La caza del lobo vuelve a situarse en el centro del conflicto político y ambiental. El Tribunal Supremo analiza este martes los recursos presentados por organizaciones ecologistas contra las políticas autonómicas de captura y eliminación de ejemplares en Asturias y Cantabria, una decisión que puede marcar el futuro inmediato del lobo ibérico en España tras el cambio de su estatus de protección en Europa.
En juego está no solo la legitimidad de estas prácticas de gestión cinegética —es decir, aquellas que implican abatir o capturar lobos— sino también el marco general de protección del lobo ibérico en España, que ha sido objeto de intensos debates legales y políticos en los últimos años.
Tras la retirada de la protección estricta en parte del territorio español por un cambio legislativo impulsado en el Congreso, varias comunidades autónomas aprobaron medidas para autorizar controles letales o modelos de “captura” como forma de gestión poblacional.
El Supremo decide sobre la caza del lobo
El Tribunal Supremo revisa los recursos contra la caza del lobo impulsada por varias comunidades tras el fin de su protección especial.
El Tribunal Supremo revisará este martes los recursos de casación interpuestos por dos agrupaciones ecologistas de Asturias y Cantabria contra las políticas puestas en marcha por los respectivos gobiernos autónomos para la captura y eliminación de ejemplares de lobo en sus territorios.
En el caso de Castilla y León, la Junta ha optado por esperar a regular el control cinegético del lobo hasta que el Gobierno de España apruebe oficialmente el censo conjunto que han enviado las distintos territorios, una vez que a nivel europeo esta especie dejó de tener una protección especial.
La Sala 005 del Supremo será la encargada de revisar seis recursos de casación interpuestos por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) y Ecologistas en Acción Cantabria.
Ignacio Martínez Fernández, representante de Ascel, ha explicado a EFE que la asociación comparece en seis de los casos de Asturias y Cantabria que estudia mañana el Supremo, mientras Ecologistas estará en tres de ellos.
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El origen legal de la protección del lobo
Tras la retirada de la protección estricta en parte del territorio español por un cambio legislativo impulsado en el Congreso, varias comunidades autónomas aprobaron medidas para autorizar controles letales o modelos de “captura” como forma de gestión poblacional.
Recuerda que «fue su organización, y no el Gobierno, la única asociación que desde el año 2007 solicitó la protección del lobo y demostró que era admisible con el marco legal de protección. Una solicitud que se tramitó en el 2019 y que se obtuvo en el 2021 para toda la península«.
Según Martínez Fernández, se aprovechó lo que la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad estipulaba. Una vez que el Real Decreto 139/2011 estableció el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, «se propició el cese de toda muerte legal del lobo en España».
Un conflicto ambiental que no se cierra
Martínez Fernández recuerda que la inclusión del lobo en el listado de protección «no es absoluta», porque «se contempla hipotéticamente, que ante una serie de condiciones pudiera haber autorizaciones o excepciones a la protección, autorizaciones para extraer, capturar, retirar, llevar un zoológico, matar ejemplares».
Para los gobiernos autonómicos que promueven estas políticas, cesar la captura o caza del lobo limita sus herramientas de gestión y respuesta frente a daños en la ganadería, un argumento que hoy deberá ser ponderado por el Supremo. Sea cual sea el resultado, la decisión marcará un punto de inflexión en la regulación del lobo ibérico en España y en la capacidad de las autonomías para aplicar sus propias políticas cinegéticas. Seguir leyendo en NATURALEZA
