Pero el silencio, la aparente calma, sólo sirve para agravar las sospechas: la planta de la polémica sigue produciendo y arrojando vertidos sobre el Río Uruguay, pero los controles son secretos, controvertidos e insuficientes.
Pasaron dos años desde el fallo de La Haya que pareció traer calma al conflicto. También quedaron atrás las protestas y el corte del puente de Gualeguaychú, del que también se están por cumplir dos años en los primeros días de junio.
Pero el silencio, la aparente calma, sólo sirve para agravar las sospechas: la planta de la polémica sigue produciendo y arrojando vertidos sobre el Río Uruguay, pero los controles son secretos, controvertidos e insuficientes.
Hay que recordar que la Corte Internacional de la Haya, el 20 de abril del 2010, reconoció que Montevideo incumplió el Tratado del Río Uruguay al no avisar a la Argentina antes de autorizar la papelera. Pero sostuvo que Argentina no pudo demostrar que las plantas contaminen.
El Tribunal dictaminó que no hay motivos para ordenar el cese del funcionamiento de la empresa finlandes Botnia (ahora pertenece al grupo UPM, también finlandés),que posee en la localidad de Fray Bentos en Uruguay.
Lo hizo en un extenso fallo que sólo tuvo un triunfo moral para la Argentina pero sin efectos prácticos: el tribunal reconoció que Montevideo violó el Tratado del Río Uruguay por autorizar la construcción de las pasteras sin acordar previamente con la Argentina, pero también evaluó que esa violación fue a una obligación protocolar, que no hubo incumplimiento de obligaciones de fondo” que Buenos Aires no pudo demostrar que la planta de Botnia contamine.
Los vecinos de Gualeguaychú, Provincia de Entre Rios, Argentina decidieron levantar los cortes y aceptaron que la planta podía seguir funcionando, pero con controles adecuados.
Esto se plasmo en un acuerdo firmado meses más tarde, el 30 de agosto del 2010, entre los gobiernos argentino y uruguayo.
Siguiendo la directiva judicial, se creó un Comité Científico en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Ese Comité, integrado por científicos de los dos países, debía hacer un monitoreo permanente de la planta y de los efluentes vertidos en el curso del río, para prevenir, alertar y evitar niveles de contaminación superiores a los razonables.
¿Se cumplieron esos controles? La respuesta es contundente: NO. Y si se cumplieron, por algún motivo no se informan a la población.
Alcanza, para comprobar el incumplimiento, con ingresar al sitio oficial de la Comisión binacional (caru.org.uy). De allí surge la inexistencia de informes finales sobre los vertidos de la planta. El único elemento que permite suponer que algún trabajo se hace, surge de un parte de prensa de agosto de 2011, donde las autoridades de la Comisión dicen haber controlado los vertidos dos veces, el 20 de junio y el 25 de julio de 2011.
A la Asamblea de Gualeguaychú les han informado de otros controles más, pero de los resultados nadie sabe más que algunos trascendidos que hablan de efluentes ilegales o de residuos a temperaturas más altas de las permitidas.
El 17 de mayo del 2012, la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú decidió pedir una reunión con el titular de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Hernán Orduna, para exigir información sobre los controles ambientales desplegados por el comité científico binacional sobre la polémica pastera de UPM (ex Botnia).
Según el ambientalista Oscar Bargas, allí exigirán precisiones sobre dos supuestos caños que estarían arrojando efluentes de manera clandestina al río Uruguay
“Si es cierto que están esos caños clandestinos, entonces deberíamos pedir desde Gualeguaychú la paralización de la ex Botnia hasta tanto regularice esa situación”, enfatizó, además de remarcar que “tirar los efluentes crudos a una fuente de agua dulce y potable es algo que va en contra de todas las prácticas industriales internacionales”.
Cristian Frers | Corresponsalía ANCA24 Argentina
