En un escrito remitido a Medio Ambiente el pasado 8 de septiembre de 2010, al que ha tenido acceso Europa Press, los alcaldes de ambas localidades, Dolores Escalona (PSOE) y Manuel Naranjo (IU), manifiestan su «desacuerdo» con la orden de 23 de julio de 2010 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana.
Así, trasladan su «discrepancia» hacia el hecho de que el criterio de reparto de ayudas sea el poblacional, por considerar que «no es equitativo ni debe ser considerado coeficiente de aplicación» y argumentan que «cada municipio ha decidido libre y voluntariamente su estrategia de crecimiento y desarrollo urbanístico mediante el empleo de las competencias que la ley le otorga y precisamente el ejercicio de esta competencia ha marcado su relación con el medio que lo rodea y la necesidad de ser compensado por el esfuerzo que realice».
En este sentido, recuerda que «este criterio jamás se había valorado con anterioridad» y asegura que «este elemento de valoración es perjudicial para los intereses de los municipios más pequeños y que han sido comedidos en su diseño urbano no creciendo desmesuradamente», al mismo tiempo que añade que estos pueblos «son los que más necesidades tienen en estos momentos», además de que «tampoco aprovecharon el desarrollismo urbanístico de décadas anteriores, precisamente por su respeto a la conservación del Patrimonio Natural».
Del igual modo, apunta que «la aplicación presupuestaria en base a la variable poblacional resulta contradictorio con los principios esgrimidos por la propia Consejería de Medio Ambiente y con el fundamento inspirador del II Plan de Desarrollo Sostenible que lo más importante es ‘hacer comarca’ e impulsar a los más desfavorecidos hasta alcanzar todos el mismo nivel de desarrollo con coherencia y equidad social».
Asimismo, insisten en que «con esta disposición normativa no parece que la Consejería de Medio Ambiente esté lanzando un mensaje coherente y de justicia social al haber distinciones y diferencias entre municipios de una comarca» y recuerda que cada uno de ellos «con unas medidas, con una superficie, con una población, con unos terrenos de titularidad municipal, con unos términos municipales, fijan como finalidad común la conservación del Espacio Natural de Doñana y el Desarrollo Sostenible de una comarca y nunca el de ningún municipio en particular».
Concretamente, la propuesta de reparto de la orden recurrida por estos municipios de Sevilla y Huelva implica que la localidad onubense de Almonte, la mayor en número de habitantes, reciba un 53,2 por ciento, mientras que Aznalcázar se llevaría un 22,2 por ciento; Hinojos, un 17,7; y La Puebla del Río, un 6,4.
Frente a esto, la distribución que proponen, basada en el modelo que se ha llevado a cabo desde que la Junta de Andalucía asumió la gestión como gestor del Parque Nacional de Doñana, implicaría que tanto Almonte como Aznalcázar e Hinojos percibieran el mismo porcentaje, un 31,3 por ciento, y La Puebla un 6 por ciento.
Dicha propuesta está basada, según relatan, «en función a criterios de la territorialidad, las regulaciones, limitaciones y prohibiciones derivadas de las normativas medioambientales que cada municipio y cada ayuntamiento como propietario sufre en beneficio del Parque Nacional».
MEDIO AMBIENTE ESTUDIA «A FONDO»
Por su parte, desde la Consejería de Medio Ambiente explicaron a Europa Press que «todas las consideraciones que han hecho los ayuntamientos, tanto de Doñana como de Sierra Morena, se estudiarán, se valorarán y se tendrán en consideración para la futura convocatoria de ayudas». Asimismo, aseguran que «el asunto territorial está requiriendo un estudio a fondo porque existen propuestas diferentes».
De su lado, la alcaldesa de Aznalcázar, Dolores Escalona, cuya localidad tiene unas 14.000 hectáreas de su término municipal dentro del Parque Nacional de Doñana, ha asegurado que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en una reciente visita al municipio con motivo de la inauguración de su primera biblioteca pública, manifestó su interés por la solución de este asunto y se comprometió a trabajar por llevar a buen fin esta reclamación.
«Almonte tiene romería, playa y parque, lo que permite que el turismo esté allí todo el año, pero Aznalcázar es un pueblo pequeño entre Doñana y el Aljarafe, está en tierra de nadie», señala Escalona, quien apunta que las pérdidas derivadas de la reducción de hectáreas cultivadas tienen que compensarse con alternativas de desarrollo económico tales como el turismo.
Asimismo, ha confiado en el compromiso de Griñán con este asunto, al igual que con la solicitud de ampliación del Cercanías del Aljarafe hasta Aznalcázar. «Dijo que mi voz es su voz en el Ministerio de Fomento, entendió perfectamente la petición y la expondrá ante el Gobierno», concluye la primer edil aljarafeña.
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