La transición energética es el proceso de cambio hacia un modelo basado en energías renovables y bajas en carbono, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles. Su objetivo es lograr un sistema energético más sostenible, eficiente y seguro, impulsado por tecnologías como la energía solar, la eólica y el almacenamiento energético.
Este cambio no solo implica innovación tecnológica, sino también nuevas políticas y estrategias para descarbonizar la economía y garantizar un suministro energético estable. Cada vez más países y empresas están acelerando esta transformación para mitigar el cambio climático y reducir la volatilidad de los mercados energéticos.
Illes Baleares está poniendo en marcha un plan de Descarbonización que desde varias organizaciones ecologistas ha sido cuestionado por no dar soluciones reales, eficaces y aplicables al problema energético de las islas.
Transición energética en Islas Baleares
Los ecologistas que forman la plataforma ‘Renovables sí, pero así no’ han exigido «un giro radical» en el Plan de Transición Energética y Cambio Climático de Baleares (PTECC) del Govern porque carece de medidas concretas y no aborda las causas de la crisis climática y energética en las islas.
Denuncian una «grave desconexión» entre el diagnóstico de la situación y las medidas propuestas para abordarlo y destacan «la falta de concreción y compromisos vinculantes», en un comunicado en el que resumen su rechazo a un plan que «reconoce el problema pero evita tocar los intereses económicos dominantes«.
La plataforma instan al Govern balear a «revisar profundamente» el PTECC, frenar su aprobación con la redacción actual y abrir «un proceso de revisión con garantías ambientales, sociales y de participación ciudadana» que permita «un giro valiente» hacia «una transición energética justa, ecológica y socialmente arraigada a las necesidades reales del territorio».
La entidades han alertado este jueves de que el PTECC elaborado por el Govern Carece de medidas concretas y vinculantes y, aunque admite los riesgos del cambio climático, no define acciones claras ni limitaciones reales a las actividades más impactantes, como el crecimiento turístico, urbanístico o la explotación del suelo rústico.
Los sectores que generan la mayor parte de las emisiones de CO₂ en Baleares (transporte aéreo y marítimo) han quedado fuera del plan, a pesar de consumir grandes cantidades de energía y tener un impacto ambiental directo, advierten. Las entidades ecologistas rechazan además que el plan contempla 1.533 MW fotovoltaicos en suelo rústico, una instalación masiva sin criterios de exclusión ambiental ni jerarquías de ubicación.
Plan de Transición Energética y Cambio Climático
Advierten de que la presión renovable se está convirtiendo en un nuevo vector de especulación y artificialización y exigen «una normativa urbanística clara que prohíba proyectos en suelo rústico de valor agrario o ambiental y la regulación estricta de su emplazamiento y jerarquía de priorización clara, dejando el suelo rústico como última opción y en condiciones de excepcionalidad».
Piden una moratoria a nuevas infraestructuras que impliquen artificialización del territorio: urbanizaciones, líneas eléctricas, parques solares e infraestructuras logísticas que supongan nueva ocupación de suelo virgen. Reclaman que el Plan de Transición Energética y Cambio Climático incorpore un catálogo de espacios agrarios o ecológicos a proteger y mecanismos de desclasificación de suelo urbanizable.
Denuncian la ausencia de medidas de decrecimiento turístico y que no se vinculen las emisiones con la capacidad de carga del territorio; y que el PTECC de la transición carece de evaluación ambiental estratégica, vinculante para todas las acciones derivadas del plan, así como un análisis de los impactos acumulativos y riesgos ambientales.
Los ecologistas alertan además de la dependencia energética externa y de que el plan «confía demasiado en una segunda conexión eléctrica con la península, debilitando la soberanía energética de las islas» y reclaman un modelo descentralizado, con autoconsumo, comunidades energéticas locales y aprovechamiento de espacios ya urbanizados.
Gran parte de la financiación recae en acciones tecnológicas como la movilidad eléctrica o el hidrógeno, mientras que la transición social y ecológica real -como el impulso a la soberanía alimentaria o la rehabilitación energética- queda infrafinanciada. Concretan que sólo un 5,9 % del presupuesto se dedica a la protección del medio natural y un 0,25 % a educación, investigación y participación.
Proponen destinar más del 10 % a resiliencia ecológica, y aumentar hasta el 5 % el presupuesto destinado a educación ambiental e innovación. Reivindican además la creación de un órgano formal de seguimiento ambiental y participación ciudadana, con voz vinculante y auditorías independientes, un observatorio ciudadano del PTECC y la publicación periódica de informes de evaluación. EFE / ECOticias.com
