secreto bancario y vamos a otra cosa’. El Banco de Costa Rica es cómplice de este manejo”, dijo, pues la entidad es garantía para diversos trámites.

En el 2011 comunicaciones de los participantes del fideicomiso, el administrador Julio Cedeño señaló que se “perdió” $1,5 millones y eso impidió continuar las obras. Un inversionista reclamó que no hubo avance en 3 años; que se dieron “graves” incumplimientos; y que siempre piden más dinero.

CRHoy.com consultó al BCR sobre quejas y manejo del fideicomiso, pero alegó que por ley no puede divulgar información a respecto. El Banco es el fiduciario, lo cual significa significa que es encarga de la manejo del mismo, de la administración financiera de los bienes y recursos que tiene.

Alianza público-privada

La Ley de Planificación Urbana en su artículo 38 permite construcciones, si el urbanizador se compromete a costear obras fuera de su propiedad, para ofrecer servicios necesarios. Ahí se dicta que futuros proyectos que usen los servicios, deberán abonar a la empresa principal “una cantidad por cada unidad de vivienda que contenga el nuevo proyecto” en un periodo de 5 años. Durante ese periodo, el privado puede recuperar lo invertido.

La Procuraduría General de la República, en su criterio C-218-2008, dictó que con estas alianzas “jamás podría otorgar un derecho preferente al urbanizador que las realiza”. Además mencionó que se deben realizar los estudios técnicos para ejecutarla.

El AyA tiene un Manual de Procedimientos para obras de inversión privada, que regula cómo deben aceptarse las obras, asignarse servicios privados y otros detalles. La Auditoría Interna concluyó que el proceso con el fideicomiso realizado habría violado el ordenamiento.

La presidenta del AyA, Yamileth Astorga, admitió que nunca lo vieron durante sus primeros 3 años de administración. Ante la necesidad de agua en Guanacaste, lo asumieron. En el 2016 la entidad no aceptó los diseños de la empresa privada y ahora busca romper la relación con el fideicomiso.

Para eso firmaron una nueva carta de entendimiento. La nueva figura fue cuestionada por la Auditoría pues “no podría pensarse el reconocer un derecho a resarcirse el abono en una obra civil a los fideicomitentes, que desde febrero del año 2011″ fueron recibidas. Esto supera el plazo de 5 años dictado por Ley.

Gadi Amit reiteró que la forma de acabar el proyecto, finalizando el fideicomiso es ilegal, pues ni siquiera se han completado las obras. Además la organización de denunció ante el Ministerio de Salud, que hay un proyecto inmobiliario en Playas del Coco sin garantías de agua.

Tiempos de sequía

Coincidiendo con la actual Administración Solís-Rivera, Guanacaste ha enfrentado la peor sequía en muchas décadas. En el 2015 el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) determinó que la provincia veía las condiciones climáticas más extremas en cuanto a falta de lluvia de los últimos 78 años.

El Gobierno reaccionó ante la situación con declaratoria de alertas; reuniones entre sectores; decretos para dedicar recursos extraordinarios; y proyectos de diversas escalas. En julio del 2015 declaró de interés público el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Piaag) para articular cada acción.

Aunque no fue prioritario ni estaba en sus planes, Astorga dijo que retomaron el proyecto del Coco-Ocotal ante el efecto de la sequía durante 3 años consecutivos y la salinización del acuífero costero de Playa Panamá. Señaló como fundamentales tener solución a problemas por arsénico en el agua en comunidades de Cañas y Bagaces; 2.500 solicitantes de disponibilidad de agua en Nicoya; obras en Santa Cruz y otras.

Gadi Amit, de la Confraternidad Guanacasteca, aseguró que “se están generando emergencias, para hacer proyectos de costos millonarios”.

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