Destacados miembros de la comunidad jurídica internacional, políticos, académicos, empresas y ONGs han respondido a una Consulta Pública llevada a cabo por la oficina del Fiscal General de la Corte Penal Internacional, y han pedido que se introduzca el ecocidio como un nuevo crimen en el Estatuto de Roma. Entre ellos, se encuentran el eminente jurista británico Michael Mansfield KC; Laura Mary Clarke OBE, Directora General de ClientEarth, la baronesa Boycott; el embajador emérito de Finlandia, Mikko Pyhälä, el Ministro de Cambio Climático y Medio Ambiente de Vanuatu, Ralph Regenvanu, y la Copresidenta del Club de Roma, Sandrine Dixson-Declève.
La Consulta se produce pocas semanas después de que el Parlamento Europeo votara a favor de aprobar una nueva Directiva de la Unión Europea sobre delitos ambientales que incluye una disposición para tipificar como delito «casos comparables al ecocidio”.
Políticos, abogados, académicos, ONGs ambientales y líderes empresariales de todo el mundo han respondido a una consulta pública realizada por la oficina del Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan KC, instando a la Corte a introducir el ecocidio como un nuevo crimen internacional en el Estatuto de Roma.
La consulta que ha abierto la Fiscalía tiene por objeto recabar información para el primer borrador de un documento de criterios generales de actuación sobre cómo el Estatuto de Roma podría abordar mejor los crímenes contra el medio ambiente.
Entre las organizaciones que han respondido se encuentran el eminente jurista británico, Michael Mansfield KC; Laura Mary Clarke OBE, Directora Ejecutiva de ClientEarth; la baronesa Boycott; el embajador emérito de Finlandia, Mikko Pyhälä; el Ministro de Cambio Climático y Medio Ambiente de Vanuatu, Ralph Regenvanu, y la Copresidenta del Club de Roma, Sandrine Dixson-Declève.
Entre las organizaciones internacionales que han respondido a la consulta de la Fiscalía se encuentra Avaaz, cuya petición para que los legisladores de todo el mundo trabajen en nuevas leyes nacionales e internacionales que tipifiquen el ecocidio ha reunido recientemente más de 500.000 firmas.
Quienes han respondido a la consulta destacan la limitada protección del medio ambiente que ofrece actualmente el Estatuto de Roma, que se centra principalmente en los daños deliberados y sistemáticos a personas y bienes protegidos, como edificios religiosos o lugares declarados Patrimonio Universal por la UNESCO. En la actualidad, la única protección explícita del medio ambiente en el Estatuto se aplica a los actos cometidos en tiempos de guerra.
Introducir el ecocidio como un nuevo crimen internacional
La introducción de un nuevo crimen autónomo de ecocidio en el Estatuto de Roma penalizaría los casos más graves de destrucción del medio ambiente tanto en tiempos de paz como de conflicto.
El concepto de ecocidio ha ido ganando relevancia. En febrero, Bélgica incluyó el ecocidio en su nuevo Código Penal, y otros Estados, como Brasil, Escocia, Inglaterra, Países Bajos, España (Cataluña) e Italia, han visto cómo se proponían o avanzaban Proyectos de Leyes de ecocidio en el último año. La Unión Europea acordó en noviembre incluir delitos «comparables al ecocidio» en su nueva Directiva de delitos ambientales, en base a la cual los 27 Estados miembros introducirán legislaciones equivalentes en los próximos dos años.
La incorporación del ecocidio como quinto crimen internacional en el Estatuto de Roma, ocupando su lugar junto con el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, garantizaría que las formas más graves de destrucción del medio ambiente se penalizaran al más alto nivel, actuando como elemento disuasorio mundial para los posibles perpetradores que ocupan los altos cargos en los órganos de decisión.