Los guardas fluviales que trabajan desde hace años en la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) han recibido el apoyo de organizaciones ecologistas ante la realidad que llevan años soportando y por la que han pedido que se pongan en marcha cuanto antes medidas para proteger su integridad y seguridad.
Y es que estos trabajadores desde hace varios años reciben amenazas en la localidad de Tomelloso (Ciudad Real) por parte de por personas que realizan actividades ilegales en la zona con el uso del agua, así como con las extracciones masivas sin permiso o vertiendo contaminantes al Guadiana.
Es por ello que estas organizaciones ecologistas piden que se aplique el Código Penal ante estas acciones que pueden ir desde agresiones, amenazas o coacciones a estos empleados públicos mientras están haciendo su trabajo.
Ecologistas en defensa de los guardas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
Ecologistas se han solidarizado con los guardas fluviales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que desde hace años están recibiendo amenazas en Tomelloso (Ciudad Real) y han solicitado la puesta en marcha de medidas para protegerlos.
En una nota de prensa, han exigido este jueves que se pongan en marcha de forma inmediata medidas de protección para el colectivo y ha demandado que pare «el clima de hostigamiento que vienen sufriendo» los guardias fluviales de la Confederación del Guadiana.
Según estos grupos conservacionistas, los guardas fluviales encargados de velar por el cumplimiento de la normativa que protege ríos, acuíferos y ecosistemas asociados «están siendo hostigados por individuos vinculados a actividades ilegales como el uso no autorizado de agua, las extracciones masivas sin concesión o los vertidos contaminantes al medio hídrico».
Pero «lejos de recibir el respaldo social e institucional que merecen, se encuentran en una situación de indefensión inadmisible», han advertido al tiempo que añaden que «estos hechos son intolerables en un Estado de derecho y reflejan el creciente nivel de tensión en el campo y de la impunidad con la que actúan quienes vulneran de forma sistemática la legislación ambiental y de aguas«.
Asimismo, han considerado: «en la generación de este tipo de situaciones intolerables tienen especial responsabilidad autoridades de Castilla-La Mancha, partidos y entidades que presionan para que se regularicen pozos en el Alto Guadiana, lo que da alas a quienes comenten ilegalidades«.
Así, recuerdan que cualquier tipo de agresión, amenaza o coacción a un empleado público en el ejercicio de sus funciones está tipificada como delito en el Código Penal, y entiende que «debe ser perseguida con la máxima contundencia.
En este sentido, han expresado todo su apoyo a estos trabajadores públicos: «exigimos al Ministerio para la Transición Ecológica, a la CHG y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se tomen medidas urgentes y eficaces para proteger su integridad física y garantizar el ejercicio de sus funciones sin presiones ni amenazas». También han emplazado al Gobierno de Castilla-La Mancha «a que se alinee con la defensa de la legalidad en la gestión del agua«.
Además, solicitan «que se refuercen de forma inmediata los recursos humanos y materiales dedicados a la vigilancia ambiental, especialmente en un contexto de emergencia climática y ambiental en la cuenca alta del río Guadiana, donde a la escasez de agua se impone la sobreexplotación de los acuíferos«.
A juicio de los ecologistas: «Es inaceptable que quienes destruyen el medio ambiente actúen con total impunidad mientras quienes lo defienden son amenazados», porque «la ciudadanía tiene derecho a un medio ambiente sano, y para ello es imprescindible que se haga cumplir la ley, se proteja a quienes la aplican y se sancione a quienes la infringen». EFE / ECOticias.com
