La Xunta presenta alegaciones contra un decreto eólico que prima «la ineficiencia»

«Prima la ineficiencia y a las grandes empresas del sector, genera una gran inseguridad jurídica y puede dificultar la inversión y, además, pretende vaciar de competencias a las comunidades autónomas». Así de contundente se muestra el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, al valorar el Real Decreto que el Gobierno del Estado tramita por vía de urgencia en materia de retribución de la energía eléctrica producida con tecnología eólica.

Otro aspecto por el que el Ejecutivo gallego se opone al texto, según ha resaltado Guerra en un desayuno informativo con los medios de comunicación, es su presentación «de forma precipitada» –la consellería lo recibió por email el pasadas jueves 22 de septiembre, cinco minutos antes de las 22.00 horas y a cinco días de poder presentar sus alegaciones–.

   Con todo, la Xunta de Galicia ha remitido a Madrid –en concreto, al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Energía– una batería de respuestas a lo que considera «graves carencias» de forma y fondo. Ahora, el órgano consultivo tiene que emitir un informe y el Real Decreto podrá someterse al dictamen del Consejo de Estado, tras lo que el Consejo de Ministros lo aprobará en diciembre –si da tiempo al Gobierno en funciones–.

   «Por el trámite de urgencia todos los plazos se reducen a la mitad», ha constatado el director xeral de Industria, Enerxía e Minas, Ángel Bernardo Tahoces, por lo que ha concluido que «es posible que dé tiempo».

   El titular de Economía e Industria, Javier Guerra, ha enfatizado su deseo de que el debate no se bipolarice en términos Gobierno-Xunta. Por contra, espera que las alegaciones tengan «éxito» y se incorporen al texto, «por el bien» del desarrollo de las energías renovables. Por los intereses de Galicia pero «también» por los del conjunto del sector eólico, ha dicho.

EN VIGOR A PARTIR DE 2013

   En un extenso encuentro con los periodistas, el responsable autonómico ha desgranado cada uno de los motivos por los que Galicia está «en desacuerdo» con la nueva regulación que el Estado pretende aprobar antes de que finalice el año y que, de salir adelante, entrará en vigor en enero de 2013. La urgencia es, precisamente, la primera de las razones por la que rechaza la normativa. «Esto no es una forma», ha incidido.

   Todavía en cuanto a los «defectos de forma», también se ha referido a la ausencia de una memoria económica en el texto, que tampoco recoge ningún tipo de valoración del impacto que tendrá la medida para las compañías y para la actividad.

CAMBIOS EN EL COBRO DE PRIMAS

   En segundo lugar ha apuntado al «cambio» en el marco de referencia, ya que el Real Decreto equipara a los regímenes ordinario –parques eólicos de más de 50 megawatios– y especial –parques de menos de 50 megawatios– en lo que se refiere a la cobra de primas. «A partir de este momento, una gran empresa eléctrica que quiera desarrollar energía eólica también va a obtener la prima», ha señalado.

   Esto, en la práctica, supone un «vaciado» de las competencias de las comunidades autónomas, ya que sus respectivos gobiernos tienen capacidad de decisión únicamente en el ámbito del régimen especial.

RIESGO DE «COLAPSO»

   La nueva regulación fija la potencia –en megawatios– que se pretende conceder por año y, ya que permite que dentro de este tope entren los parques del régimen ordinario que hayan superado todos los trámites para comenzar a operar, «es posible que no haya megawatios para desarrollar».

   Guerra ha censurado de este modo «que sean los más grandes los que pueden desarrollar el sector eólico», con lo que se echa por tierra el propósito del Gobierno gallego de «democratizar» el mercado. Ha avisado del riesgo, asimismo, de que «se colapse el sistema», dadas las colas de espera con las que cuenta el registro de preasignaciones –que el Gobierno gallego ya recurrió en su momento–.

RENTABILIDAD RELATIVA DE GALICIA

   Una tercera cuestión que disgusta a la Xunta es que las primas se otorguen para las 1.500 primeras horas de viento. Se acaba, con ello, con la «rentabilidad relativa» de la Comunidad gallega y se prima «la ineficacia y la ineficiencia». «Todo lo contrario de lo que debería ser», ha sentenciado el conselleiro.

   Respecto a la «inseguridad jurídica» que se genera –cuarto apartado de las alegaciones–, el titular del departamento ha criticado que el operador –en función de lo que establece el decreto– no sabrá a qué precio le van a pagar la energía hasta que esté «completamente listo».

FIJACIÓN DE LAS PRIMAS

   Y, además, tampoco conocerá la prima más allá de 2013, ya que esta se configura mediante una fórmula en la que interviene, entre otras cosas, el grado de potenciación asignada dentro del propósito fijado por el Gobierno.

   Así, si se queda «por debajo» de los 1.400 megawatios determinados para cada anualidad, la tarifa «sube»; mientras que desciende o queda en nada si el resultado del proceso es otro, ha explicado Ángel Bernardo Tahoces. «No depende de los operadores sino del conjunto del potencial eólico que se desarrolle ese año», ha abundado Guerra.

   El conselleiro ha advertido que entre los objetivos que persigue el Ejecutivo central con esta regulación se encuentran los de «tratar de potenciar los grandes parques y las grandes empresas» y «ralentizar el desarrollo eólico», fines que no comparte. También entiende que busca paliar el déficit tarifario y autorizar la creación de parques eólicos marinos de menos de 50 megawatios.

«PREOCUPACIÓN» ENTRE ADJUDICATARIOS DEL CONCURSO GALLEGO

   Javier Guerra ha llamado la atención sobre la «muchísima preocupación» que existe entre adjudicatarios del concurso eólico gallego, «el único que está funcionando» y que lo está haciendo «a velocidad de crucero, con total normalidad y perfectamente en plazo».

   Ha destacado, a mayores, que la normativa estatal acabará con la vinculación a planes industriales que se requiere en el caso de parques eólicos del régimen especial, lo que permite que las empresas «retornen» parte de los recursos obtenidos en cada territorio.

   De hecho, al primarse tan solo las primeras 1.500 horas de viento, las sociedades ya no tendrán en cuenta tanto «dónde» haya recursos, sino el lugar en el que el establecimiento sea «más barato».

PROGRAMA ELECTORAL DEL PARTIDO POPULAR

   La Xunta espera que sus alegaciones «se tengan en cuenta», aunque Javier Guerra ya ha adelantado que hará «todo lo posible» por que se considere el punto de vista de la consellería «en el programa electoral» del Partido Popular y, «sobre todo, en la acción de Gobierno».

   El director xeral de Industria, Enerxía e Minas ya se ha reunido con su homólogo de Castilla-La Mancha y, según ha desvelado Guerra, los Ejecutivos de comunidades a las que han accedido los populares en los últimos comicios están interesados en conocer cómo actúa Galicia en materia de regulación y desarrollo del sector eólico.

   La consellería, que se reunirá con la Asociación Eólica Galega (EGA) en los próximos días para darle a conocer las alegaciones, ya es consciente de la «preocupación» que existe entre compañías adjudicatarias del concurso. «Para cualquier inversor es un problema muy grave. Nosotros estamos superando todas las dificultades, pero esta es una variable que no podemos controlar», ha remachado Javier Guerra.

   Tan solo Endesa y Estela Eólica presentaron sendos proyectos de régimen ordinario en Galicia, por unos 780 megawatios en total, y ninguno está en funcionamiento. No se acogieron a la posibilidad de renunciar a ellos sin perder la fianza y en estos momentos su estado es «durmiente», en palabras del director xeral.

ECOticias.com – ep

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