Empezamos la temporada de tópicos escolares. Aparte de los ordenadores, los barracones y otras noticias habituales de la época, este curso viene con una asignatura que todavía está pendiente en Catalunya, la del modelo energético. La MAT aún se debate socialmente en relación con su posible soterramiento, la biomasa para la generación de energía y el control forestal está empantanada, y hay varias plataformas ciudadanas en pie de guerra contra el desarrollo de campos eólicos en el país.
Las Terres de l’Ebre hace tiempo que se movilizan contra la proliferación de campos eólicos. En el otro extremo de la costa catalana, el verano comenzó con la presentación de recursos por parte de diversas asociaciones cívicas y naturalistas a la instalación de 180MW en el Empordà. Los argumentos en contra son de diferente naturaleza. Por un lado está el factor paisajístico, importante en zonas turísticas. Por otro lado, el factor socioeconómico, que se deriva del primero.
Los aerogeneradores son quijotescos, impresionantes vistos de lejos y aún más cuando estás cerca. Como en todo, hay quien los encuentra bonitos y otros los consideran monstruosos. Un horizonte lleno de molinos blancos con aspas que giran parece salido de una escena medieval con las torres como centinelas de ficción. Pero la cuestión no se limita sólo a los molinos sino a todo lo que conllevan, como el ensanchamiento de carreteras rurales, la apertura de caminos de mucha anchura, zanjas para las líneas de evacuación o la afectación sobre la salud y el bienestar de la población y la fauna, según denuncian las asociaciones ecologistas.
Entre sus ventajas cabe decir que la energía eólica es muy barata, es limpia en cuanto a emisiones y contaminantes y permite producir mucha electricidad en las localizaciones adecuadas. Ahora mismo, entre los países líder en producción de energía eólica está Dinamarca, Alemania, Holanda, España, India, China y Estados Unidos. En algunos de estos países, como Dinamarca, la eólica supera el 10% de la producción energética total. Justamente, su relativa sencillez hace posible la instalación de pequeños parques en cualquier lugar que reúna las condiciones. Y eso se convierte, al mismo tiempo, en uno de sus peligros, es decir, la posibilidad de que las autoridades competentes permitan la construcción ilimitada de parques considerados pequeños (de hasta 5 aerogeneradores) distribuidos por todo el territorio.
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Ahora bien, las reivindicaciones de las plataformas contrarias a la eólica no son «de vicio» como dirían los que tildan de reaccionarios a los ambientalistas y dicen que se oponen a todo y que nos quieren hacer vivir a las cavernas. El hecho es que el descontrol o la planificación desbordada tendría un impacto ambiental que va más allá de los efectos sobre el paisaje o sobre la flora y fauna locales. Están los efectos apuntados más arriba y también problemas de erosión y movimiento de los terrenos o efectos acústicos.
La conclusión obvia es que la eólica no por ser una energía limpia tiene un impacto cero, como tampoco tienen impacto cero las carreteras, ni las infraestructuras de cualquier tipo que se hagan sobre el territorio. Y, por tanto, los vecinos afectados tienen todo el derecho a quejarse o, si se quiere decir de otra manera, todo el derecho a reivindicar que determinadas decisiones públicas no son legítimas.
Y acabamos topando con el eterno dilema de la falta de legitimidad de muchas políticas públicas que, a pesar de ser acertadas probablemente desde un punto de vista técnico, no lo son desde el punto de vista social. Desgraciadamente, en Catalunya tenemos demasiados ejemplos de déficits de legitimación de las decisiones públicas en forma de movilizaciones que se bautizan como «cultura del no» pero que a menudo esconden una falta de participación pública en el proceso de decisiones.
Los expertos hablan de gobernanza para referirse al modelo que reduce los déficits de representatividad, legitimidad y funcionalidad de las políticas públicas. En el caso de la energía, es urgente encontrar un modelo de gobernanza que nos conduzca a una planificación para el desarrollo socioeconómico sin generar sistemáticamente movilizaciones ciudadanas en contra.
