Ecologistas de Greenpeace Internacional han comenzado de manera pionera un caso legal pionero que pone a prueba la nueva legislación de la Unión Europea para proteger la libertad de expresión y detener las demandas abusivas.
En este sentido, la organización ha interpuesto una demanda contra la empresa estadounidense de oleoductos, Energy Transfer, ante los tribunales de los Países Bajos; al mismo tiempo que otras entidades ecologistas de una quincena de países europeos instan a sus respectivos gobiernos a transponer la directiva europea «anti-SLAPP» al derecho nacional.
Conviene recordar que esta compañía de EEUU interpuso dos demandas SLAPP consecutivas contra Greenpeace Internacional y Greenpeace en Estados Unidos, tras mostrar su solidaridad con las protestas pacíficas lideradas por indígenas en 2016 contra el oleoducto Dakota Access.
La nueva política europea anti SLAPP a examen
En el primer caso que pone a prueba la nueva legislación de la Unión Europea para proteger la libertad de expresión y detener las demandas abusivas, Greenpeace Internacional ha demandado hoy a la empresa estadounidense de oleoductos, Energy Transfer, ante los tribunales de los Países Bajos. Al mismo tiempo, 40 organizaciones de quince países europeos instan a sus respectivos gobiernos a transponer la directiva europea «anti-SLAPP» al derecho nacional.
Esta empresa multimillonaria interpuso dos demandas SLAPP consecutivas contra Greenpeace Internacional y Greenpeace en Estados Unidos, tras mostrar su solidaridad con las protestas pacíficas lideradas por indígenas en 2016 contra el oleoducto Dakota Access.
La primera demanda fue desestimada, pero las organizaciones de Greenpeace siguen defendiéndose contra la segunda, que está en curso, después de que un jurado de Dakota del Norte concediera recientemente más de 660 millones de dólares estadounidenses en daños y perjuicios al gigante de los oleoductos.
Mads Flarup Christensen, director ejecutivo de Greenpeace Internacional ha declarado: «El ataque de Energy Transfer a nuestro derecho a protestar es un ataque a la libertad de expresión de todos. Greenpeace ha sido objeto de amenazas, detenciones e incluso atentados con bombas durante los últimos 50 años y ha perseverado. Seguiremos resistiendo todas las formas de intimidación y explorando todas las opciones para que Energy Transfer rinda cuentas por este intento de abusar del sistema judicial».
«Este innovador caso anti-SLAPP contra Energy Transfer en los Países Bajos es solo el comienzo para derrotar esta táctica de intimidación que están utilizando los multimillonarios y los gigantes de los combustibles fósiles para silenciar a los críticos en todo el mundo. Aquí está en juego algo absolutamente vital: la capacidad de las personas para exigir responsabilidades a las empresas contaminantes por la devastación que están causando», mantiene.
La demanda es una prueba importante de la Directiva Anti-SLAPP de la Unión Europea, adoptada en abril de 2024. La Directiva está diseñada para proteger a periodistas, activistas, organizaciones de la sociedad civil o cualquier otra persona que se pronuncie sobre asuntos de interés público, de las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), es decir, demandas intimidatorias infundadas presentadas por poderosas empresas o personas adineradas que buscan suprimir el debate público.
Dado que Greenpeace International es una organización con sede en los Países Bajos y que los daños causados por la demanda SLAPP de Energy Transfer en Estados Unidos se están produciendo en los Países Bajos, se aplican tanto la legislación neerlandesa como la de la UE.
Cada vez más organizaciones, periodistas, activistas, defensores de los derechos humanos y miembros de comunidades de toda Europa reconocen que las SLAPP constituyen una amenaza tanto para la libertad de expresión como para el derecho del público a estar informado. CASE (Coalición contra las SLAPP en Europa) ha identificado un total de 1.049 casos SLAPP interpuestos entre 2010 y 2023.
Los Estados miembros de la UE tienen hasta el 7 de mayo de 2026 para incorporar la directiva a su legislación nacional, pero hasta ahora se ha avanzado muy poco. Por eso, más de 30 organizaciones en más de once países se han reunido hoy para exigir a sus gobiernos que cumplan con esta directiva. ECOticias.com
