La nueva Ley de Gestión Ambiental de Andalucía, más conocida como LEGAM ha sido aprobada recientemente con el objetivo de modernizar, simplificar y fortalecer la normativa ambiental de la región
La ley reduce significativamente los plazos de tramitación, al tiempo que las evaluaciones ambientales, estratégicas y de impacto ambiental estarán integradas en los instrumentos de autorización correspondientes.
La Ley de Gestión Ambiental brinda un marco normativo más ágil y seguro, ya que se adapta a la normativa europea y estatal vigente, beneficiando a la administración y a las empresas.
Ley de Gestión Ambiental de Andalucía
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el Proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, que simplifica procedimientos administrativos y reduce de forma significativa los tiempos de tramitación de las autorizaciones ambientales.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha informado de este proyecto de ley que sustituye a la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) e iniciará su tramitación parlamentaria, al tiempo que ha confiado en que se apruebe antes de acabar esta legislatura.
Reducción trámites administrativos
El texto introduce una reforma de calado en el nivel local con la creación de la Licencia Ambiental, que sustituye a la antigua Calificación Ambiental que otorgan los ayuntamientos, que pasa, en muchos casos, a resolverse mediante Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS), lo que implica que la Junta asume la resolución de 49 categorías de actuaciones que antes correspondían a los municipios.
Otras 33 categorías se simplifican pasando a ser objeto de Declaración Responsable de los Efectos Ambientales (DR-EA), un procedimiento mucho más ágil para las corporaciones locales.
También unifica 21 categorías de instalaciones atendiendo a un umbral común, de modo que las que superen dicho límite se tramitarán con el mismo instrumento que las que quedan por debajo, proporcionando coherencia y seguridad jurídica.
Además, en los casos en que una declaración responsable afecte a dos municipios, se resolverá como dos declaraciones diferenciadas, garantizando una correcta gestión en cada término municipal.
Con todo ello, la nueva regulación reduce la carga administrativa de los ayuntamientos y refuerza la coordinación entre administraciones, ha destacado la consejera. Asimismo, la ley refuerza la inspección, vigilancia y control ambiental con un nuevo marco regulador que precisa las competencias, la planificación y el ejercicio de la función inspectora.
Los municipios dispondrán de procedimientos más sencillos y eficaces, mientras que la Junta asumirá directamente las actuaciones de mayor complejidad ambiental, asegurando una gestión más ágil, homogénea y garantista.
Minimización de los plazos
Los nuevos plazos quedan fijados en seis meses para la Autorización Ambiental Integrada y en el caso de la Autorización Ambiental Unificada; cinco meses para la Autorización Ambiental Unificada Simplificada; tres meses para Licencia Ambiental; y efectos inmediatos para la Declaración Responsable de los Efectos Ambientales.
Estos plazos aportan seguridad jurídica y facilitan la inversión sostenible, garantizando al mismo tiempo la protección del entorno, ha destacado la consejera. La norma incorpora además mejoras en la evaluación ambiental estratégica y en la evaluación de impacto ambiental, que ahora quedan integradas en los instrumentos de autorización correspondientes.
También regula de forma más precisa la modificación, vigencia y revisión de estas autorizaciones, así como la transmisión de titularidades y los supuestos de cese de actividad.
Otra de las novedades es la creación de la Estrategia Marco de Medio Ambiente, que actuará como instrumento de planificación estratégica, y se crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, que sustituirá al actual Consejo Andaluz del Medio Ambiente y que contará con la representación de los agentes sociales y económicos más relevantes, así como de las entidades locales.
Además, se crea un Registro de Participación Ciudadana en materia ambiental, en el que podrán inscribirse personas físicas o jurídicas interesadas en los procedimientos de evaluación y prevención ambiental.
Esta ley adapta la legislación andaluza a los cambios producidos en las dos últimas décadas en el ámbito europeo y estatal y es fruto de un proceso de trabajo con los principales agentes sociales y económicos de Andalucía, formando parte del Pacto de Diálogo Social firmado en 2023 con UGT, CC. OO. y CEA.
El objetivo principal de la ley sigue siendo el de garantizar un alto nivel de protección no solo para la salud pública de los andaluces, sino también para el medio ambiente.
La Ley de Gestión Ambiental sustituye a la anterior Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental (conocida como GICA) de 2007, adaptándose a los desafíos de sostenibilidad presentes y futuros y fomentando un mayor control y participación. Seguir leyendo en ECOticias.com
