La “guerra” que protagonizan desde hace años las grandes empresas del sector eléctrico y los agentes exclusivamente renovables (que también son sector eléctrico) tiene un vencedor claro: el combustible fósil.
Se puede empezar hablando de Europa y energía pero siempre se acabará discutiendo solo sobre el sector eléctrico en España. Sucedió también, en parte, en la última edición del Foro SKV (1) que reunió a una decena de especialistas (2) para hablar de lo primero y que acabó abordando fundamentalmente lo segundo. Bien es cierto que en esta ocasión la conclusión servía como diagnóstico y receta tanto para los problemas peninsulares como para los continentales. “El sector eléctrico se ha equivocado, y mucho, peleándose internamente por su cuota del pastel energético, un 25% en España y algo más en la media europea, en lugar de ampliar su parte”. Representantes de empresas energéticas, organizaciones sociales y de entidades públicas (2) coincidieron con escasos matices en que el objetivo de todo el sector eléctrico debe ser la electrificación de los usos que hoy se llevan a cabo con la combustión de fósiles, especialmente el transporte.
Todos los participantes señalaron que las cuotas en nuestro mix energético del petróleo, del gas y del carbón (materias primas que casi todos los países de la Unión Europea tienen que importar en gran medida y España más que ninguno) son suficientemente elocuentes a la hora de señalar cuál es el terreno en el que debe plantearse la batalla del sector eléctrico. Eso sí, hubo quien apuntó que “el peligro de pedir una mayor electrificación de nuestros consumos energéticos puede interpretarse como un nuevo privilegio o beneficio para las eléctricas”.
La “guerra” que protagonizan desde hace años las grandes empresas del sector eléctrico y los agentes exclusivamente renovables (que también son sector eléctrico) tiene un vencedor claro: el combustible fósil. El petróleo y el gas mantienen su cuota de tres cuartas partes de la energía final consumida mientras que eléctricas y renovables se culpan mutuamente de todos los males del sector y se disputan ese 25 por ciento que supone la electricidad en nuestra matriz energética. Uno de los expertos presentes en el Foro SKV recordó que cuando se planteó la posibilidad de implantar “la corresponsabilidad” de todo el sector energético para soportar el coste del desarrollo de las renovables, iniciativa bautizada como “céntimo verde” y que beneficiaba al conjunto del sistema eléctrico, apenas hubo respuesta ni de unos ni de otros desde el lado eléctrico pero sí especialmente desde el del petróleo, con una feroz resistencia.
¿Tiene Europa política energética?
Recientemente el Consejo Europeo ha aprobado los objetivos de su política de energía y acción contra el Cambio Climático para 2030 (40% en reducción de emisiones, 27% de renovables y 27% de eficiencia) objetivos que fueron calificados de tímidos o escasos por la mayor parte de los participantes en esta edición del Foro, lamentando especialmente su carácter no vinculante como son los adoptados en su día para 2020. Respecto a estos, los de 2020, se apuntó que si llegan a cumplirse, cosa que algunos pusieron en duda, será fundamentalmente por el efecto que ha tenido la crisis en la reducción de consumos y, en consecuencia, de emisiones y no tanto por la eficacia de las políticas aplicadas por los 27 Estados miembros de la Unión.
Una de las principales causas de esta situación mencionada en el debate hace referencia al fracaso del mercado de emisiones puesto que los bajos precios de estos últimos años (en torno a los 5€ la tonelada de CO2) no suponen ninguna señal incentivadora para que el mercado castigue a las tecnologías contaminantes y que, por tanto, premie a las energías limpias como era el objetivo inicial.
Se cuestionó también el resultado de la política del 20/20/20 aprobada en marzo de 2007. “¿Se puede calificar de exitosa esa política? ¿Se ha mejorado el sistema?” se preguntaba uno de los intervinientes que señalaba que cabría esperar un resultado mayor en el desarrollo de las renovables dada la espectacular reducción de costes de estas tecnologías, su competitividad y su rendimiento, factores que hacen que no se pueda hablar de un “gran esfuerzo económico por parte de los países miembros de la Unión” a la hora de analizar también los objetivos a 2030 con un 30% de renovables. También se considera insuficiente el objetivo de reducción de emisiones en un 40% que no estimula en absoluto a los inversores a apostar por las tecnologías limpias y mucho menos en nuestro país en el que se añade el gravísimo problema que supone la ausencia absoluta de seguridad jurídica.
La importacia del impulso Europeo
Otro de los ponentes sí ponía el énfasis en la importancia del impulso europeo afirmando que si ha habido renovables en España ha sido gracias a los objetivos marcados desde Bruselas y recordaba que “ya hace treinta años se reclamaba una PEC (Política Energética Común) como había una PAC” y que, aunque no se ha hecho realidad esa PEC, “sin esos objetivos aquí no se habría instalado nada de renovables”.
Hubo acuerdo en señalar la dificultad para que la Unión Europea tenga una Política Energética Común claramente definida por los intereses tan distintos como la apuesta por el carbón de Polonia, la importancia de la nuclear en Francia, la hidráulica en los países nórdicos o lo que debería ser la vocación por las tecnologías solares de los países del sur. Esas diferencias se plasman en la incapacidad de la Unión Europea de aprobar regímenes sancionadores que harían efectivos los objetivos vinculantes puesto que requieren una unanimidad que no existe a día de hoy.
Y vuelta a casa para concluir: el principal problema de la energía en nuestro país es que “ningún gobierno se ha atrevido a legislar a largo plazo”, que llevamos muchos años con decenas de leyes, reales decretos, decretos ley y centenares de normas que solo suponen parches, cambiando las reglas según influyan más en ese momento las propuestas europeas, determinados grupos de influencia o las improvisaciones por razones cortoplacistas. Exactamente todo lo contrario de lo que requiere la energía: una estabilidad regulatoria, una visión a largo plazo, en definitiva, una estabilidad política y social para acometer políticas que deben ser de Estado, no de partido, políticas que sí que hubo –según algunos de los ponentes– desde 1980 y hasta 2006, fecha en la que se desencadena la ofensiva regulatoria contra las renovables.
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