Se pretende imponer una visión urbana de la gestión de los espacios forestales y agrarios, un posicionamiento contrario al objetivo prioritario de conservación y mejora de estos espacios.
El Consorcio Forestal de Catalunya (CFC) ha hecho llegar a todos los grupos con representación en el Parlamento de Catalunya su oposición a la proposición de Ley de creación de la Agencia de Patrimonio Natural y la Biodiversidad (APNB), al considerar que a pesar de las peticiones y propuestas que se han hecho hasta ahora, la Ley está a punto de ser aprobada sin un consenso entre la administración y los propietarios y asociaciones forestales del territorio.
El CFC considera necesaria la figura de una Agencia que facilite el desarrollo de las políticas de conservación y mejora del medio natural, pero lamenta que esta propuesta presentada en la última legislatura se ha hecho de forma precipitada y por eso ha topado con la oposición frontal del sector forestal y agrario.
La entidad lamenta que la actual proposición de ley surge sin un debate previo con las organizaciones agrarias, y desprecia las propuestas de un sector que es responsable de la gestión del 60% del territorio catalán y del 52% del espacio protegido por el programa Natura 2000.
En este sentido, y para dotar a la Ley de una visión realista, la entidad apoya plenamente la propuesta de la Consellera Teresa Jordà, quien manifestó la necesidad de unificar las competencias en gestión del medio natural.
Actualmente los temas de conservación y gestión sostenible están repartidas entre el departamento de Agricultura, Ganadería, Alimentación y Pesca y el de Territorio y Sostenibilidad, lo que está suponiendo un incremento de los conflictos a nivel de gestión.
Una mirada sesgada de la realidad de los espacios forestales
La propuesta de Ley fue presentada en 2017 por primera vez, habiendo obviado los mecanismos de debate previo y participación que son indispensables. Entonces el Consorcio Forestal, junto a las principales organizaciones forestales y agrarias ya pidió al conjunto de partidos políticos que promueven la iniciativa, así como a los Departamentos de Territorio y Sostenibilidad y Agricultura, tener tiempo y un espacio común para debatir la propuesta.
En diciembre de 2017 se enviaron una serie de propuestas que no han tenido ningún tipo de respuesta.
La actual propuesta de Agencia da una imagen negativa y sesgada de las políticas de gestión y mejora de los espacios forestales y puede provocar el efecto contrario a los objetivos que se persiguen.
El texto obvia que la mayor parte de los espacios protegidos son espacios forestales y que los indicadores de biodiversidad de referencia como son los inventarios forestales nacionales o el programa de seguimiento de aves del Instituto Catalán de Ornitología (SOCC), muestran que estos espacios gozan en general de un buen estado de conservación.
Se obvia el hecho de que el abandono de las actividades forestales y agrarias – junto con la intensificación de la agricultura – son los responsables de la pérdida de hábitats y por extensión, de la pérdida de biodiversidad y calidad de los espacios.
Se esconde también la importancia estratégica que tiene la gestión forestal sostenible para la mejora y para la conservación de los espacios forestales. Algo que sí contempla la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 que prevé la necesidad de integrar las medidas de protección de la biodiversidad en los planes de gestión forestal.
Finalmente, se desprecia el papel clave de la propiedad forestal privada en la conservación y mejora tanto del bosque, como de su biodiversidad. En nuestro país, el 80% de los espacios forestales son de propiedad privada y en los que, tal y como establece de forma clara la legislación básica de bosques, el propietario es el responsable de su gestión.
Algo que es especialmente grave cuando se constata la escasa representación de los titulares de los terrenos en los órganos de gobierno de la Agencia.
En este sentido el Consorcio Forestal de Catalunya lamenta que la estructura de los órganos de gobierno del nuevo organismo deja a los representantes del sector forestal y agrario como simples espectadores, ya que la Proposición de Ley prevé un consejo de dirección donde el sector forestal y agrario están claramente infrarrepresentados.
Las organizaciones representativas de los propietarios de los terrenos (organizaciones agrarias, CPF y ELFOCAT) suponen sólo el 17% de los miembros.
Y es que en un ámbito tan complejo como el de la conservación y mejora del medio natural, la asociación de propietarios forestales considera que el objetivo lógico y coherente sería la creación de una estructura que aglutinara todas las competencias forestales y de conservación del medio natural.
De no ser así, para evitar la confusión y solapamiento que genera el texto de la proposición, piden delimitar el ámbito geográfico y funcional del APNB los espacios naturales protegidos, diferenciando también el concepto de conservación del de uso y aprovechamiento sostenible.
Esta diferencia queda claramente establecida en el Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica (CDB) que establece tres objetivos básicos: la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos.