Decepcionante la posición de España
España ha defraudado sobre la deforestación importada. Amigos de La Tierra, CECU, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Mighty Earth y SEO/BirdLife hemos calificado de nefasta la posición que ha mantenido el Gobierno de España en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. Referida a las negociaciones sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización en la Unión. Así como a la exportación desde la Unión, de determinadas mercancías y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal.
Teresa Ribera no apoyó
- Una mayor protección de otros ecosistemas no forestales. Como el Cerrado en Brasil y demás sabanas y humedales, desde la entrada en vigor del Reglamento.
- Ampliar el ámbito de aplicación de la ley para que abarque todos los productos y materias primas pertinentes relacionadas con la deforestación. En particular mediante la inclusión del caucho, maíz y todas las preparaciones de carne bovina. Como las recogidas en el código HS 1602.
- Reforzar la dimensión de derechos humanos de la ley. Exigiendo el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos al respecto. Y no solo de las leyes estatales sobre derechos de la tierra.
- Establecer para las instituciones financieras radicadas en Europa los mismos requerimientos de diligencia debida obligatoria que los aplicados a las empresas comercializadoras, con el fin de garantizar cadenas de valor libres de deforestación, degradación de los bosques, conversión o degradación de los ecosistemas o violaciones de los derechos humanos.
Una oportunidad perdida
La introducción de esas mejoras era clave para solucionar los principales puntos débiles de la Propuesta de Reglamento para combatir la deforestación importada que presentó la Comisión Europea el pasado 17 de noviembre.
Un compromiso ‘descafeinado’
Pese al discurso oficial del MITERD de que el Gobierno de España era partidario de dar al Reglamento la máxima ambición. Y vista la posición mantenida por el Gobierno en el Consejo. Tal compromiso ha quedado enteramente en entredicho. Es especialmente doloroso que el Gobierno español ni siquiera haya planteado que las empresas que comercializan materias primas y productos cumplan con las leyes internacionales.
Que son las que protegen los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Ya que las normativas nacionales dejan en muchos casos a éstos expuestos a abusos y violaciones de sus derechos.
Las entidades esperamos que en los próximos pasos de la negociación, especialmente por parte del Parlamento Europeo y en los triálogos posteriores, se afronten estas debilidades. Y se apruebe finalmente una norma válida para las personas y los ecosistemas. Que permita que la Unión Europea deje de ser, después de China, el mayor responsable mundial de la deforestación tropical. España ha defraudado sobre la deforestación importada.
