La suspensión de la minería ilegal en Ecuador irrumpe como una respuesta contundente ante la degradación acelerada de ecosistemas estratégicos y la amenaza directa al acceso al agua.
El avance descontrolado de actividades clandestinas ha forzado al Estado a tomar una medida extrema que refleja la gravedad de una crisis ambiental acumulada durante años.
El Gobierno nacional, mediante una resolución del Ministerio de Ambiente y Energía dirigida por Inés Manzano, ordenó el cese inmediato de todas las actividades mineras en la provincia amazónica de Napo —un área especialmente afectada por la actividad aurífera ilícita— y la suspensión de las plantas de beneficio minero en las provincias de El Oro y Loja.
La decisión busca detener la descarga continua de residuos tóxicos en los ríos y avanza hacia la recuperación de los sistemas hídricos degradados.
   |
   |
La suspensión de la minería ilegal en Ecuador ante la contaminación de ríos y ecosistemas
La decisión marca un punto de inflexión en la política ambiental del país y evidencia el choque entre crimen organizado, recursos naturales y la supervivencia de comunidades enteras.
El Gobierno ecuatoriano ha suspendido toda la actividad minera en la provincia amazónica de Napo y también en las plantas de El Oro y Loja, fronterizas con Perú, debido a la contaminación de ecosistemas sensibles y fuentes hídricas, provocada por actividades ilegales, informa este lunes el Ministerio de Ambiente y Energía.
La medida se toma porque se ha constatado la presencia de «metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones que superan los límites máximos permisibles» en los ríos Calera y Amarillo, pertenecientes a la cuenca hidrográfica Puyango-Tumbes, en el sur del país; así como contaminación en la cuenca del río Napo.
Impacto ambiental que motiva la suspensión de la minería ilegal en Ecuador
La ministra Manzano ha remarcado que el objetivo de esta medida no es solo detener las actividades ilegales, sino recuperar los ecosistemas afectados y garantizar el acceso al agua limpia para las comunidades.
«La minería ilegal es una amenaza directa contra nuestros ríos, nuestros bosques y la vida de las comunidades amazónicas. No vamos a permitir que actividades clandestinas sigan destruyendo el patrimonio natural en la Amazonía y el sur del país», ha afirmado la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
En el caso de Napo, la ministra ha indicado que buscan también «establecer un orden en la pequeña minería y sus contratos de operación», por lo que la suspensión estará vigente hasta que «se arreglen los temas mineros documentales» y se realice una reparación y restauración del río Napo. «Con esto quiero decir que van a ser muchos años, indefinidamente», ha añadido.
Mientras que en el caso de las plantas de beneficio, que procesan los minerales provenientes de las minas, Manzano ha señalado que la suspensión se da en algunos casos en forma de prevención y en otros porque han detectado presuntas irregularidades en las descargas.
El ministerio ha dispuesto el inicio inmediato de controles, inspecciones, monitoreos de la calidad de agua y procedimientos administrativos sancionadores en las tres provincias, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero, la Agencia de Regulación y Control del Agua y con el respaldo de las fuerzas de seguridad.
«Acciones que buscan interceptar la minería ilegal, suspender operaciones irregulares, decomisar maquinaria y material mineralizado, y evitar nuevos daños ambientales en las zonas identificadas», añade la cartera de Estado.
Restauración ecológica tras la suspensión de la minería ilegal en Ecuador
La ministra Manzano ha remarcado que el objetivo de esta medida no es solo detener las actividades ilegales, sino recuperar los ecosistemas afectados y garantizar el acceso al agua limpia para las comunidades.
Ecuador ha intensificado los operativos contra la minería ilegal en el último año, especialmente después de que once soldados fueran asesinados el pasado 9 de mayo en una emboscada mientras realizaban un operativo en la Amazonía, un ataque atribuido a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
De acuerdo con las autoridades, grupos como los Comandos de la Frontera se han aliado con organizaciones criminales ecuatorianas como Los Lobos, la más grande y violenta del país andino, para explotar varios enclaves de minería ilegal.
Aunque la medida no tiene un plazo definido para su levantamiento, representa un paso firme para revertir décadas de contaminación fluvial, proteger la Amazonía y asegurar que la minería que se realice en el país cumpla con estándares ambientales y sociales. Seguir leyendo en ECO AMÉRICA.
