En noviembre de 2019, el Parlamento declaró una emergencia climática y medioambiental en Europa y en todo el mundo. Posteriormente se adoptó la Legislación Europea sobre el Clima, en 2021. Obliga a la Unión a lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 y establece el objetivo de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990. Además, en abril de 2023, el Parlamento aprobó legislación en el marco del paquete de medidas «Objetivo 55», destinada a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales.
Existe un compromiso para avanzar en el Pacto Verde y, para ello se debe actualizar el Reglamento REACH, abordar las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) y elaborar una nueva estrategia de economía circular y resiliencia hídrica.
El 8 de abril de 2025, la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento expresó su posición en un informe de propia iniciativa en el que pedía una estrategia europea de resiliencia hídrica ambiciosa y exhaustiva, haciendo hincapié en los objetivos de eficiencia hídrica, la eliminación progresiva de las PFAS en los productos de consumo y la financiación específica de la Unión.
Ahora mismo desde la Comisión Europea le recuerdan a España, que, como país miembro debe cumplir con sus objetivos medioambientales y que para ello hace falta una inversión que debería rondar el 0.81% del PIB nacional.
Compromisos medioambientales no cumplidos
España tiene un déficit de inversión para cumplir los objetivos medioambientales de la Unión Europea de 10.800 millones de euros al año, alrededor del 0,81 % del PIB nacional, superior a la media de la UE de 0,77 %, según la estimaciones de un informe publicado este lunes por la Comisión Europea.
Se trata del cuarto informe de revisión de la aplicación de la normativa medioambiental (EIR por sus siglas en inglés), una herramienta de información en colaboración con los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para mejorar la aplicación de políticas medioambientales comunitarias.
Este informe muestra la «urgente necesidad» de mejorar la aplicación de la legislación medioambiental, destacó la Comisión Europea en un comunicado, que estima el coste de no hacerlo en 180.000 millones de euros anuales para la UE, lo que representa aproximadamente el 1 % de su Producto Interior Bruto (PIB).
El informe señala que España ha llevado a cabo avances en legislación medioambiental pero sigue enfrentándose a grandes retos para alcanzar los objetivos de gestión de residuos establecidos en la normativa europea y española. Dicho informe señala que España “corre un alto riesgo” de no alcanzar los nuevos objetivos de la UE para 2025 de reciclar un 50% de residuos municipales, así como los objetivos de 2035 depositar un máximo del 10 % de residuos municipales en vertederos.
La gestión de residuos es deficiente
Además, los investigadores recuerdan que en España siguen existiendo casos de vertederos ilegales o que no cumplen la normativa y que el Ejecutivo europeo ya ha iniciado varios procedimientos de infracción, incluidas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que han condenado a España.
Por otro lado, el informe muestra que el uso circular de materiales en España sigue más de tres puntos porcentuales por debajo de la media europea -8,5% frente al 11,8% según datos de 2023-. Sin embargo, el Ejecutivo europeo hace énfasis en “algunos avances” como la Estrategia de Economía Circular aprobada en 2020 y las demás estrategias también adoptadas por varias comunidades autónomas de protección medioambiental.
“Los esfuerzos de España por la transición a una economía circular son considerables, pero es necesaria una aplicación rápida y coherente”, añade el informe. Para ello, recomienda como acciones prioritarias en 2025 adoptar medidas para aumentar la tasa de uso circular de materiales, el cierre completo de vertederos no conformes, y mejorar la recogida y preparación de residuos urbanos para su reutilización y reciclado.
La importancia del manejo del agua
Otro de los principales retos para el futuro de España es cómo gestionar recursos hídricos cada vez más menguantes. España ha adoptado planes hidrológicos y planes de reutilización y ahorro de agua en los últimos años, así como planes de gestión de los riesgos de inundación.
Bruselas señala que todavía hay “muchas aglomeraciones urbanas que aún no cumplen la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y España sigue pagando multas a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2018”.
España también tiene el quinto mayor nivel de contaminación del agua por metales pesados. Las principales industrias responsables de este tipo de emisiones en España son el sector energético, químico, metalúrgico y la ganadería, apunta el informe. “Es necesaria una mayor inversión en infraestructuras en muchos ámbitos», concluye el informe, que también recomienda mejorar la continuidad fluvial y los caudales ecológicos, garantizar revisiones periódicas de los permisos para vertidos, captaciones y otros usos del agua, entre otras acciones.
La Red Natura 2000 y su relevancia
España cuenta con la mayor superficie terrestre protegida por la Red Natura 2000, cubriendo el 27,3 % del territorio nacional, además del 16,8 % de la superficie marina. Este capital natural ofrece oportunidades, “pero también implica una responsabilidad particular”, señalan los expertos, añadiendo que “España podría capitalizar aún más su valiosísimo capital natural para promover el crecimiento verde y la creación de empleo”.
La red Natura 2000 es la piedra angular de los compromisos internacionales de la UE en materia de biodiversidad, hábitats y protección ambiental, que pretende proteger legalmente un mínimo del 30 % de su superficie terrestre y el 30 % de su superficie marina. España se encuentra en las tres regiones identificadas como puntos críticos de riesgos climáticos medioambientales frente al cambio climático.
Respecto a las cinco acciones prioritarias de acción por el clima que España recibió en 2022, el nuevo informe hace hincapié en que “sigue habiendo pocos avances en la descarbonización del sector del transporte y en la renovación del parque inmobiliario”. Aplaude el progreso en energías renovables y señala que “es probable que España alcance su ambicioso objetivo del 81 % de cuota de energías renovables en la producción de electricidad”. EFE / ECOticias.com
