El Supremo condena al Gobierno a pagar 473.000 euros por denegar un parque eólico en el Monte Cotío

El Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno de Cantabria a abonar un total de 473.182 euros a la empresa Compañía Eléctrica Peña Labra por denegarle, en diciembre de 2003, el permiso para instalar un parque eólico en el Monte Cotío (Celada-Marlantes), lugar en el que se ubicará el prototipo experimental de la multinacional danesa Vestas.

En realidad, la solicitud para el proyecto se hizo ya en marzo del año 2000 e inicialmente fue rechazada por el silencio administrativo del Ejecutivo. La empresa recurrió contra esta decisión, y pidió una certificación de los motivos de la negativa.

   Meses después, en noviembre de 2000, la Consejería de Industria concedió a Compañía Eléctrica Peña Labra la autorización para el proyecto, a la que siguió posteriormente, ya en diciembre de 2003, una anulación, cuando la empresa ya lo había encargado sin que se le quisiera acreditar el pago.

   La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo reprocha al Gobierno su «inactividad» en estos trámites, que tuvo como consecuencia un «desarrollo anormal del procedimiento administrativo», como fue la autorización luego anulada que se ve como «causa determinante» del gasto desembolsado por la empresa.

- Advertisement -

   Según el Supremo, debido a las decisiones y silencios de la Administración, Peña Labra sufrió un «perjuicio patrimonial» que «no tenía ningún deber legal de reclamar».

   El fallo afea al Ejecutivo cántabro que no valorara en el procedimiento la viabilidad del proyecto, por lo que rechaza el recurso del Gobierno contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dictada en 2005.

   En ella, se incidía en la «absoluta inactividad» del Gobierno  por el uso «repetido» de la figura del silencio administrativo, «infringiendo todas las reglas del procedimiento». «Si dicha autorización no se hubiera producido, la empresa no hubiera encargado el proyecto», razona el fallo del TSJC ahora confirmado.

   En consecuencia, se impone al Gobierno de Cantabria la responsabilidad patrimonial y se le condena a abonar 473.182 euros, cifra a la que hay que sumar los intereses desde el año 2003 y otros 3.000 euros por las costas del proceso legal.

   Esta sentencia del Supremo ha sido difundida por el partido La Unión, cuyo presidente, Rafael Sebrango, ha llamado la atención sobre el hecho de que el lugar sobre el que el Gobierno confirmó en 2003 la denegación para instalar un parque eólico es el mismo para el que se permite la ubicación del prototipo de Vestas.

CONTRASTE CON VESTAS

   Sebrango ha contrapuesto que el Ejecutivo «desplegó una formidable actuación» contra el proyecto de Peña Labra con que en el caso de Vestas la multinacional danesa ha contado «con la colaboración activa e interesada del Gobierno de Cantabria».

   La Unión interpreta que «sólo intereses inconfesables, y en ningún caso limpios, bien del Gobierno Regional, bien del PRC y del PSOE de Cantabria, pueden justificar su actuación en todo lo relacionado con la energía eólica».

   Y recuerdan que el proyecto de Vestas ha motivado ya la presentación de una denuncia ante la Fiscalía contra los consejeros de Industria, Juan José Sota; y Cultura, Francisco Javier López Marcano.

   Sebrango ha remarcado que el primer proyecto costó «a todos los cántabros medio millón de euros de dinero público tirado por la ventana» y ha augurado que «el de ahora lleva el mismo camino».

ECOticias.com – ep

ARTÍCULOS RELACIONADOS
- publicidad -

Otras noticias de interés