El Parque Natural Corralejo tiene una superficie de más de 2.600 ha, todas ellas cubiertas de fina arena blanca en forma de dunas, y limita con la costa este del norte de Fuerteventura, conforma además un paisaje de excepcionales valores ambientales.
Los hoteles, construidos en la década de los 70, contaban con un permiso temporal tras la entrada en vigor de la Ley de Costas. Este permiso recoge una condición básica y claramente establecida: no se permite ninguna obra o construcción sin la autorización previa de la Demarcación de Costas. Sin embargo, la cadena hotelera ha incumplido estos requisitos y además ha desobedecido todas las sentencias que les obligaban a demoler las construcciones ilegales.
Ecologistas en Acción denunció en 2020 las irregularidades de RIU Oliva Beach y RIU Tres Islas
Ecologistas en Acción denunció en 2020 la existencia de construcciones fuera de la concesión en el hotel Oliva Beach, obras por las que RIU fue sancionada con más de 200.000 euros por una infracción grave y con orden de derribo de las mismas. El incumplimiento de esa orden fue la que dio inicio a la caducidad de la concesión. “Es un proceso que conocemos de primera mano porque hemos sido parte activa en la causa”, afirman.
La reiteración en los incumplimientos, la ocupación de terrenos fuera de la concesión, las obras ilegales, ventas de propiedades, órdenes de derribo incumplidas, sanciones y un largo historial de irregularidades, tanto urbanísticas como medioambientales, desembocaron en la apertura de expedientes de caducidad para las concesiones de ambos establecimientos, cuya resolución sería la demolición de los hoteles.
Impunidad de algunas empresas turísticas en las islas Canarias
Por ello, Ecologistas en Acción vuelve a denunciar la impunidad de algunas empresas turísticas en las islas Canarias que operan en el territorio y que “pasan por encima de cualquier normativa o protección y, además, se lucran de ello”.
La organización ecologista lamenta, a su vez, que los partidos políticos del Gobierno de Canarias “se pongan de parte de los infractores urbanísticos que atentan contra el patrimonio colectivo del pueblo canario, demostrando una vez más que quienes marcan la agenda y controlan la política turística y medioambiental en las islas son las empresas, lo que va totalmente en contra del interés general de la ciudadanía de las islas y de la protección de los recursos naturales”.
