Coincidiendo con el Día Mundial de la Biodiversidad WWF presenta una decena de soluciones económicas para conservar nuestro patrimonio natural.
Durante los últimos años, la crisis económica ha sido la excusa para adoptar medidas contrarias al medio ambiente y recortar algunos fondos destinados a la conservación. Algunas de éstas han sido la prórroga de la vida útil de la central de Garoña, la suspensión de las ayudas a las renovables, la aprobación de un macrohotel en Mallorca, la puesta en marcha de las prospecciones petrolíferas en Canarias, el recorte drástico en la vigilancia de las reservas pesqueras o la Ley de Residencias Rurales Sostenibles en la Comunidad de Madrid.
El mantenimiento de agua y aire de buena calidad, la protección frente a las sequías, inundaciones, lucha contra la erosión del suelo o las plagas, la protección de los recursos pesqueros y la conservación de especies polinizadoras o cinegéticas así como lugares para el ocio y el deporte tiene un valor incalculable que resulta muy caro de recuperar o recrear artificialmente pero muy barato y sencillo conservarlos. La UE calcula que los beneficios ambientales que proporciona la Red Natura 2000 se estiman en 200-300 mil millones de euros anuales para toda Europa.
Es posible realizar actuaciones que suponen grandes beneficios para la biodiversidad, sin grandes costes para la administración, aprovechando los recursos y el personal ya existente y en colaboración con ONG, ganaderos y agricultores, cazadores o el sector industrial.
WWF propone las siguientes medidas, todas ellas de bajo o nulo coste para las arcas públicas, que supondrían un claro beneficio para nuestro país.
1 Designar zonas de protección para la alimentación de aves necrófagas en cumplimiento del Real Decreto 1632/2011 que permite el abandono de cadáveres de ganadería extensiva en el campo. Este mero acto administrativo supondría incrementar la disponibilidad de alimento para un nutrido grupo de especies, algunas de ellas tan amenazadas como el águila imperial, el alimoche o el milano real, disminuir la conflictividad en el campo (cada vez mayor con especies como el lobo) y reducir los costes de eliminación de cadáveres de los ganaderos en extensivo.
2 Aplicar medidas sancionadoras ejemplarizantes y recuperadoras en el caso de uso de cebos envenenados. La aplicación de este tipo de medidas administrativas previstas en la ley 42/2007, no supone gasto alguno y supondría enviar un mensaje claro y tajante contra la impunidad que gozan quienes cometen este hecho delictivo, sin duda una de las mayores amenazas para nuestras aves rapaces y otras especies carroñeras. Otra opción igualmente barata es adecuar las diferentes normativas locales con normas específicas sobre la materia, tal y cómo ya han hecho en el pasado regiones como Castilla-La Mancha o Andalucía, lo que facilitaría la aplicación de dichas sanciones y medidas.
3 Aprobar el Real Decreto de especies exóticas invasoras. La prohibición de comerciar o liberar ciertas especies a la naturaleza tendrá un efecto significativo en la recuperación de los ecosistemas y evitará que se sigan introduciendo más ejemplares en nuestro entorno, poniendo en peligro a la fauna y flora autóctona.
4 Desarrollar modelos de cogestión de los recursos pesqueros con el sector artesanal. La participación del sector artesanal tiene una indudable ventaja en la gestión sostenible de los recursos pesqueros. El conocimiento tradicional, el seguimiento de la actividad pesquera, participación en las medidas de gestión a aplicar, mayor facilidad para adopción de medidas y para la resolución de conflictos son ventajas de esta participación y que redundaría de forma directa en la biodiversidad marina.
5 Gestionar la compra pública de productos forestales respetuosos con la conservación de los bosques, preferentemente FSC. Esta medida se recoge como un mandato en la Ley de Montes y forma parte también de un reglamento internacional. Su objetivo es que las administraciones públicas den prioridad en sus compras a la contratación de madera y el papel que provengan de bosques gestionados de manera responsable, tanto ambiental como socialmente, y que cuenten con la certificación forestal FSC. Cabe destacar que las administraciones públicas españolas gastan al año más de 2.000 millones de euros en madera y papel, siendo precisas 2 millones de hectáreas de superficie forestal para satisfacer sus necesidades
6 Elaborar el informe sobre subvenciones dañinas previsto en el convenio internacional de Diversidad Biológica (CBD) y en la Ley de Patrimonio española. Hay que evitar las ayudas e incentivos negativos que tienen un grave impacto sobre el medio ambiente, y que no responden a las necesidades del mercado.
7 Anular el Real Decreto de ayudas al carbón nacional para producción de electricidad, evitando así un coste anual aproximado de 400 millones de euros hasta 2014, y revertir el aumento de emisiones de CO2 que está generando en la producción eléctrica. Durante 2011 las emisiones han sido un 35% superior a años precedentes, desplazando a las energías renovables y al ciclo combinado. La anulación de este decreto, además de ser rentable para las arcas del Estado, contribuye a la protección de la biodiversidad, ya que además de la minimización del impacto in situ de la minería, reduciría la emisión del principal gas causante del cambio climático.
8 Frenar la restauración “dura” de los ríos a base de hormigón y escolleras y sustituirlos por modelos blandos más baratos y eficaces. WWF propone restaurar las riberas recuperando la forma y la vegetación natural de los ríos, además de reservar espacio a los ríos y a las zonas inundables y evitar su urbanización. De esta forma se reducen los costes de las restauraciones, que tienen un mayor componente de mano de obra y menor componente de maquinaria, y se evitan riesgos de inundación y la necesidad de nuevas obras de hormigón aguas abajo de las restauraciones.
9 Cerrar los pozos ilegales. En España hay al menos 510.000 pozos ilegales, según la propia administración, la mayor parte sacando agua de acuíferos sobreexplotados. La falta de control en el uso del agua está llevando a situaciones críticas para los humedales que dependen de las aguas subterráneas y reduciendo igualmente el agua disponible para consumo humano. En el sector agrícola, el uso de agua ilegal supone una competencia desleal, ya que productos regados legal e ilegalmente compiten en el mercado en igualdad de condiciones. El cierre gradual de estos pozos permitiría ahorrar en costes de recuperación de humedales, en obras para abastecimiento de poblaciones y mejoraría la garantía de abastecimiento para los usuarios legales.
10 Apoyar una PAC más verde. WWF propone destinar los fondos europeos para la agricultura a aquellos agricultores que con su actividad contribuyan a producir bienes públicos, reduciendo los riesgos para el suelo, el agua y la biodiversidad y por tanto la necesidad de intervención de la administración para su recuperación.
