Las medias tintas del Real Decreto sobre comunidades energéticas. El proyecto de RD no garantiza la participación real y efectiva de la ciudadanía, como sería de esperar el elemento central de una regulación para este tipo de figura. El momento en el que nos encontramos, con la crisis climática y energética, es crítico, y la apuesta por la energía comunitaria y las comunidades energéticas es más urgente que nunca.
Además, el presupuesto asignado hasta ahora, de unos 100 millones, para la puesta en marcha del programa CE-Implementa por parte del IDAE, es totalmente insuficiente para avanzar en una transición energética, ecológica y justa. Es evidente que la ambición de este documento en todos los sentidos debería ser mayor.
Sí que vemos un pequeño avance en la definición de las comunidades energéticas en cuanto al fin de las mismas: deben tener como propósito principal «brindar beneficios ambientales, económicos o sociales a las personas miembro o comunidades locales, en lugar de ganancias financieras».
Sin embargo, al hablar de su objetivo «producir, consumir, almacenar, compartir y vender energías renovables, en particular, mediante contratos de compra de electricidad renovable», deja fuera la distribución y la gestión de la energía. Cuando estas actividades son indispensables para alcanzar la soberanía energética ciudadana y para acabar con la mala praxis del oligopolio, tal y como estamos viendo con los obstáculos en la conexión a la red de los proyectos de energía comunitaria impulsados por la ciudadanía.
Crisis climática y energética
Uno de los síntomas de la crisis climática y energética para la organización es el aumento de la precariedad energética, que se ha agravado en los últimos años con la pandemia por el covid-19 y el incremento de las facturas de los suministros energéticos.
En el borrador solo se menciona de forma superficial a las personas que se encuentra en situación de precariedad, aludiendo a «La participación en las comunidades de energías renovables será accesible a todos los consumidores, incluidos los de hogares con ingresos bajos o vulnerables».
Y «combatir la pobreza energética a través de la reducción del consumo y de tarifas de suministro más bajas» sin que se especifiquen las medidas oportunas que aseguren una transición energética justa ni cómo, desde las administraciones públicas, se asegurará, motivará y posibilitará dicha participación.
Hacer frente a la precariedad energética de cada vez más personas y hogares debe ser una prioridad del Gobierno que no puede recaer en las comunidades energéticas, más aún, cuando no hay partidas presupuestarias ni mecanismos o herramientas específicas para abordar dicha problemática.
Coalición por la Energía Comunitaria
Amigos de la Tierra junto a la Coalición por la Energía Comunitaria, que reúne a decenas de comunidades energéticas, organizaciones de la sociedad civil, personal docente e investigador y otros actores, solicitamos al Gobierno una transposición ambiciosa de la directiva el pasado mes de junio, sin embargo, siguen sin darse pasos en esta dirección.
En los próximos días, presentaremos alegaciones al proyecto de Real Decreto, junto a la Coalición por la Energía Comunitaria, e insta al Gobierno a tenerlas en cuenta si de verdad quiere impulsar una transición energética justa a la altura de los retos sociales y ambientales que afrontamos en la actualidad y sin dejar a nadie atrás. Las medias tintas del Real Decreto sobre comunidades energéticas.
