Desastre medio ambiente en Argentina sigue su curso con cambios en leyes de tierras e incendios, tras el anuncio del Gobierno de Javier Milei de impulsar reformas legislativas que flexibilizan la protección ambiental en favor de la inversión privada.
Las medidas llegan en pleno contexto de incendios forestales que han arrasado decenas de miles de hectáreas y han generado un fuerte rechazo social y ecologista.
Desastre medio ambiente en Argentina sigue su curso con cambios en leyes de tierras e incendios
El Gobierno de Milei propone modificar leyes sobre incendios, tierras y glaciares en un contexto de más de 64.000 hectáreas afectadas por el fuego.
El gobierno del ultraderechista y negacionista Milei está revisando las normas sobre la propiedad de tierras rurales, que actualmente limitan la participación extranjera al quince por ciento a nivel nacional, provincial y local. Las nuevas propuestas podrían flexibilizar estos límites para atraer capital.
La legislación vigente también restringe a cada propietario extranjero a mil hectáreas en regiones agrícolas clave. E impide que una sola nacionalidad supere el treinta por ciento de la participación permitida a nivel nacional.
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Incendios arrasan 64.000 hectáreas mientras se plantea reformar la Ley de Manejo del Fuego
El contexto ambiental en Argentina está marcado por incendios forestales recurrentes que han afectado unas 64.000 hectáreas desde diciembre, especialmente en la Patagonia, según estimaciones de Greenpeace.
En este escenario, el Gobierno pretende modificar la Ley de Manejo del Fuego, que desde 2020 prohíbe cambios de uso en terrenos incendiados, incluyendo desarrollos inmobiliarios o actividades agropecuarias intensivas.
La posible flexibilización de esta norma genera preocupación, ya que podría incentivar la especulación sobre terrenos quemados, en un país donde los incendios son cada vez más frecuentes debido a condiciones climáticas extremas y presión sobre el territorio.
Reforma de la ley de tierras: límites del 15% para extranjeros podrían cambiar
El Ejecutivo también propone modificar la ley que regula la propiedad de tierras rurales, que actualmente establece que los extranjeros no pueden superar el 15% del territorio nacional, provincial o departamental.
Además, la normativa vigente limita a un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en zonas agrícolas clave y establece que ninguna nacionalidad puede superar el 30% del total permitido.
Estos cambios buscan facilitar inversiones en sectores como minería, petróleo o agroindustria, que requieren grandes extensiones de terreno, pero generan preocupación por el posible impacto sobre la soberanía territorial y los recursos naturales estratégicos.
Reforma de glaciares y expropiaciones amplía el debate ambiental
El paquete legislativo incluye también la modificación de la ley de glaciares, que permitiría a las provincias autorizar actividades mineras en zonas periglaciales, áreas clave para la conservación del agua y la regulación climática.
Asimismo, el Gobierno plantea cambios en el régimen de expropiaciones para limitar el uso del concepto de utilidad pública y aumentar las indemnizaciones, en línea con su objetivo de reforzar la propiedad privada.
Estas medidas se suman a una estrategia que busca atraer inversión extranjera, pero que ha sido cuestionada por su posible impacto en ecosistemas sensibles y en la gestión sostenible del territorio.
Rechazo social y más de 400 participantes en audiencias públicas
Las reformas han generado una fuerte contestación social, con organizaciones ecologistas, ciudadanos y partidos políticos denunciando un retroceso en la protección ambiental.
Una audiencia pública iniciada este miércoles cuenta con la participación de más de 400 personas entre expertos, científicos y activistas, mientras miles más han anunciado la presentación de alegaciones en formato escrito y audiovisual.
Este proceso refleja el elevado nivel de conflictividad social en torno a la política ambiental del país, en un momento en el que los impactos del cambio climático y los incendios forestales ya son visibles.
Desastre medio ambiente en Argentina sigue su curso con cambios en leyes de tierras e incendios en un contexto de más de 64.000 hectáreas afectadas por el fuego, con reformas que afectan a la Ley de Manejo del Fuego, los límites del 15% de propiedad extranjera y el máximo de 1.000 hectáreas por titular.
Junto a la modificación de la ley de glaciares y el régimen de expropiaciones y en medio de una creciente conflictividad social con más de 400 participantes en audiencias públicas. Además de un fuerte debate sobre el impacto de estas medidas en la protección ambiental y la gestión de recursos naturales.
Las autoridades argumentan que estos ajustes fomentarían la inversión a gran escala en sectores como la minería, el petróleo y la agroindustria, que requieren vastas extensiones de tierra, aunque los críticos advierten sobre los riesgos para la soberanía y los recursos estratégicos.
El paquete de reformas también afectará a la protección de los glaciares y las normas de expropiación, mientras crece la oposición pública. Cientos de personas participaron en las audiencias, y muchas más preparan objeciones, lo que refleja la creciente preocupación por las salvaguardias ambientales y las políticas de gestión de tierras.
