Acuerdo de Escazú
La semana pasada se llevó a cabo en Chile la primera reunión de países del Acuerdo de Escazú, en la que se reforzó la apuesta por la cooperación y por la protección de los defensores ambientales de la región.
El ecologista y profesor universitario Mauricio Álvarez dijo este martes que lo que ocurre con el Acuerdo de Escazú es un ejemplo del «doble discurso» que existe en el país en materia ambiental y confirma una corriente «regresiva» impulsada por sectores políticos y empresariales que, por ejemplo, han intentado reactivar la minería a cielo abierto y la exploración y explotación petrolera.
«Uno puede usar muchos calificativos como vergüenza, doble discurso, luz en la calle y oscuridad en la casa (…) Esto pone en entredicho la imagen que se ha creado, la marca país y la publicidad que se ha generado con poco contenido práctico y real en políticas públicas», expresó Álvarez.
Deuda ambiental de Costa Rica
«En términos legislativos el Acuerdo de Escazú no tiene la mínima posibilidad de aprobarse por los intereses representados en la Asamblea Legislativa», lamentó el ecologista, quien dijo que el sector ambientalista debe reagruparse.
De los 24 países que lo firmaron el Acuerdo de Escazú, solo 12 lo han ratificado, entre ellos Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
Proteger a los ecologistas
Además de proteger a los ecologistas, la alianza busca garantizar la mejor aplicación de políticas ecológicas, garantizar los derechos ambientales y salvaguardar la biodiversidad en tiempos de emergencia climática.
Desinformación en las empresas
En marzo pasado el presidente Carlos Alvarado calificó como una «vergüenza para Costa Rica» que el Congreso no haya ratificado el instrumento, al que considera como «una política fundamental en el marco de la protección y la transparencia».
Uno de los grandes opositores en Costa Rica ha sido el sector empresarial, que ha expresado su rechazo al Acuerdo de Escazú, pues considera que atenta contra la seguridad jurídica de las empresas, la producción y la reactivación de la economía.
Por ejemplo, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) ha señalado que el instrumento permitiría paralizar proyectos de empresas por denuncias ambientales sin comprobar, lo que puede causar daños a la producción de una empresa o proyecto en construcción y afectar la inversión.
Costa Rica es un país reconocido internacionalmente por sus políticas ambientales que le han permitido proteger cerca de la tercera parte de su territorio, donde alberga alrededor del 6 % de la biodiversidad mundial.
