En febrero de 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenó el cierre de las pistas segovianas de Navacerrada, una decisión que ha sido justificada por el Ministerio de Transición Ecológica, al argumentar que la actividad de la estación de esquí genera impactos inadmisibles en el medio ambiente y favorece la masificación del entorno.
La crisis climática y el calentamiento global están detrás de la decisión gubernamental de que esta estación permanezca cerrada. La temperatura media ha subido casi 2 grados Celsius en los últimos 50 años y ya se contabilizan un mínimo de 20 días de nieve menos al año.
El Puerto de Navacerrada
Un grupo de ecologistas denuncia la apertura este fin de semana (20 de diciembre) de la Estación de Esquí del Puerto de Navacerrada a pesar de que el 31 de enero de este año el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estableció que la Junta de Castilla y León debía tramitar la caducidad de la concesión de los terrenos de la estación de esquí propiedad del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que reclama el desmantelamiento de las pistas de esquí.
Por esta sentencia el gobierno de Castilla y León debe obligar a la empresa concesionaria al desmantelamiento de las pistas de esquí. La organización ecologista celebró en 2021 la decisión del Organismo Autónomo de Parques Nacionales de recuperar el dominio público forestal de los montes concedidos a la empresa Puerto de Navacerrada Estación de Esquí, garantizando la restauración ambiental y paisajística.
A los graves impactos ambientales que las estaciones de esquí generan en el frágil entorno natural de las cumbres de las montañas (despilfarro económico y energético de la producción de nieve artificial, grandes aglomeraciones humanas asociadas a residuos, contaminación atmosférica, alteración de aguas en sus nacederos, compactación, erosión y contaminación de suelos, construcción de infraestructuras, viviendas, hostelería y comercio,…).
La inviabilidad de mantener abierta la estación debido al calentamiento global del planeta que ha llevado a un aumento de las temperaturas en los últimos setenta años de más de dos grados, reduciendo tanto los días de nieve como la duración de la misma. Baste recordar los 17 grados de máxima y los 9,4 de mínima que se alcanzaron este año el 24 de enero.
Desde la ONG se denuncia que la Junta de Castilla y León al resistirse a cumplir su obligación de tramitar el fin de la concesión, recurriendo el pasado 14 de marzo la sentencia del Tribunal, se empecina en defender los intereses privados de la empresa concesionaria de la estación de esquí por encima del interés público de la conservación del medio natural y el apoyo al organismo público de Parques Nacionales.
Asimismo la organización considera contrario al interés público la nueva concesión de montes de utilidad pública incluidos en los municipios de Cercedilla y Navacerrada por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid a la empresa Puerto de Navacerrada. Esta concesión por 29 años, amplía la superficie concedida a más de 54.000 m2 (cuando antes eran unos 8.800 m2) por un precio irrisorio (menos de 0,60 euros por m2), por lo que a juicio de los ecologistas se trata de un nuevo regalo a la la empresa concesionaria en perjuicio de los ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada, propietarios de los montes.
Ante estos hechos, la ONG presentó recurso de alzada ante la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior considerando que lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es renovar la ocupación al mismo titular, algo que prohíbe la Ley de Montes.
De hecho se ha permitido a la empresa Puerto de Navacerrada desarrollar su actividad desde la caducidad de la concesión en 2019, sin devolver los terrenos públicos ocupados y sin pagar canon alguno. Por otra parte, desde la organización recuerdan que las pistas que se encuentran dentro de estos terrenos se hallan habitualmente cerradas al depender de la escasísima nieve natural, por lo que hace inviable la actividad de esquí.
