«Más formación especializada en medio ambiente y cambio climático por parte de los jueces». Esto es lo que reclaman desde el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), ya que consideran desde esta entidad impostergable que el Poder Judicial español haga una aplicación más efectiva del ordenamiento jurídico en este tipo de cuestiones.
Así se ha puesto de manifiesto en un evento organizado por IIDMA junto la Sección de Medio Ambiente y Clima del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid con la participación de representantes de escuelas judiciales de Francia y Argentina, además de integrantes de la judicatura española.
«Es necesario formar a los jueces para lograr una aplicación efectiva del ordenamiento jurídico y garantizar la tutela judicial efectiva ante la crisis de cambio climático, de pérdida de la biodiversidad y la contaminación«, explican.
Los jueces españoles necesitan formarse en medio ambiente y cambio climático
La formación especializada en medio ambiente y cambio climático en la judicatura española es una necesidad impostergable para responder de manera efectiva ante el incremento de reclamaciones y litigios en esta materia, como se ha puesto de manifiesto en la Jornada «La formación ambiental y climática en el poder judicial: ¿una necesidad o un imperativo?», organizada por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
«La formación de jueces en esta materia sigue siendo insuficiente para responder al incremento y complejidad de demandas que se presentan ante los tribunales por problemas relacionados con la protección medioambiental y el cambio climático debido en muchas ocasiones a la correcta aplicación y respeto de la legislación en esas materias. Desarrollar una formación más especializada es algo impostergable, por lo que una vez más se hace un llamamiento para que los programas formativos en la Escuela Judicial incorporen contenidos más especializados de estas disciplinas«, señala la directora de IIDMA y presidenta de la Sección de Medio Ambiente y Clima, ICAM, Ana Barreira.
Naciones Unidas ha constatado que ante la triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, los ciudadanos presentan cada vez más reclamaciones en los tribunales para exigir medidas contundentes.
En muchos casos se exige la acción gubernamental o del sector privado para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, lo que se conoce como litigios climáticos. En otros, se denuncian la degradación de ecosistemas y la contaminación de áreas determinadas. Y en otros casos, de creciente actualidad, se denuncia el greenwashing o ecopostureo. En todos esos procesos, se espera una aplicación efectiva del amplio ordenamiento jurídico en esta materia y garantizar la tutela judicial.
Además, la Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC), en su informe final de recomendaciones para lograr «una España más segura y justa ante el cambio climático» incluyó, en la número 146, la necesidad de «formar a jueces y miembros de la judicatura sobre las respuestas jurídicas ante el cambio climático y la protección del medio ambiente». Con un apoyo del 97,75% por parte de los integrantes de la Asamblea, la recomendación busca impulsar una formación «específica» de este sector en materia de cambio climático y protección del medio ambiente.
«En materia de medio ambiente se cuentan con suficientes instrumentos jurídicos para su protección efectiva, pero en España no se registra una aplicación suficiente de las normas medioambientales. En ese sentido, el papel de la judicatura es fundamental para hacer frente a la crisis ambiental respondiendo a los casos que deben juzgar», reclaman.
Ante el incremento de este tipo de litigios, que en España una gran parte se dirimen ante tribunales del orden contencioso-administrativo o penal, el IIDMA apuesta por la creación de tribunales o salas especializadas que permitirían un abordaje más específico de los conflictos ambientales al ser una materia compleja.
Este tipo de tribunales ambientales ya existen en más de 50 países, como Canadá, Chile o China, y contar con ellos en España contribuiría a agilizar los procedimientos judiciales, a una aplicación efectiva del ordenamiento jurídico en esta materia garantizando la tutela judicial, así como a evitar más daños al medio ambiente.
