Parece que hay luz al final del túnel, y que existe un cierto compromiso de todos los partidos políticos, exceptuando al PP, en derogar el Real Decreto de Autoconsumo.
Como la gran mayoría de profesionales del sector de la energía sabéis, el pasado 24 de febrero, 227 diputados de todas las fuerzas políticas, excepto el PP, reafirmaron su compromiso para derogar el actual decreto de autoconsumo, lo cual representa una gran noticia para nuestro maltratado sector, en particular, y para el conjunto de nuestro país, en general.
Siendo optimista -Por que como decía Churchill, no parece muy útil ser otra cosa – parece que esta vez, tras 4 años de travesía del desierto, durante los cuales los principales países europeos, americanos y asiáticos, han avanzado a pasos agigantados en el desarrollo e implantación del autoconsumo, se pueden dar las circunstancias para que, por fin, España y su nuevo gobierno, apuesten definitivamente por una solución que tantos beneficios nos puede aportar a nivel individual y colectivo.
No obstante, el principal temor, que todos compartimos en estos momentos de incertidumbre política, es que, ante la posibilidad de unas nuevas elecciones, vuelva a ganar el PP, evitando así la tan necesaria transición energética hacia un modelo de generación distribuida basado en las renovables.
El otro miedo recurrente, es que, como todos sabemos, muchos de estos compromisos políticos, presentados en periodos pre-electorales con el fin de ganar votos, podrían quedar en papel mojado transcurrido el periodo electoral, como ha ocurrido en tantas ocasiones con muchos de los programas políticos presentados en campaña.
En cualquier caso, creo firmemente que, en esta ocasión podemos y debemos ser optimistas, ya que la firma del acuerdo no se produjo como parte del programa de un solo partido político, sino que contó con el refrendo de la práctica totalidad de fuerzas políticas, desde el PSOE, hasta Compromís, pasando por Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana o Bildu.
Es momento de CREER. Es el momento por tanto de TRABAJAR UNIDOS; pero sobre
todo, es el momento de PASAR A LA ACCIÓN!
¿Pero cuál es el principal riesgo de este compromiso mayoritario?
Visto lo visto y considerando que, en cerca de 80 días transcurridos desde la celebración de elecciones el pasado 20D, nuestros políticos no han sido capaces de pactar ni tan siquiera las bases para la formación de un gobierno estable, no sería descabellado pensar que, este compromiso requiera muchos meses, incluso años, antes de materializarse, al requerir de múltiples consensos entre fuerzas políticas con intereses particulares bien diferenciados, y sobre todo, por la dificultad de articular esas diferencias a nivel legislativo.
La realidad que nuestros representantes en el parlamento deben comprender, es que no podemos permitirnos otros 4 años de incertidumbre.
Y no es que lo diga yo, es que, en 2020, España tiene objetivos de eficiencia energética y lucha contra el cambio climático, que debe cumplir.
Es que, en 2020, España corre el riesgo de liderar el vergonzoso ranking de países con mayor porcentaje de población en situación de pobreza energética de la UE, en el que actualmente nos encontramos en segundo lugar.
Es que, en 2020, si no comenzamos a crear trabajos de calidad, larga duración y bien remunerados hoy, España continuará como líder de la UE en número de jóvenes en situación de desempleo, así como de trabajadores en situación de pobreza.
Por todo ello, el nuevo gobierno (de coalición forzosa) debe tener un plan de acción claro y rotundo, basado en acciones de rápida implantación, que cuente con un consenso previo.
Debe además, tratar de aprender de aquellos países que encabezan el desarrollo del autoconsumo a nivel mundial en los últimos años, como E.E.U.E., Japón, o Alemania, adoptando las políticas aplicadas en esos lugares y adaptándolas a nuestra legislación lo antes posible.
Porque, de poco sirve un plan de transición energética subscrito por 227 diputados, si la visión de sus señorías acerca de la implantación de ese plan, las acciones a tomar y las prioridades a abordar, no están previamente consensuadas.
Por este motivo, a continuación se detallan 3 medidas que se podrían proponer en el congreso y tratar de aprobar con esa mayoría de diputados, con carácter urgente:
1. Reducción del I.V.A. aplicado al consumo de electricidad.
• Porque la luz es un bien de primera necesidad. Sin electricidad, no hay desarrollo, ni individual, ni colectivo y en los países con menos desarrollo, la brecha social se ensancha y el actual modelo socio-económico acaba colapsándose.
• Porque es aberrante que, el porno pague el 4% de I.V.A., los servicios de hostelería paguen un 10% de I.V.A. y la electricidad para uso doméstico pague el 21%. Creo que sobran las explicaciones en relación a este punto.
Es hora de que tengamos un gobierno que piense en los más necesitados, minimizando la carga tributaria, especialmente sobre aquellos productos o servicios considerados de primera necesidad.
2. Reducción del I.R.P.F para autoconsumidores:
• Con el fin de forzar el registro de las instalaciones de autoconsumo no declaradas (el 99% de las que se realizan diariamente en España) lo que evitaría el desarrollo de economía sumergida y las ventas de estas instalaciones en “B”. Esta reducción iría asociada a la presentación de facturas por el valor de la instalación, y limitado a un importe máximo anual a desgravar, por un periodo máximo de años, con el fin de evitar la especulación.
Esta medida se aplica actualmente, tanto en E.E.U.U. como en los principales países europeos, como Alemania, Reino Unido e Italia.
3. Multas multimillonarias a las empresas que más contaminen:
• Con el fin de dedicar los importes recaudados, a la instalación de paneles y baterías en aquellos hogares que no pueden pagar la factura de la luz. No tiene sentido que la Ley 24/2013 que regula el autoconsumo, contemple multas de entre 30.000.000 y 60.000.000 de euros para infracciones muy graves, como, por ejemplo, no registrar nuestra instalación de autoconsumo, mientras la multa máxima por verter residuos nucleares en la vía pública sea de un máximo de 30.000.000 de euros.
Es hora de que, el nuevo gobierno revierta esta absurda situación, incrementando las multas para las empresas altamente contaminantes y por qué no, comenzando por aquellas empresas que producen, distribuyen y comercializan energías “sucias” e incentivando a aquellos que inviertan en el desarrollo de energías “limpias”.
Con el importe recaudado por multas a empresas altamente contaminantes, se podría subvencionar la instalación de paneles solares y baterías para familias en situación de pobreza energética.
Porque, de poco sirve la representación mediática de un compromiso conjunto, si no contamos con un plan sencillo y ágil, con un mínimo de prioridades acordadas por TODOS y un calendario de plazos que refleje la urgencia de las mismas… y la verdad es que ese plan, aún no lo hemos visto…
Esperemos que el acuerdo por la transición energética, resulte más sencillo que alcanzar un acuerdo de investidura…
Saludos cordiales
Jordi Alemany
Director General | Solar Rocket