Es cierto que podemos poner al diálogo como herramienta fundamental para este acuerdo social.
Tan importante como encontrar e interpretar las causas estructurales de los conflictos socioambientales es buscar alternativas viables de solución que no sean solo aceptables para las partes sino también para el ambiente, la salud de la gobernabilidad democrática y de la sustentabilidad. Es decir, no solo los intereses de las partes deben ser satisfechos sino también la salud e integralidad de los ecosistemas. Esta posición de ninguna manera plantea que los ecosistemas no puedan ser intervenidos, lo que plantea más bien es que la decisión final de la intervención, o la necesidad de intangibilidad absoluta, debe ser producto de un proceso técnico-político que busque un equilibrio que preserve fundamentalmente las condiciones de sustentabilidad.
Es cierto que podemos poner al diálogo como herramienta fundamental para este acuerdo social. También es cierto que podemos orientar nuestras propuestas y acciones en el marco de una cultura de paz. Nadie pondría en cuestión la importancia del diálogo y el enfoque de una cultura de paz en el abordaje de los conflictos socioambientales. Pero para que estas herramientas sean efectivas deben inscribirse en un marco de autenticidad, es decir, deben ser genuinas, honestas. Eso requiere un profundo sentido de integridad de las partes y una legítima vocación democrática y una cultura de sustentabilidad.
Esta preocupación surge por el hecho que muchas veces el concepto de desarrollo sostenible ha sido entendido, sentido y practicado de diferentes maneras. Siendo un concepto poderoso no en pocas ocasiones ha sido convocado para imponer perspectivas unilaterales. En nombre del desarrollo como producto estrella del modelo civilizatorio se han subestimado otras perspectivas de lo que podríamos llamar genéricamente calidad de vida. Es más, hasta se ha declarado públicamente, algo que en la práctica lo consideran así, que estas perspectivas diferenciadas de calidad de vida constituyen un obstáculo al desarrollo.
Vemos que muchas perspectivas de economía se tiñen de verde aunque no logran cambiar sus enfoques y herramientas fundamentales procedentes de la economía neoclásica. Vemos muchos cambios institucionales, normativos pero que en esencia terminan supeditados a los mandatos imperativos del crecimiento económico y por lo tanto quedan como revoluciones institucionales incompletas. Bajo esta perspectiva, los conflictos socioambientales son producto de comunidades desfasadas del tren moderno de la globalización y por lo tanto se plantean dos tipos de soluciones que no logran revisar las raíces de la conflictividad: i) más educación modernizante y ii) más información sobre los alcances de la modernización. Los conflictos socioambientales por tanto, siempre bajo esta mirada, constituyen crisis que hay que resolver y no oportunidades para revisar al fondo el modelo de sociedad que implícitamente se está tratando de construir.
El valor de la educación es fundamental, qué duda cabe, pero ésta tiene que inscribirse en una propuesta que fortalezca las capacidades críticas de interpretación de la realidad y la formulación de alternativas viables en base a la investigación, la información objetiva, la capacidad argumentativa, la capacidad de escucha activa y el respeto por la diversidad. Lo mismo se puede decir de la comunicación, no debe quedarse en el abierto o escondido propósito de convencer, lo que se trata es de desplegar el conjunto de opciones, alcances, ventajas, así como las implicancias, los riesgos y todos los elementos que permitan a la población tomar decisiones ponderadas.
Por tanto, no es solo atacando las causas directas como se puede resolver los conflictos socioambientales sino que se requiere abordar indefectiblemente las causas estructurales. En este contexto el papel del Estado es fundamental para abordar las causas de desigualdad, las inequidades, las injusticias, la exclusión, la intolerancia y las fuentes de resentimiento. A las necesarias políticas públicas se les debe complementar con hechos, con gestos, señales y símbolos que efectivamente existe una gestión orientada por el respeto de los derechos de todos los actores involucrados y no solamente de una parte de los actores, fundamentalmente de poder económico, como es frecuente apreciar.
Creemos en el valor del diálogo pero es importante que todos contribuyamos para lograr que se respete su prestancia. Usar el diálogo como mecanismos dilatorios para imponer una voluntad preconcebida, para desvalorizar el valor de las palabras, para generar compromisos irresponsables que se sabe que no se puede cumplir, no hacer seguimiento de los acuerdos comprometidos o desconocerlos no contribuyen a salvaguardar la majestad del diálogo y por el contrario terminan debilitándolo y por consiguiente afectando el respeto a la democracia. El Estado es el principal responsable por promover la formalidad y el respeto al estado de derecho, por esa mismas razones es el primero que tiene que cumplir los principios de la democracia y de la sustentabilidad.
Ratificamos nuestra voluntad de diálogo y de una cultura de paz, pero está claro que en el marco de la equidad, la justicia y la sustentabilidad. Para que ello sea posible se necesita, entre otros aspectos:
- Políticas públicas con enfoques claros de interculturalidad, que se implementen efectivamente y que se monitoreen permanentemente su cabal cumplimiento.
- Que exista una institucionalidad coherente de prevención y mitigación de conflictos socioambientales que no se reduzca a “apagar incendios” sino que trabajen para que las políticas de Estado favorezcan una cultura de paz en base a la reducción drástica, idealmente eliminación, de las causas estructurales de las desigualdades. Ello requiere mayor coordinación inter e intrasectorial en la administración pública.
- Que los entes de supervisión y fiscalización funcionen efectivamente con recursos y talentos humanos que garanticen excelente desempeño sean incorruptibles y luchen decididamente contra la corrupción.
- Que los instrumentos de gestión ambiental estén acordes con estándares internacionales y se implementen efectivamente.
- Que en estructuras estatales descentralizados exista compatibilidad entre las funciones y competencias relacionadas a materias específicas (recursos naturales renovables, recursos naturales no renovables) y las funciones y competencias relacionadas a la prevención y mitigación de conflictos socioambientales pues esta incoherencia provoca que siempre se busque la solución a nivel de los gobiernos nacionales subestimando el papel de los gobiernos regionales y locales. Muchas veces son las políticas y prácticas de gobiernos nacionales los que directa o indirectamente incuban condiciones de conflictividad sea por falta de planificación, planificaciones sesgadas o simplemente regulaciones con efectos perversos.
- Que se institucionalicen canales democráticos para procesar las diferencias y encontrar en base al diálogo genuino las alternativas más sensatas y sostenibles. Tan importante como escuchar es definir mecanismos para atender las propuestas en cuanto sean justas y objetivas.
- Implementar genuinos procesos participativos y de consulta previa libre e informada.
- Promover e implementar procesos participativos de Zonificación Ecológica y Económica y Ordenamiento Territorial como grandes acuerdos sociales que se respeten.
- Que las prácticas de relaciones comunitarias (relaciones con las comunidades) no se queden en conseguir o mantener la licencia social sino que avancen para construir relaciones de sociedad
- Que la responsabilidad social no sea un concepto que solo se exija a las empresas sino al conjunto de los actores. El estado debe ser expresión plena de responsabilidad social para con sus ciudadanos y ciudadanas y no solo limitarse a garantizar las inversiones que siendo necesarias tienen que ser de calidad. Las comunidades deben ser responsables socialmente para que sus propuestas sean realmente producto de procesos participativos y consideren que tan importante como ejercer sus derechos es considerar que también existen derechos fuera de la comunidad.
- Que se lleve a nivel de políticas públicas los programas de monitoreo ambiental comunitario. Ya existe suficiente nivel de experiencia para capitalizar los aprendizajes de estas valiosas iniciativas.
