Así, según ha indicado el CSIC en una nota, los investigadores ponen de manifiesto que «en el norte de España, entre los años 2005 y 2010 hubo 1165 denuncias de ataques, de las cuales cerca del 70 por ciento fueron desechadas, lo que supuso un reducido coste medio anual estimado en 44.000 euros en indemnizaciones».
Sin embargo, los investigadores señalan que «la falta de datos científicos y la magnificación del problema han creado una alarma social que urgentemente requiere el diálogo entre científicos, ganaderos y administraciones para establecer las directrices que permitan solucionar este conflicto emergente».
Los investigadores mencionan que durante este mismo periodo, en el conjunto de España se documentaron «243 casos de envenenamientos de buitres leonados» algunos de ellos específicamente dirigidos intencionadamente contra buitres leonados.
«Los efectos colaterales del uso ilegal de cebos envenenados en otras especies amenazadas como el quebrantahuesos o el alimoche constituyen una importante amenaza para la conservación de estas especies» explica Antoni Margalida, primer firmante de la carta, junto con José Antonio Donázar, ambos investigadores de la Estación Biológica de Doñana.
España alberga el 95 por ciento de la población europea de aves carroñeras –buitre leonado, buitre negro, alimoche y quebrantahuesos–, siendo la población de buitre leonado con cerca de 26.000 parejas, la más abundante.
Estas especies, durante milenios han ofrecido servicios a los ecosistemas al eliminar los cadáveres que podrían constituir focos de infección y enfermedades, siendo verdaderos aliados de los ganaderos.
Sin embargo, en 2001 el brote de encefalopatía espongiforme bovina –enfermedad de las vacas locas– provocó que la Unión Europea prohibiera dejar estos cadáveres en el campo y obligara a destruirlos o reutilizarlos en instalaciones autorizadas. La medida tuvo un gran impacto en la población de buitres, causando un déficit de alimentación que tuvo consecuencias demográficas y comportamentales «importantes».
«Uno de los efectos atribuidos por la mayoría de ganaderos es que la falta de comida ha propiciado un cambio en el comportamiento de los buitres lo que ha redundado en el incipiente incremento de denuncias», han indicado. Sin embargo los investigadores destacan
que las causas pueden ser «múltiples y complejas» y su identificación requiere abordar la problemática desde una aproximación científica «rigurosa».
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