Ser periodista medioambiental se ha convertido en una profesión de alto riesgo. En los últimos diez años, al menos treinta comunicadores que investigaban temas relacionados con el medio ambiente han sido asesinados en diferentes partes del mundo.
Según organizaciones internacionales sociales y ecologistas, las amenazas, agresiones y campañas de desprestigio son constantes, especialmente contra quienes denuncian delitos ambientales, corrupción, deforestación ilegal o el impacto de grandes proyectos extractivos.
El periodismo ambiental no solo implica informar sobre la naturaleza o el cambio climático, sino también cuestionar intereses económicos y políticos poderosos. Muchos de los periodistas asesinados trabajaban en zonas rurales o comunidades indígenas, donde la defensa de los recursos naturales enfrenta a los habitantes con empresas mineras, madereras o agroindustriales.
Periodistas asesinados por su labor medioambiental
Cerca de treinta periodistas han sido asesinados en la última década por investigar asuntos relacionados con el medioambiente y en homenaje a ellos y ante la próxima Cumbre del Clima (COP30) en un informe se ha desvelado el nombre de 30 informadores que en el último año han visto «entorpecida» su cobertura de esos temas.
«Con motivo de la COP30, que se inaugurará el próximo 10 de noviembre en Belém (Brasil), se hace un llamamiento a los Estados para que la defensa de la información medioambiental fiable y de los periodistas que la cubren sea un eje crucial de la lucha contra el cambio climático«, apuntan en dicho informe.
Limitaciones para acceder a determinados territorios, agresiones, demandas o detenciones arbitrarias son algunas de las trabas que encuentran los periodistas por cubrir temas relacionados con los recursos naturales, su explotación o su protección.
Entre los 30 informadores mencionados hay nueve iberoamericanos, la región, junto con Asia, en la que el informe recopila más casos.
Entre ellos figura el colombiano Jaime Vásquez, asesinado en 2024 en Cúcuta tras denunciar el desvío de fondos públicos y abordar cuestiones sociales como el acceso al agua y a la atención médica. Vivía con escolta desde 2022.
Otro caso mencionado se refiere al chileno Matías Rojas, especializado en investigaciones sobre corrupción local y conflictos socioambientales relacionados con la extracción de grava, y cuyo vehículo fue incendiado.
También se recogen las amenazas, presiones y campañas de desprestigio sufridas por los brasileños Marcos Wesley, Katia Brasil y Eliane Brum por informar sobre los derechos de las comunidades locales frente a la deforestación o por dar voz a los pueblos indígenas.
El ecuatoriano Franklin Vega y el guatemalteco Ernesto Choc fueron objeto de acusaciones falsas, la salvadoreña Carolina Amaya padeció acciones judiciales (su padre también fue amenazado) por un reportaje que vinculaba al entorno del presidente Nayib Bukele con la destrucción de un ecosistema y el peruano Manuel Calloquispe, especializado en la minería ilegal en la amazonia, recibió amenazas de muerte y ha padecido saqueos y agresiones físicas.
Además de Jaime Vásquez, otro reportero asesinado en los últimos meses fue el camboyano Chhoeung Chheng, disparado mientras investigaba un caso de deforestación ilegal.
Europa no permanece aislada a esta lacra
En Europa, el informe cita el ciberacoso sufrido por la ucraniana Olena Mudra por investigar una obra de ingeniería hidráulica o las demandas, amenazas de muerte y allanamiento de morada padecidas por la francesa Inès Léraud por sus informaciones sobre la industria alimentaria.
Lo mismo sucede con la multa impuesta a la búlgara Venelina Popova en relación con su investigación sobre una inicineradora o las trabas encontradas por la eslovaca Marian Koren en sus trabajos sobre temas agrícolas.
«Estas valientes voces, portadoras de información de calidad, son indispensables para denunciar la contaminación, la deforestación, las expropiaciones ilegales o los estragos causados por la minería», han expresado.
«Son esas voces que, a pesar de las intimidaciones y la violencia, permiten que el mundo conozca la verdad sobre la crisis climática. A pocos días de la apertura de la COP30, es más que urgente que nunca que los Estados se comprometan con la integridad de la información y la protección de los periodistas», han destacado.
Además, las amenazas no provienen únicamente de actores armados o criminales. En numerosos casos, los periodistas enfrentan presiones judiciales, censura o despidos cuando sus investigaciones afectan a gobiernos o corporaciones.
Las agresiones digitales también se han incrementado: campañas de acoso en redes sociales, ataques informáticos y vigilancia ilegal buscan silenciar sus voces. A pesar del peligro, muchos periodistas medioambientales continúan su labor con valentía y compromiso, conscientes de que su trabajo es esencial para la transparencia y la defensa del planeta. EFE / ECOticias.com
