La contaminación de A Limia entra en una fase judicial decisiva: vecinos y organizaciones reclaman al TSXG que fuerce el cumplimiento de una sentencia ya firme y plantean una moratoria a nuevas explotaciones ganaderas industriales mientras persista la degradación.
Vecinos de As Conchas, en Ourense, han vuelto de nuevo a pedir la ayuda del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para reclamar que se haga una ejecución forzosa de una sentencia firme que declaró vulnerados sus derechos fundamentales por la contaminación de la cuenca del río Limia.
Pero no han acudido solos los residentes ya que cuentan con la ayuda y el apoyo de ClientEarth, Amigas de la Tierra y CECU que se han sumado a ellos para reclamar que las administraciones implicadas en dicha realidad no han llevado a cabo las medidas necesarias y a las que se les obligaba para frenar la degradación ambiental de la zona.
La contaminación de A Limia persiste
Vecinos y vecinas de la localidad orensana de As Conchas han contado con el apoyo de ClientEarth, Amigas de la Tierra y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU a la hora de dar forma y presentar una demanda para solicitar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la ejecución forzosa de una sentencia histórica. Sentencia que en su día declaró vulnerados sus derechos fundamentales de estos residentes por la inacción de las administraciones ante la contaminación procedente de la ganadería industrial en la cuenca del río Limia, que sobre todo afectó al embalse de As Conchas.
Los hechos se remontan a hace algo más de un año cuando el TSXG determinó que la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) habían vulnerado derechos fundamentales de la población local. De igual manera, dicho documento recordaba que esta vulneración obedecía a que ambas administraciones no habían hecho nada por evitar la situación; y eso que conocían dicha situación de contaminación en la zona.
Por tanto, la resolución judicial ordenó a la Xunta y a la CHMS que adoptaran de forma inmediata todas las medidas necesarias para poner fin a la degradación ambiental del embalse de As Conchas y su entorno. Además, debían también garantizar el abastecimiento de agua limpia y segura para la población de la zona.
Pese a ello y pasado ya más de un año de la sentencia, los demandantes reclaman de nuevo que se cumpla la misma ya que las medidas que exigió el juzgado no se han aplicado ni cumplido.
En este sentido, Nieves Noval, abogada senior de ClientEarth, recuerda que «en julio de 2025, un tribunal declaró que las administraciones habían vulnerado los derechos fundamentales de la comunidad de As Conchas y el Tribunal Supremo lo ha confirmado. Las administraciones han tenido la oportunidad de cumplir la sentencia voluntariamente. No lo han hecho. Ahora corresponde al tribunal garantizar su ejecución. Porque los vecinos y vecinas de As Conchas, como tantas otras comunidades afectadas por la contaminación, ya han esperado demasiado. Todas y todos tenemos derecho al pleno disfrute de nuestros derechos fundamentales y a que las sentencias firmes se cumplan”.
Actuaciones que son del todo insuficientes
Los hechos se remontan a hace algo más de un año cuando el TSXG determinó que la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) habían vulnerado derechos fundamentales de la población local.
Como recuerdan los demandantes, lo único que se ha hecho hasta la fecha por parte de las administraciones implicadas es el pago de las indemnizaciones reconocidas en la sentencia, así como algunas inspecciones a explotaciones ganaderas como estas macrogranjas y la toma de muestras de calidad del agua.
Sin embargo, dichas actuaciones son insuficientes para cumplir una sentencia que obliga a poner fin a la degradación ambiental de la cuenca, garantizar agua potable segura y restaurar el pleno disfrute de los derechos fundamentales de los vecinos de esta zona de Orense.
Mientras tanto, la situación ambiental sigue sin tener visos de mejora ya que se han visto episodios de proliferación masiva de cianobacterias potencialmente tóxicas, además de que persisten la contaminación y los olores.
Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra, señala que «retrasar la ejecución de la sentencia pone en peligro a la población de la zona, demuestra una gran falta de responsabilidad y vulnera sus derechos fundamentales. La resolución del tribunal es contundente e igual debe ser la acción de las administraciones que ahora deben tomar las riendas y proteger a la ciudadanía y su entorno. Es urgente restaurar la zona y restablecer el derecho a la salud, al agua y a un medio ambiente sano.”
Como recuerdan las organizaciones demandantes, en su día esta sentencia ya identificó una serie de acciones que debían acometer las administraciones para que la realidad de contaminación se revirtiera. Acciones donde se incluían estudios ambientales y sanitarios, programas de seguimiento de la calidad del agua, sistemas de información a la población, vigilancia de la contaminación y medidas para reducir la presión que soporta la cuenca.
Asimismo, las demandantes solicitan que el Tribunal establezca plazos, responsables e indicadores objetivos de cumplimiento, y que las administraciones informen periódicamente sobre las actuaciones adoptadas, de forma que pueda verificarse el efectivo cumplimiento de las obligaciones impuestas por la sentencia.
Ante esto, David Sánchez, director de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, añade que «la sentencia de As Conchas ponía de manifiesto la gravedad del impacto de la contaminación sobre los derechos fundamentales de la población. La respuesta de las administraciones públicas no puede ser mirar para otro lado o echarse la culpa unos a otros. Tienen que actuar de forma urgente y coordinada para restaurar los derechos de la población de la zona».
