La ministra explicó que cuando llegó al Gobierno existían medidas «puntuales» para facilitar el acceso al bono eléctrico, pero subrayó que no existía «un análisis concreto» respecto a la pobreza energética.
El Gobierno aprobará antes de que expire la legislatura la Estrategia de Pobreza Energética y real decreto por el que se regularán las condiciones para el autoconsumo de electricidad, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En los ‘Desayunos Informativos’ de Europa Press, Ribera indicó que estas dos materias deben estar «en el frontispicio de un final raro de legislatura corta y enriquecedora».
La ministra explicó que cuando llegó al Gobierno existían medidas «puntuales» para facilitar el acceso al bono eléctrico, pero subrayó que no existía «un análisis concreto» respecto a la pobreza energética. «Hay un espacio importante en el que hemos trabajado los últimos meses, en el que se pretende hacer un diagnóstico y una propuesta de introducir un enfoque más profesional a medio y largo plazo», dijo. En el caso del autoconsumo, el pasado mes de octubre el Ejecutivo ya aprobó el real-decreto ley que, entre otros aspectos, eliminaba el conocido como ‘impuesto al sol’ del PP para la energía autoconsumida.
En lo que se refiere a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, el Ministerio para la Transición Ecológica abrió un periodo de consulta pública sobre el borrador, que concluye este miércoles. Este documento contempla un diagnóstico de la situación, establece una definición de pobreza energética y de consumidor vulnerable y objetivos de reducción a 2024. Además, el documento realiza un diagnóstico de la situación en España, determina ejes de actuación y fija objetivos de reducción de este problema social que afecta a entre 3,5 y 8 millones de personas en el país.
Asimismo, Teresa Ribera destacó que la transición ecológica es «una oportunidad» para el empleo en el mundo rural a través del impulso a las renovables y al turismo sostenible. De esta manera, afirmó que los convenios de transición justa son proyectos integrados de desarrollo territorial que deben ser «negociados y pactados», incorporando al mayor número de actores y administraciones.
