El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Huesca ha emitido un varapalo judicial al anular el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Benasque, aprobado el 15 de mayo de 2024, que daba luz verde definitiva al proyecto de la telecabina Benasque-Cerler.
Esta infraestructura, concebida como uno de los grandes proyectos del Plan Pirineos impulsado por el Ejecutivo autonómico, está valorada en 16 millones de euros y las obras comenzaron a principios de mayo mientras que representantes políticos como el Presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcon, inauguraron oficialmente las obras un mes después en una ceremonia pública.
El fallo judicial, firmado por el magistrado David Sampedro Ibáñez, estima el recurso interpuesto por la Asociación SOS Ribagorza y una vecina afectada. Aunque la sentencia no obliga expresamente a la paralización de las obras, declara nulo el proyecto al acoger tres de las doce deficiencias alegadas por los demandantes.
Celebran la anulación del telecabina Benasque-Cerler y piden retirar las obras
La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón celebra como una «sentencia histórica» la anulación judicial del proyecto del telecabina Benasque-Cerler al confirmar que fue una irregularidad administrativa, técnica y económica del Ayuntamiento de Benasque respaldada por el Gobierno de Aragón, y exige la retirada inmediata de las obras y la restauración del terreno.
En una nota de prensa, la plataforma reacciona así a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huesca que considera que la estación inferior y el aparcamiento proyectados se encuentran en una zona inundable del río Ésera, en contra de lo establecido por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Para esta organización ecologista, la decisión del juzgado confirma la importancia de que las administraciones locales y autonómicas actúen con transparencia, planificación y responsabilidad, evitando improvisaciones que pongan en riesgo el patrimonio natural del Pirineo y la confianza de la ciudadanía y pone de manifiesto que los proyectos en zonas sensibles requieren análisis exhaustivos y participación pública activa para garantizar su viabilidad y sostenibilidad.
Desde la organización señalan que la decisión judicial recuerda que la protección del medio ambiente y la seguridad de las personas debe prevalecer sobre cualquier presión política o económica, y que la gestión de infraestructuras en entornos naturales debe basarse en estudios técnicos sólidos y criterios ambientales estrictos.
La plataforma también advierte de la necesidad de que futuras iniciativas respeten la normativa vigente y no comprometan la integridad del territorio, asegurando que los recursos públicos se destinen a proyectos responsables y beneficiosos para la comunidad local.
En opinión de la organización, esta resolución refuerza su compromiso con la vigilancia ciudadana y el control de proyectos en entornos naturales, insistiendo en que cualquier iniciativa futura debe ser transparente, participativa y respetuosa con el medio ambiente y las personas que habitan en la zona. ECOticias.com
