Hace poco, el Ejecutivo de Ecuador envió a la Asamblea Nacional el proyecto de “Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local” calificada de urgencia en materia económica. Es un Proyecto de Ley que podría conllevar consecuencias muy serias para el cuidado de las áreas protegidas y para los pueblos y comunidades que viven con ellas, por lo que las organizaciones deben unirse para exigir a la Asamblea Nacional que archive dicho proyecto.
La primera motivación de este proyecto de ley es el que la Constitución (Art. 397. No. 4) determina que es deber del Estado de Ecuador garantizar la intangibilidad y conservación de las áreas naturales protegidas; sin embargo, en estas áreas se permite las actividades petroleras, ejemplos claros ocurren en la Amazonía con el Parque Nacional Yasuní, la Reserva Faunística Cuyabeno, la Reserva biológica Limoncocha, o la Reserva Cofán Bermejo que tienen actividades extractivas de hidrocarburos.
Y, sobre otras áreas frágiles como las zonas de recarga hídrica, de bosques nativos, o zonas agrícolas que deben cuidarse, el Estado de Ecuador sigue expandiendo la minería, esto a pesar de que en varias consultas populares la población ha decidido que no se realicen este tipo de operaciones. Un caso ejemplar es el de la Consulta Popular en Cuenca en el 2021.
En el proyecto de ley se considera a las áreas protegidas, no como un patrimonio natural, sino como un “activo” estratégico. Y las fuentes de financiamiento serían a través de la garantía de seguridad de quienes inviertan en estos activos (que puede ser en actividades mineras, infraestructura turística o de seguridad o servicios ambientales).
Ecuador: proyecto de ley que atenta contra las áreas protegidas
Trece líderes de pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador exigieron ser escuchados en el debate que realiza la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (Parlamento) sobre el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas enviado por el presidente, Daniel Noboa, ya que aseguran que sus derechos se podrían ver afectados si la normativa se aprueba.
En un comunicado difundido por la organización Amazon Frontlines, los líderes y lideresas de varios pueblos y nacionalidades de Ecuador señalaron que el proyecto establece regulaciones y «toma decisiones que involucran territorios ancestrales traslapados por áreas protegidas», por lo que es obligación del Legislativo realizar una consulta previa, libre e informada a pueblos y nacionalidades cuyos derechos pudieran ser afectados, «como indudablemente ocurrirá con esta ley».
Los y las firmantes del documento, entre los que están dirigentes de las nacionalidades Siekopai, Siona, Kichwa, Achuar, entre otras, dejan claro que «tal omisión viola los derechos humanos y colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas«. La carta también fue entregada este lunes a la Comisión legislativa.
«El derecho a la consulta previa libre e informada está amparado en la Constitución de Ecuador y en tratados internacionales, entre ellos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Protocolo de Nagoya, el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal y la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Ecuador», agrega el comunicado.
Los indígenas se movilizan
Además de pedir comparecencia en la Comisión legislativa, los líderes exigen a los asambleístas, especialmente a los del movimiento Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que rechacen este proyecto de ley y «hagan respetar los derechos colectivos y los derechos territoriales vinculados a la seguridad jurídica y al ejercicio de autoridad y la protección de las prácticas ancestrales vinculadas con la identidad cultural».
Y también alertaron a las instituciones de derechos humanos, a nivel nacional e internacional, sobre la «violación sistemática de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades que tienen territorios traslapados por áreas protegidas, y los riesgos de despojo y desplazamiento forzado que existen».
La Comisión de Desarrollo Económico, liderada por el oficialismo, tiene previsto reinstalarse este martes para aprobar el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas calificado como urgente en materia económica, para su paso a un segundo debate en el pleno de la Asamblea. La iniciativa también ha sido criticada por la oposición y otras organizaciones indígenas y ambientalistas al considerar que puede privatizar reservas y desconocer la existencia de pueblos originarios.
La presidenta de la Comisión, la oficialista Valentina Centeno, dijo este lunes durante el debate que la normativa no va a permitir la intervención en zonas de conservación o en zonas intangibles, sino que el plan que tendría el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) es «únicamente en aquellas zonas que ya están destinadas para turismo». Además, advirtió que la ley señala que en el caso de que uno de estos proyectos se encuentren en territorios de pueblos y nacionalidades se procederá a consultarles de acuerdo a lo establecido en la Constitución. EFE / ECOticias.com
