Según la información que maneja Oceana, en España existen ocho plantas que continúan utilizando esta tecnología. Oceana ha iniciado los correspondientes contenciosos contra los gobiernos autonómicos de Andalucía, Cataluña y Galicia:
· Andalucía: Aragonesas Industrias y Energía, S.A (Palos de la Frontera, Huelva).
· Aragón: Aragonesas Industrias y Energía, S.A. (Sabiñánigo, Huesca), y Química del Cinca S.A. (Monzón, Huesca).
· Cantabria: Solvay Química, S.L, (Torrelavega)
· Cataluña: Aragonesas Industrias y Energía, S. A.(Vila-Seca, Tarragona); Ercros Industrial, S. A. (Flix, Tarragona), e Hispavic Ibérica, S. L (Martorell, Barcelona)
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· Galicia: Electroquímica y Electroquímica del Noroeste, S.A. (Lourizán, Pontevedra)
“Como medida inmediata, Oceana demanda que los puntos de venta ofrezcan recomendaciones de consumo para los grupos más vulnerables de la población, con referencia a las especies que acumulan más mercurio, entre ellas pez espada y tiburones como marrajo y tintorera”, declara Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Oceana Europa. “Sin embargo, lo fundamental es adaptar ya las plantas de cloro-álcali y sustituir su tecnología por otra libre de mercurio, que existe desde hace años y que debería estar aplicándose desde 2007 según la legislación europea”.
El mercurio emitido desde fuentes industriales entra en la cadena alimentaria y se concentra principalmente en los depredadores situados en lo alto de ella, como es el caso de tiburones y pez espada. Afecta al sistema neurológico y puede causar efectos sobre la salud, como falta de coordinación, temblores, irritabilidad, pérdida de memoria, visión borrosa, dolores de cabeza y depresión. Por ello, es necesario limitar el consumo de estas especies donde se genera más bioacumulación.
Las recomendaciones emitidas por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria se han conocido después de un largo proceso legal llevado a cabo por Oceana. En 2007, la organización internacional de conservación marina solicitó sin éxito un informe realizado por el Instituto Español de Oceanografía en 2003 (Estudio de Arsénico y Metales Pesados en Pescados y Mariscos de Interés Comercial). En diciembre de 2009, la Audiencia Nacional falló a favor de Oceana y contra el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Sin embargo, éste retrasó la entrega del informe completo hasta marzo de 2011. Poco después, el 14 de abril, el Instituto de Salud Carlos III dio a conocer un estudio en el que se mostraba altos niveles de mercurio en sangre de los ciudadanos españoles, superiores a los de otros países.
Paralelamente a este proceso, Oceana denunció en 2009 a España ante la Comisión Europea por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en referencia a la Directiva IPPC tras los acuerdos voluntarios que suscribió con las comunidades autónomas para que se siguieran utilizando células de mercurio. Esta Directiva exigía que se aplicara la mejor tecnología disponible, ofreciendo un período de 11 años para que las instalaciones existentes se adaptaran, plazo que finalizó en octubre de 2007. Llama la atención que en marzo de 2011 el Consejo de Medio Ambiente promoviera que este sector retrasara el cambio hasta 2020, invitación que Oceana reprueba al ser una contravención de los textos vinculantes sobre los que el Consejo de Ministros no tiene competencia alguna para interpretar o derogar.
“El Gobierno debe exigir a las empresas que se adapten de inmediato a la mejor tecnología disponible”, insiste Pastor. “Además, debe regular que se informe, de acuerdo con el Convenio de Aarhus, a los consumidores, especialmente a la población de riesgo, como embarazadas y niños menores de 3 años. Estos avisos debe figurar en el empaquetado o en los puntos de venta, como ya sucede en Estados Unidos tras las acciones llevadas a cabo por Oceana”.
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