El video difundido en redes sociales, que registra el momento en que los trabajadores son asesinados uno por uno, no dejó dudas sobre la brutalidad del crimen en Pataz. Las víctimas eran obreros contratados por un pequeño operador legal vinculado a la minera Poderosa, que desde hace meses soporta ataques sistemáticos por parte de grupos ilegales interesados en controlar las zonas de extracción.
Desde hace tiempo, Pataz se convirtió en el escenario de una disputa sangrienta entre operadores formales e ilegales del oro. La impunidad con la que se mueven las bandas armadas en la sierra liberteña alimenta una economía clandestina que, según estimaciones privadas, supera los 4 mil millones de dólares al año.
Desde el gobierno peruano no solo prometen seguir haciendo intervenciones en Pataz (de hecho continúa la declaración de estado de alarma en la zona), sino que se construirán varios puestos policiales y han prometido tratar con mano dura a los traficantes ilegales.
Un negocio ilegal pero muy lucrativo
El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, afirmó recientemente que la minería ilegal es un delito «que está generando» un mayor ingreso ilícito en su país «que, incluso, el narcotráfico«. «Solo desde Pataz sale la tercera parte de todo el oro que se produce en Perú», sostuvo Adrianzén durante una rueda de prensa ofrecida tras la sesión semanal del Consejo de Ministros.
El primer ministro se refirió, de esa manera, a la provincia norteña en la que se ha desatado una ola de violencia generada por el crimen organizado vinculado con la minería ilegal, que hace apenas unos días dejó a 13 trabajadores mineros asesinados tras haber sido secuestrados.
Adrianzén dijo que este problema «es algo heredado» a este gobierno que, según añadió, desde junio de 2024 a abril pasado, ha realizado 33 operativos de interdicción contra mineros ilegales en Pataz. «Nuestros operativos continuos muestran que esta tarea ha sido incesante«, aseguró. A su turno, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, dijo que su país afronta «un momento muy difícil» tras el asesinato de los trabajadores mineros y afirmó que «la respuesta del Ejecutivo ha sido inmediata».
Unificando frentes contra la minería ilegal en Pataz
Astudillo confirmó, en ese sentido, que a partir del 9 de mayo se prorrogará por 30 días la declaración del estado de emergencia en Pataz, pero ahora el control del orden interno será asumido por las Fuerzas Armadas, tal como ya anunció el lunes pasado la presidenta Dina Boluarte.
Agregó que se conformará un «comando unificado» bajo el mando de un general del Ejército, y que los militares incrementarán sus tropas en la zona a 500 hombres, mientras que la Policía especializada «va a desplazar a 1.000 hombres».
Señaló que ya se ha construido en un 95 % una base policial que se instalará en la mina de oro Poderosa, que es la empresa formal de su tipo más grande de la zona de Pataz y que también se avanza en la construcción de tres puestos de control en las zonas de acceso de la localidad.
«Las fuerzas del orden solas no vamos a ganar esta batalla, tiene que ser con el concurso de todos, y tiene que ser una respuesta dura, dentro del marco de la ley, pero que sientan esas personas que siembran el terror, que el Estado está a la altura de la respuesta que se requiera», enfatizó. A su turno, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, añadió que el Estado «se ha movilizado con su Ejército para retomar el control de un territorio tomado por la criminalidad«.
«No hay plan B, de ahí la dureza de las medidas, y se está convocando a los mejores cuadros de las Fuerzas Armadas y la Policía para cumplir con rigor, eso es muy importante», enfatizó. Montero informó que también se ha decidido instalar una «mesa de diálogo para el desarrollo sostenible» de Pataz, una provincia de la región de La Libertad, ubicada a unos 890 kilómetros al norte de Lima. EFE / ECOticias.com
