El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha conocido un informe de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible sobre la situación actual del Pacto Andaluz por el Agua.
Entre ellos se encuentran administraciones públicas, usuarios del agua, asociaciones ecologistas, colegios profesionales, expertos, universidades, organizaciones agrarias, sindicales, empresariales y de consumidores, según se ha precisado en el Consejo de Gobierno celebrado este jueves.
Durante enero y febrero de 2020, tendrán lugar varias reuniones encaminadas, en un primer momento, a dar a conocer la metodología establecida y recabar las propuestas de los representantes de la sociedad andaluza.
Posteriormente, se pondrán en común estas iniciativas para detectar cuáles cuentan con mayor consenso entre los agentes implicados en el proceso.
De esta forma, se confeccionará el ‘Documento de trabajo del Pacto Andaluz por el Agua’ que, si se cumplen las previsiones, se someterá durante los próximos meses de marzo y abril a participación pública a través de los Órganos Colegiados de Participación del Agua en Andalucía.
Además, en el marco de esta tercera fase centrada en buscar las aportaciones de la sociedad, se organizarán también jornadas de trabajo en las provincias cuyo territorio pertenece fundamentalmente a cuencas intracomunitarias.
El resultado será la selección de los diez puntos que cuenten con mayor consenso para convertirse en cada una de las líneas estratégicas del pacto y con ellos como punto de partida se crearán cien apartados que pasarán a convertirse en la ‘Propuesta de Pacto Andaluz por el Agua’.
Este texto será el que los grupos políticos y agentes sociales tendrán que debatir, previsiblemente durante mayo y junio de este año, para alcanzar un acuerdo total o parcial del documento.
El trabajo que se está llevando a cabo desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible persigue dar cumplimiento a la Proposición No de Ley (PNL) aprobada por unanimidad por el Parlamento de Andalucía, por la que se insta al Consejo de Gobierno a impulsar el Pacto Andaluz por el Agua.
El Gobierno andaluz ha apostado por la «máxima interlocución» con los diferentes agentes políticos y sociales, ya que el texto de la PNL subraya explícitamente la importancia de poner en marcha un acuerdo que cuente «con el máximo consenso de las fuerzas políticas con representación en la Cámara andaluza, los agentes económicos y sociales, las organizaciones ecologistas, las plataformas ciudadanas en defensa de la gestión pública del agua y del conjunto de la sociedad andaluza».
Ejes principales
La primera etapa de redacción de este pacto ha consistido en la búsqueda del acuerdo de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en Andalucía sobre la metodología que vertebrará el documento.
Se han consensuado también los diez ‘Ejes principales del Pacto’.
En concreto, se trata de establecer objetivos medioambientales prioritarios, actualizar la gobernanza en materia de aguas, avanzar en participación y transparencia, garantizar el mínimo vital y los servicios urbanos, revertir déficits estructurales y poner en valor la importancia de que la demanda sea sostenible, buscar la resiliencia frente a sequías, mitigar y adaptarse al cambio climático, minimizar riesgos de avenidas e inundaciones, recuperar los costes y la financiación de los servicios, y seleccionar las actuaciones prioritarias a llevar a cabo.
La apuesta de la Junta a favor de un pacto que represente a todos los andaluces queda patente en la incorporación al documento final de todas las aportaciones que han trasladado los diferentes grupos políticos tras analizar el borrador inicial del Gobierno autonómico.
Con la aprobación del Pacto Andaluz por el Agua, el Ejecutivo regional persigue la definición de las líneas que marcarán el presente y el futuro de la política de aguas en la comunidad, un territorio donde este recurso natural es especialmente importante dada su escasez en determinados puntos.
