La condena de 345 millones a Greenpeace por su supuesta implicación en las protestas contra el oleoducto Dakota Access abre una nueva fase judicial que puede marcar un antes y un después en el activismo climático internacional.
La organización ha anunciado que solicitará un nuevo juicio y, si es necesario, acudirá al Tribunal Supremo de Dakota del Norte para revertir una sentencia que considera un intento de silenciar la protesta ambiental.
La condena de 345 millones a Greenpeace entra en fase de apelación
La ONG apelará ante el Supremo de Dakota del Norte tras la sentencia vinculada a las protestas contra el oleoducto Dakota Access.
Greenpeace apelará ante la Corte Suprema de Dakota del Norte tras un fallo de 345 millones de dólares vinculado a las protestas contra el oleoducto Dakota Access. La decisión intensifica el debate sobre el activismo, la responsabilidad civil y la protección de la libertad de expresión en Estados Unidos.
El veredicto confirma la decisión que había tomado el jurado en marzo de 2025 que vinculaba a las entidades de Greenpeace con las manifestaciones de 2016 lideradas por la tribu sioux de Standing Rock. La promotora del proyecto, Energy Transfer, alega incitación, una afirmación que la ONG rechaza.
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La condena de 345 millones a Greenpeace dictada por el Tribunal de Distrito de Dakota del Norte no solo impacta en las cuentas de la organización ambiental. Sacude el debate sobre los límites entre activismo, responsabilidad civil y libertad de expresión en uno de los países donde la protesta está constitucionalmente protegida.
El fallo confirma en lo esencial el veredicto de un jurado emitido en marzo de 2025, que consideró responsables a varias entidades vinculadas a Greenpeace por su supuesta implicación en las protestas de 2016 contra el oleoducto Dakota Access.
Energy Transfer, promotora del proyecto, sostiene que la ONG “incitó” las movilizaciones lideradas por la tribu sioux de Standing Rock. Greenpeace lo niega. Y eleva el tono. Porque la cifra es contundente. 345 millones de dólares. Y detrás, casi una década de conflicto.
El conflicto por el oleoducto Dakota Access sigue vivo
La organización ya ha anunciado que solicitará un nuevo juicio. Y, si es necesario, apelará ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte. Su argumento central: la demanda constituye una SLAPP. Es decir, una acción estratégica para intimidar y desgastar económicamente a quienes critican a grandes corporaciones.
Según Greenpeace, durante el juicio se admitieron pruebas “provocadoras e irrelevantes”. Y se excluyeron elementos favorables a la defensa. También cuestionan la imparcialidad del jurado y la proporcionalidad de la indemnización. La batalla, por tanto, está lejos de cerrarse.
La ofensiva judicial también se traslada a Europa
Las protestas de Standing Rock se convirtieron en símbolo global de resistencia indígena y ambiental frente a infraestructuras de los combustibles fósiles. Miles de personas denunciaron riesgos para el agua potable y vulneraciones de derechos tribales.
Casi diez años después, el conflicto se libra en los tribunales. Y no solo en Estados Unidos.
Greenpeace Internacional ha iniciado en los Países Bajos una acción judicial contra Energy Transfer al amparo de la nueva directiva europea anti-SLAPP. Este procedimiento podría convertirse en uno de los primeros grandes casos bajo la normativa diseñada para frenar demandas intimidatorias contra la participación pública.
Un precedente que puede redefinir el activismo climático
El caso se enmarca en una tendencia creciente de litigios impulsados por grandes compañías energéticas contra organizaciones ambientales. Shell y TotalEnergies retiraron o perdieron procedimientos similares en Europa en los últimos años.
Lo que está en juego ahora tras la condena de 345 millones a Greenpeace no es solo una indemnización millonaria. Es la definición del espacio que queda para la protesta climática en las democracias occidentales.
La apelación abre un nuevo capítulo. Y el resultado puede redefinir el equilibrio entre poder corporativo, activismo ambiental y libertad de expresión en ambos lados del Atlántico.
Greenpeace argumenta que la demanda constituye una acción estratégica destinada a silenciar a los críticos. Planea solicitar un nuevo juicio e impugnar las resoluciones probatorias, la imparcialidad del jurado y la proporcionalidad de los daños.
La disputa también se ha trasladado a Europa, donde Greenpeace Internacional ha iniciado un proceso en los Países Bajos bajo las nuevas normas anti-SLAPP. El resultado podría redefinir los límites de la protesta climática en las democracias. Seguir leyendo en ECO AMERICA
