El 6 de octubre de 2014 la auxiliar de enfermería Teresa Romero dio positivo en las pruebas del virus del Ébola. Dos días después, un miembro de su familia, Excalibur, el perro de Teresa, fue ejecutado por orden judicial a instancias de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
La decisión de sacrificar a Excalibur estuvo repleta de irregularidades desde el primer momento. La Ley de Protección Animal no contempla el sacrificio de animales por alerta sanitaria sin un diagnóstico previo. Una simple analítica hubiera sido suficiente para salvar la vida de Excalibur. Para ejecutarle se argumentó que en España no había ningún centro de nivel 4 de bioseguridad para albergar este caso. Sin embargo, según el Ministerio de Economía, existe en Valdemoro (Madrid) un Laboratorio en el Centro de Investigaciones de la Salud Animal (CISA), que presume de tener nivel 4, según la Organización Mundial de Sanidad Animal, desde 1993.
Incomprensiblemente, el TSJM argumenta “la imposibilidad real de trasladarlo vivo en un establecimiento con condiciones de bioseguridad adecuadas” y se niega a Teresa el derecho a la compensación moral al perder, de manera innecesaria, a un miembro más de su familia por la incompetencia y la falta de empatía de los gestores de la Comunidad de Madrid.
Desde PACMA exigimos un protocolo alternativo al actual Plan de Contingencia Frente a la Sospecha de Infección Por Virus de Ébola en Perros, elaborado por el Ministerio de Agricultura, que condena a los animales sospechosos de contacto vírico a la eutanasia, sin contemplar la realización de analíticas para confirmar la enfermedad ni la cuarentena.
