La Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) constituye la primera fase del ciclo de los trabajos establecidos por la Directiva 2007/60/CE de Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación y el RD 903/2010 que la traspone a la legislación española. El objetivo de esta fase es identificar las zonas con mayor riesgo de inundación, o Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI).
Para ello, el organismo de cuenca de cada demarcación hidrográfica, en colaboración con las autoridades de protección civil y otros órganos competentes, analiza en la EPRI las inundaciones históricas y potenciales y su posible impacto para elaborar, a partir de esta información, una propuesta de ARPSI. que se somete a consulta pública durante un periodo de 3 meses.
Tras el análisis de las alegaciones recibidas durante este periodo, se elabora la propuesta definitiva de las EPRI y sus correspondientes ARPSI. En el caso de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias la aprobación de la EPRI corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil. En el caso de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias, al organismo que la comunidad autónoma designe.
Prevenir antes que lamentar
Las ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para la adaptación del riesgo de inundación en cinco municipios de la cuenca vertiente del Mar Menor, dotadas con un montante global de 3 millones de euros, han mejorado la respuesta ante estos episodios en 15 edificios públicos y 143 inmuebles privados, ya sean viviendas unifamiliares o edificios.
Así consta en los datos suministrados por los ayuntamientos de Los Alcázares, San Javier, Torre-Pacheco, Cartagena y San Pedro del Pinatar durante la reunión de seguimiento mantenida este martes en la Oficina Técnica del Mar Menor sobre esta línea, incluida en el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM).
El objetivo de estas subvenciones, reguladas en el Real Decreto 1158/2020, es desarrollar planes piloto de fomento de la adaptación del riesgo de inundación de las edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes en estos municipios del Campo de Cartagena, donde residen más de 90.000 personas en zona inundable, según los mapas de peligrosidad y riesgo elaborados.
Indemnizaciones por inundación en el Mar Menor
El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha indemnizado con más de 180 millones de euros a los propietarios de bienes afectados por estos episodios de emergencia en estos cinco municipios entre 2005 y 2019.
El 45% de estas indemnizaciones fueron pagadas en Los Alcázares, mientras que el resto se reparten entre San Javier (22%), Torre-Pacheco (16%), Cartagena (13%) y San Pedro del Pinatar (4%).
Estos datos muestran la necesidad de incrementar la resiliencia del sistema y disminuir la vulnerabilidad de las edificaciones existentes, tanto públicas como privadas, por lo que el Gobierno de España aprobó esta línea de subvenciones, cuyo plazo de ejecución, tras autorizar varias prórrogas, concluye el próximo mes de junio.
Entre las mejoras realizadas por los consistorios y los propietarios de inmuebles privados se encuentran la colocación de bombas de achique, motobombas y válvulas anti-retorno; la compra e instalación de barreras temporales y/o permanentes; revestimientos impermeables de puertas y recrecimiento de bordillos y muros para evitar la entrada de agua.
