En resumen, que por un 3% de los costes totales del sistema a futuro y sin responsabilidad sobre el déficit en el pasado, las centrales termosolares han sufrido una injustificada
Eso es lo que conseguirá el Ministerio de Industria, Energía (y Turismo) con el conjunto de medidas retroactivas aplicadas recientemente al sector termosolar. Un sector cuya contribución al déficit tarifario hasta la fecha es insignificante y que en el futuro representará menos del 15% de las primas al Régimen Especial, las cuales son un 40% de los costes regulados, que, a su vez, representan aproximadamente la mitad del recibo de la luz.
En resumen, que por un 3% de los costes totales del sistema a futuro y sin responsabilidad sobre el déficit en el pasado, las centrales termosolares han sufrido una injustificada y discriminatoria sobreactuación del Gobierno con un recorte de cerca del 37% de los ingresos. Este impacto no estaba estudiado en las memorias económicas de las dos últimas disposiciones legales y las estimaciones de que partían en cuanto a la potencia termosolar instalada en 2013 eran erróneas.
Esto merece una reflexión respecto cómo proceder en el futuro e invita a una reconsideración de las medidas para moderar su impacto.
Las consecuencias para el país son muy negativas: impedimento de la internacionalización de nuestras empresas al eliminar los recursos disponibles con la consiguiente pérdida del liderazgo comercial, frenazo al desarrollo tecnológico, destrucción de empleo en el país, contagio al sector bancario de otra enorme problemática, además de haber dilapidado en el exterior la imagen de España como un destino seguro para las inversiones.
La situación se ha judicializado irreversiblemente. Hace unos días la Junta de Andalucía presentaba su recurso de inconstitucionalidad contra el conjunto de medidas legislativas de los últimos meses y Protermosolar presentaba su recurso contencioso administrativo contra la Orden Ministerial de peajes y tarifas para 2013. Del extranjero ya nos llegan las primeras informaciones de que se han enviado las primeras trigger letters que preceden a la presentación de las demandas contra el Reino de España en las Cortes de Arbitraje Internacional. La Jurisprudencia de estas Cortes es muy clara ante cambios de las condiciones de remuneración que propiciaron las inversiones y que están amparadas por la Carta de la Energía por lo que, muy probablemente, nuestro Gobierno tendrá que hacer frente a grandes indemnizaciones cuando la destrucción de nuestro sector industrial y de la confianza sobre la seguridad en nuestro país estén dañadas irreparablemente.
No puede decirse, por tanto, que las medidas adoptadas hayan sido para favorecer el interés común en contra de intereses particulares, sino, muy al contrario, sus consecuencias son de un gran perjuicio al país, cercenando las oportunidades interiores y exteriores de la industria nacional ante el imparable nuevo modelo energético, para favorecer los intereses particulares y privilegios de quienes vienen disfrutando del enorme negocio eléctrico desde hace muchos años.
