Desde FAADA queremos transmitir nuestra preocupación ante el reciente anuncio por parte de la Generalitat de Catalunya de elaborar una nueva ley de caza, que sustituirá a la anterior de 1970, y que reconocerá la «función social» de esta actividad. Y nuestro desconcierto ante la decisión de crear una comisión interdepartamental para controlar y prevenir los daños producidos por la fauna cinegética sin contar con la representación de ninguna entidad ecologista o de protección animal, pero sí con la Federación Catalana de Caza.
Estos recientes anuncios nos dejan particularmente perplejos sobre todo considerando que desde FAADA hemos mantenido comunicaciones con el Departament de Territori i Sostenibilitat, Área de caza y Pesca continental a lo largo de los últimos meses. Comunicaciones que culminaron en una reunión en las oficinas de la Generalitat durante la cual sus responsables reconocían el fuerte rechazo social que provoca la caza y aseguraban que en 2017 trabajarían la regulación de esta actividad para responder a dicha demanda social.
En su comunicado sobre la creación de esta Comisión, el Gobierno afirma que las poblaciones de animales acceden a zonas urbanas o periurbanas y producen accidentes de tráfico, sin mencionar que los cazadores provocan parte de estas migraciones. Según el estudio que mencionan, realizado entre 2007 y 2011, estos accidentes aumentaron un 41% y fueron protagonizados en un 85% por jabalíes. En el estudio no especifican si la época de las colisiones coincidía con la temporada de caza o no.
Según ellos mismos declaran, en el período que va de 2003 a 2015, se han autorizado casi 25.000 operaciones de captura excepcionales por daños a la agricultura, de las cuales la mitad fueron atribuidas a los jabalíes como especie responsable, y también se han hecho nuevas y más contundentes batidas, y a pesar de todo, como el propio Gobierno ha admitido “la densidad de jabalíes se ha multiplicado por siete en el conjunto de Cataluña en las últimas dos décadas.” Lo que evidencia claramente que la caza no es la solución para reducir esta población de animales.
Pero las cuestiones que rodean el mundo de la caza no se limitan sólo a estas cifras y a esta información sesgada. Y los hechos son muy preocupantes:
• Los mayores de 65 años pueden obtener licencia de caza gratuitamente.
• Se puede otorgar una licencia a niños mayores de 14 años tan sólo con la autorización de los padres.
• Se puede obtener la licencia de caza online, a través la de oficina virtual, y además por ello la Generalitat otorga una bonificación del 10%. En la solicitud de la licencia no se requiere la licencia de armas, ya que, de hecho, se necesita tener la de caza para obtener la de armas.
• Si el Departamento correspondiente de la Generalitat lo autoriza, se puede cazar en cualquier lugar de Cataluña. Concretamente, de los 32.000 km2 del territorio catalán, tan sólo hay 80.380 Ha que son zona de seguridad (como las áreas urbanas), y 10.967 Ha que son refugio de fauna salvaje. Es decir, en Cataluña tan sólo hay declarados 913 km2 donde está prohibido cazar.
• De acuerdo a estos datos, los cazadores (60.000 federados) pueden disponer del 97% del territorio para abatir presas, mientras que el resto de la ciudadanía (7.5 millones de personas) dispone de menos del 3%. Es especialmente grave en temporada alta de caza, cuando las personas que no participan de esta actividad, no pueden pasear libremente por el campo con sus perros, con sus hijos, hacer rutas en bici o acceder a un río, porque los caminos se cortan, se cierran los cauces, o hay cazadores disparando.
• Antes de 2014, si un coche tenía un accidente en zona de caza, el conductor afectado podía reclamar dinero por daños a los cazadores. Pero a partir de esta fecha los conductores son responsables de los daños que los jabalíes puedan ocasionar al chocar con sus vehículos, a menos que puedan demostrar que el accidente era consecuencia directa de la acción de la caza.
Esta actividad tiene además varios “efectos colaterales”:
· Provoca sobrepoblación de especies, ya que está permitido hacer repoblaciones y sueltas, según indica la propia Generalitat. Sólo hace falta comunicarlo a través de un formulario, con 48 horas de antelación, indicando la especie que se va a liberar y dónde. Es lícito preguntarse quién controla esas sueltas y puede garantizar que no se introducirá un número de individuos superior al indicado.
· Provoca la muerte de entre 25-30 personas (no todas son cazadores) cada año por armas de fuego.
· Fomenta el maltrato y el abandono de perros ya que las condiciones de vida de los animales de compañía usados para caza son lamentables en general y, según una encuesta realizada a las protectoras de Cataluña en 2010, el 60% de los perros recogidos por estos centros son de razas utilizadas por los cazadores.
En el comunicado de prensa de Generalitat, se informa también de la elaboración de un Decreto de comercialización de carne de caza, “para garantizar la seguridad y fomentar una actividad económica ligada a la gastronomía y el territorio”. Pero no se indica cómo se formalizará la venta de esta carne, si los cazadores deberán estar dados de alta en el régimen de autónomos, qué impuestos deberán pagar y cómo se garantizará que este tipo de venta no acabe generando dinero negro.
Desde Fundación FAADA, a raíz de nuestro trabajo para la gestión ética de las poblaciones de animales y la colaboración con Manel López-Béjar, Jefe del Departamento de Salud Animal y Anatomía de la Facultad Veterinaria de la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona), realizamos un informe acerca de la problemática y las posibles alternativas para la gestión de las poblaciones urbanas de los jabalíes que en noviembre se envió a todos los ayuntamientos interesados en un control ético de esta especie.
Así mismo, el mes pasado la UAB puso en marcha un proyecto para realizar una prueba piloto en España. El objetivo es evaluar la efectividad de un tratamiento de esterilización (Gonacon®) en los jabalíes para controlar la población en áreas urbanas y periurbanas. La GonaCon es una vacuna que reduce la producción de hormonas sexuales.
En definitiva, a pesar de apostar e incentivar alternativas éticas y eficaces para el control de poblaciones, la Generalitat de Catalunya ha escogido fomentar una práctica ineficaz y que provoca cada vez más rechazo social.
En respuesta a esta comunicación de la Generalitat.
