Menos agua, a más costo

Las altas temperaturas provocadas en Colombia por el fenómeno del Niño generaron drásticos descensos en el nivel de ríos y embalses y los pronósticos aseguran que las lluvias solo llegarán en septiembre, mientras autoridades y ambientalistas difieren en cómo enfrentar la crisis.

La sequía, anticipada desde mediados de 2009, llevó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) a anunciar la última semana de diciembre un aumento en las tarifas a los usuarios que superen nuevos límites de consumo, según estratos socioeconómicos, y temperatura media de poblaciones y ciudades.

 

Se trata de un incremento adicional al aprobado cada nuevo año, con base en el Índice de Precios al Consumidor, que para 2010 se estableció en dos por ciento.

 

«En Bogotá se adicionará el 1,6 por ciento, por la entrada en servicio de la planta de El Salitre», confirmó a IPS Humberto Polo, sindicalista del sector y miembro del comité del Referendo Por el Agua, Derecho Humano Fundamental.

 

Eso supone que el ajuste del servicio en Bogotá será de 3,6 por ciento, que se aplicará de acuerdo con el régimen tarifario actual, que clasifica el consumo en básico, complementario y suntuario. El básico llega hasta los 20 metros cúbicos, el complementario a 40 y el suntuario es de 41 metros cúbicos en adelante.

 

Además, hay diferencia de costo según los seis estratos socioeconómicos que se manejan en Colombia, que sitúan a la población más pobre en el uno y a la más rica en el seis. La mayoría de la población integra los estratos más bajos y en el caso de Bogotá 73 por ciento de sus habitantes pertenecen a los tres primeros, según el Banco Mundial.

 

Esta clasificación incide en los montos a pagar por impuestos, servicios públicos domiciliarios, acceso a salud, y matrículas en universidades públicas, entre otros.

 

Pero, «la propuesta elimina el régimen complementario y disminuye el tope para alcanzar el consumo suntuario», dijo a IPS Rafael Colmenares, de la no gubernamental Corporación Ecofondo, que agrupa 119 organizaciones ambientales del país.

 

«El consumo suntuario se empezaría a pagar desde los 28 metros cúbicos en tierra fría, 34 en tierra templada y 35 metros cúbicos en tierra caliente», agregó Colmenares, también activista del referendo.

 

La medida fue anunciada como temporal por la CRA, adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y seguida el 4 de enero por una resolución que dio paso a la figura legal de Audiencia Pública, en que por 10 días hábiles los ciudadanos y organizaciones pueden presentar observaciones.

 

«El viernes (15 de enero) se contaban cerca de 300 expresiones, tanto de ciudadanos del común como de expertos en el tema», dijo a IPS el vocero de la CRA, Boris del Campo.

 

«Los expertos analizarán las solicitudes de los ciudadanos antes de tomar decisiones definitivas», agregó Del Campo, al enfatizar la condición de temporalidad que tendría la medida hasta la siguiente época de lluvias que devolvería los niveles a ríos y embalses.

 

Del Campo no aventuró cuando se terminará el proceso de consultas y entrará en vigor la medida en forma definitiva. Pero destacó que el anuncio de las nuevas tarifas, ya tuvo como impacto la caída del consumo.

 

Las organizaciones ambientales aplauden la merma en el consumo por la importancia de preservar el agua, pero esa misma razón les lleva a calificar el anuncio de «precipitado».

 

«Es una medida mercantilista que beneficiará a empresarios y contratistas que operan y administran la mayoría de empresas de acueducto y alcantarillado del país», aseguró Colmenares.

 

«El 12 por ciento de los acueductos con más de 2.500 suscriptores están privatizados», complementó Polo.

 

De las 349 empresas de acueducto que funcionan en Colombia, 141 son privadas y 24 de economía mixta.

 

En este país sudamericano y caribeño viven 42 millones de personas, de las que cerca de 12 millones no cuentan con agua potable y cuatro millones más tienen dificultades para obtener el líquido en buenas condiciones.

 

Así, «la medida de la CRA favorece a los agroindustriales, que son los mayores consumidores de agua dulce, en porcentajes cercanos a 60 por ciento, además de ser responsables de la contaminación del recurso hídrico y la destrucción de importantes ecosistemas por tala de bosques y desecación de humedales», agregó Colmenares.

 

«No se establece la destinación de los ingresos, pero si se castiga a los usuarios más pobres, que viven en inquilinatos (casas subdivididas en pequeños espacios alquilados a grupos familiares), y a las familias con más de cuatro miembros», continúo.

 

Según Del Campo, todas las observaciones serán analizadas.

 

Entre ellas se incluiría la situación que generan las empresas floricultoras, que proliferan en municipios vecinos a Bogotá, con cultivos que requieren de desbordadas cantidades de agua, incluida la extracción subterránea, para luego ser vertidas y contaminadas por el uso de fungicidas.

 

Del Campo detalló que entre las propuestas se encuentran también dudas de gente común, que pregunta, por ejemplo, sobre la forma de cobrar el servicio en un edificio de cuatro pisos con un solo contador.

 

«En estos casos se tendrá que solicitar una micro-medición, y la instalación de nuevos contadores», dijo del Campo. Pero admitió que es un proceso que requiere tiempo.

 

El Comité Nacional en Defensa del Agua y la Vida «promueve el uso racional del agua, y una verdadera política ambiental para la recuperación, mantenimiento y protección de los ecosistemas esenciales al ciclo del agua», según un comunicado de la agrupación ambientalista en que se subraya la oposición a una medida que califica de «oportunista».

 

Los ecologistas recuerdan además que está en curso un referendo por el agua, promovido por más de dos millones de colombianos, como derecho humano fundamental y bien público.

 

La consulta pretende «garantizar el acceso al agua de todos los seres vivos, evitando la aplicación de medidas, que atentan contra el bienestar de los más pobres y distraen la necesidad de tomar medidas urgentes para proteger los ecosistemas esenciales al ciclo hidrológico», según la Corporación Ecofondo.

 

Colombia es el segundo país de América Latina con mayor disponibilidad de recursos hídricos, detrás de Brasil y antes de Perú, en una región que tiene 40 por ciento de esos recursos, con 10 por ciento de la población mundial, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

 

El texto de la convocatoria al referendo sobre el agua fue introducido en el Congreso legislativo colombiano en 2009 y la primera comisión de la Cámara de Representantes que discutió la iniciativa la aprobó con cambios fundamentales en su texto original.

 

La movilización de campesinos, indígenas y de los habitantes que soportan la falta de agua forzó a que la siguiente comisión legislativa que abordó el tema retomase el texto original, con la modificación de dos puntos.

 

Se trata del que plantea que se evite la privatización del manejo del agua, «el más difícil de aceptar por parte del gobierno», y el que establece que el agua es «condición humana fundamental», en lugar de «derecho humano fundamental», detalló Colmenares.

 

«Nuestro argumento es que la Constitución Nacional no habla de condiciones, sino de derechos», para promover que se mantenga al agua como derecho, agregó el activista.

 

El Congreso retomará en marzo la discusión sobre la propuesta, con tres nuevos debates.

 

Colmenares confía en que las organizaciones ambientalistas logren, con argumentos, cifras y perseverancia que el texto original sobre el que se pronunciaron los colombianos, sea el que logre la aprobación definitiva.

 

También espera que la CRA eche atrás la medida de promover el control con una sobretasa adicional en el precio del servicio.

ECOticias.com – ep

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