Organizaciones ecologistas denuncian la influencia de la industria química en una reforma que amenaza con rebajar la protección sanitaria y ambiental.
La ciudadanía está cansada de reclamar menos pesticidas, más controles y alimentos que no tengan nada de estas sustancias peligrosas, pero la Comisión Europea parece caminar en dirección contraria y no hace caso a estas reclamaciones de la población.
Mientras el 68% de los españoles defiende eliminar completamente el uso de plaguicidas en la agricultura y el 94% rechaza que puedan autorizarse por tiempo ilimitado, Bruselas negocia una reforma que podría conceder permisos indefinidos a cerca de 200 sustancias químicas. Una decisión que se traduce en que la protección de la salud y del medio ambiente es un problema secundario si lo comparamos con los intereses de la industria agroquímica.
Los datos proceden de una encuesta encargada por PAN Europe y realizada por YouGov en siete países europeos. En España, únicamente un 3% de los participantes considera que incluso serían necesarios más pesticidas.
Además, la oposición a las autorizaciones ilimitadas atraviesa todo el espectro político y no hay grupo que muestre una decisión contraria: el rechazo alcanza el 94% entre los votantes del PP, el 95% entre los del PSOE, el 93% entre los de Vox y el 95% entre los de Sumar. Difícil encontrar un consenso ciudadano más contundente. Sin embargo, las instituciones europeas parecen dispuestas a ignorarlo y así lo han remarcado.
Pesticidas sin fecha de caducidad: el favor a la industria química
El centro de la polémica es el paquete legislativo Ómnibus de Seguridad Alimentaria y de Piensos, al que se conoce como ómnibus de pesticidas. La propuesta contempla eliminar las revisiones periódicas de determinadas autorizaciones y si explicamos esto de manera sencilla es que cerca de 200 pesticidas, prácticamente la mitad de los utilizados en la UE, seguirán campando a sus anchas para ser usados sin fecha límite establecida.
La consecuencia es preocupante: aunque con el paso del tiempo aparezcan nuevas investigaciones que demuestren efectos perjudiciales sobre la salud o los ecosistemas, desaparecería la obligación de revisar periódicamente sus autorizaciones. La ciencia podría avanzar y aportar nuevas pruebas, pero las sustancias seguirían utilizándose bajo un sistema mucho menos exigente y más peligrosos para las personas que consumen esos alimentos.
Y hay más. El texto también contempla que un pesticida prohibido por su peligrosidad pueda continuar utilizándose durante tres años adicionales. Es decir, incluso cuando las autoridades decidan retirarlo, la exposición de la población y del medio ambiente podría prolongarse durante otros 36 meses. Increíble, pero cierto.
Otra de las medidas cuestionadas permitiría autorizar sustancias que no cumplan los criterios oficiales de seguridad alegando razones socioeconómicas, incluso frente a normativa científica desfavorable de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
La ciencia recuerda pero el lobby es el que manda
El rechazo alcanza el 94% entre los votantes del PP, el 95% entre los del PSOE, el 93% entre los de Vox y el 95% entre los de Sumar.
La oposición no procede únicamente de organizaciones ecologistas. Más de 500 científicos e investigadores europeos han pedido paralizar la tramitación de la reforma y reclamar una evaluación independiente de sus consecuencias. También han mostrado su rechazo organizaciones científicas como la Endocrine Society, la Sociedad Europea de Endocrinología y la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica.
La Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental ha recordado en varias ocasiones acerca de las evidencias sobre posibles efectos adversos de los pesticidas en los sistemas nervioso, reproductor y cardiovascular. También expertos de Naciones Unidas han trasladado su preocupación por las consecuencias de este tipo de medida anunciada desde Bruselas.
Pero uno de los aspectos más graves afecta a quién está influyendo en las decisiones. Un informe de Corporate Europe Observatory denuncia que el lobby de los fabricantes de pesticidas habría intervenido hasta el punto de redactar partes de la propuesta legislativa. Una acusación que exige explicaciones y transparencia: ¿están escribiendo las normas quienes deberían estar sometidos a ellas?
La votación prevista para diciembre en el Parlamento Europeo será decisiva en este sentido para ver si cambian o no las cosas. Mientras tanto, el 75% de los españoles considera que la protección de la salud debe ser el principal criterio para autorizar un pesticida. Consideran que no se deben tomar como válidos solo criterios económicos o empresariales.
La pregunta final es sencilla: ¿quién debe pagar las consecuencias de utilizar sustancias potencialmente peligrosas? PAN Europe y Ecologistas en Acción reclaman que lo hagan quienes las fabrican y comercializan, no las familias que las consumen ni los contribuyentes que terminan asumiendo los costes sanitarios y ambientales.
Europa tiene una oportunidad para demostrar que la seguridad alimentaria no se negocia con los fabricantes de productos químicos. Si aprueba autorizaciones prácticamente eternas mientras la ciudadanía y la comunidad científica reclaman más controles, no será una simplificación administrativa: será un retroceso en la protección de la salud pública.
