El departamento de Córdoba vive una de sus peores emergencias recientes en el sector energético. Más de 140 000 personas afectadas, municipios casi enteros bajo el agua y miles de familias que han tenido que abandonar sus casas por el desbordamiento del río Sinú. Todo, en un mes que suele ser de transición seca en la región, no de aguaceros interminables.
En medio del drama humano ha estallado otra tormenta, esta vez política. El presidente Gustavo Petro ha señalado a la central hidroeléctrica Urrá como una de las responsables de agravar las inundaciones, al mantener el embalse en niveles muy altos justo antes del episodio de lluvias extremas.
La pregunta que muchos se hacen es sencilla y muy concreta. Cuando el agua entra en casa por tercera vez en una semana, lo que importa es saber si la culpa está en la represa, en el cielo o en una combinación de ambos.
Un febrero “imposible” para el río Sinú
Los registros oficiales hablan de un evento completamente fuera de escala. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, ha descrito la inundación como “mucho más grave de lo previsto incluso en los escenarios más pesimistas”. Según sus datos, en algunos puntos las precipitaciones alcanzaron valores en torno a un mil seiscientos por cien por encima del promedio histórico para estas fechas.
En la práctica esto significa que, en cuencas donde en febrero suelen circular caudales relativamente bajos, en cuestión de horas entró al sistema el equivalente a la lluvia de un mes entero. Expertos en energía y en hidrología hablan de un “choque hidrológico”, una situación en la que ni siquiera infraestructuras grandes como un embalse pueden absorber todo lo que llega.
Para las comunidades que viven a orillas del Sinú, esta estadística se traduce en algo muy tangible. Calles convertidas en canales, cultivos arrasados y noches en colchonetas, en colegios y polideportivos, esperando que el agua baje un poco.
Urrá, entre la defensa técnica y los señalamientos
La central hidroeléctrica Urrá, operada por la empresa Urrá S.A. E.S.P., está en el centro del debate. Su papel oficial es doble, generación de electricidad y regulación del río para reducir el riesgo de crecientes aguas abajo.
Desde el Gobierno se insiste en que la empresa habría mantenido el embalse demasiado cerca de su nivel máximo, lo que habría reducido el “colchón” disponible para amortiguar la avenida de febrero. La ministra de Ambiente ha hablado de una responsabilidad “presunta” al señalar superaciones reiteradas de los volúmenes autorizados.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, ha puesto sobre la mesa datos que han encendido aún más la discusión. En un informe reciente, la entidad documenta que entre 2020 y 2026 el embalse de Urrá superó de forma sostenida la llamada Curva Guía Máxima, el nivel que garantiza un volumen vacío mínimo para responder a crecientes. En 2024, por ejemplo, alrededor de una quinta parte de las mediciones estuvo por encima de ese límite. Con base en esa evidencia, la ANLA abrió un proceso sancionatorio contra la empresa operadora.
La compañía, por su parte, asegura que en los días previos a la emergencia el caudal que entraba al embalse aumentó cerca de un setenta por cien y que las descargas tuvieron que incrementarse para proteger la integridad de la presa, algo que incluye la activación del vertedero. También ha pedido mantener evacuadas las zonas ribereñas mientras continúen las lluvias.
En el fondo, la disputa gira en torno a una cuestión clave. ¿Había suficiente volumen libre en el embalse para un evento que se salió por completo de la estadística o la operación venía tensionando ese margen desde hace años?
Qué dicen los expertos en energía
Voces del sector eléctrico ven el cuadro con otros matices. El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta recuerda que la operación de los embalses se diseña a partir de series largas de datos, no de intuiciones de última hora. Según explica, el embalse de Urrá se encontraba en torno al ochenta por cien porque el sistema venía de meses lluviosos y debía prepararse para una fase de menor pluviosidad, algo habitual en la planificación hídrica de Colombia.
Desde esta óptica, mantener niveles más bajos “por si acaso” en pleno periodo que suele ser seco podría aumentar la vulnerabilidad energética, sin garantizar realmente que no haya inundaciones cuando llega un episodio tan extremo como el de este febrero.
La experta en temas energéticos Sandra Fonseca subraya otra realidad incómoda. En el Caribe colombiano Urrá es la única central con embalse de regulación. Cuando un evento de lluvia multiplica por diez o por quince los aportes medios de la cuenca, el embalse se llena muy rápido y, una vez alcanza su nivel máximo operativo, la capacidad de amortiguar caudales aguas abajo se reduce de forma drástica. En ese punto entra en juego el vertedero, diseñado para evitar daños mayores en la infraestructura, no para borrar el riesgo de inundaciones.
Fonseca recuerda que estaba previsto un segundo proyecto, conocido como Urrá II, que habría dado mayor margen de maniobra frente a crecientes importantes. Ningún embalse elimina por completo el peligro en escenarios extremos, pero más capacidad de regulación ayuda a gestionar caudales más altos y da estabilidad al sistema eléctrico.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Alejandro Castañeda, cuestiona además que la información técnica sobre los presuntos sobrepasos de nivel no se hubiera hecho pública antes. Su mensaje va en una dirección clara. Menos acusaciones cruzadas y más decisiones basadas en datos, reglas claras y monitoreo continuo.
Clima cambiante, embalses del siglo pasado
Más allá de la discusión puntual sobre Urrá, la emergencia de Colombia vuelve a poner sobre la mesa un reto de fondo. El país ha aprobado una Ley de Acción Climática que fija metas de carbono neutralidad y resiliencia frente a eventos extremos, pero buena parte de esas obligaciones aún no se traducen en obras, planes urbanos y protección de ecosistemas en las cuencas más vulnerables.
Las crónicas desde el valle del Sinú recuerdan que muchas de las zonas hoy anegadas ya eran históricamente inundables y que las transformaciones en el paisaje, desde la expansión ganadera hasta los asentamientos informales, han multiplicado el impacto de esta crecida.
En la práctica, esto obliga a mirar las hidroeléctricas con un lente más amplio. Son una pieza central del sistema de energías renovables del país, pero el clima para el que fueron diseñadas ya no es exactamente el mismo. Si las lluvias se vuelven más intensas y más imprevisibles, las reglas de operación, los planes de riesgo y la manera en que se reparten responsabilidades también tendrán que cambiar.
Mientras tanto, para las familias que hoy siguen con el agua a la altura de la cintura, el debate técnico solo tiene sentido si se traduce en algo muy concreto, mejores alertas, infraestructuras adaptadas al nuevo clima y una gestión del agua que piense primero en quien vive río abajo y no solo en los megavatios que salen a la red.
El comunicado oficial con la evidencia técnica sobre el sostenido sobrepaso del embalse de Urrá ha sido publicado en la página de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.





















