EQUO considera que el proyecto de reforma incluye tres puntos que vulneran la directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, por la cual España está obligada a aprobar una legislación nacional acorde a ese objetivo.
Las modificaciones podrían incumplir la directiva europea sobre responsabilidad medioambiental, prevención y reparación de daños medioambientales. El pasado lunes el representante de la coalición Primavera Europea, a la que pertenece EQUO, en el grupo verde/ALE del Parlamento Europeo, Jordi Sebastiá, presentó una pregunta sobre las modificaciones a la Ley de Montes que pretende aprobar el Partido Popular.
EQUO considera que el proyecto de reforma incluye tres puntos que vulneran la directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, por la cual España está obligada a aprobar una legislación nacional acorde a ese objetivo.
A través de la pregunta se pide a la Comisión Europea que se posicione y emita su opinión respecto a este proyecto. Por su parte el Partido Popular ha rechazado este martes la petición de comparecencia de la ministra de Medio Ambiente para explicar los puntos más polémicos de la reforma.
Juantxo López de Uralde, co-portavoz de EQUO ha declarado que «Una vez más, el PP vuelve a hacer una reforma medioambiental a la medida de sus intereses. Esperemos que la Comisión Europea se pronuncie cuanto antes, ya que incluso el propio Ministerio se niega a debatir y dar explicaciones sobre los cambios introducidos».
El proyecto recientemente presentado por el Gobierno, contempla la posibilidad de urbanizar casi de inmediato los terrenos incendiados. Por contra, la ley vigente obliga a una demora de al menos 30 años, para evitar que un incendio provocado pueda disminuir drásticamente el valor natural de un terreno y así desembocar en un cambio de uso del suelo.
Además, a consecuencia de esta reforma, los Agentes Forestales y Medioambientales verán degradado su rol en las tareas de investigación de delitos ecológicos, favoreciendo con ello su impunidad. Por último, la nueva ley tampoco incluirá medidas de impulso al desarrollo del medio rural.