A poco menos de una década de escribir sobre el hostigamiento que sufría Doñana, entre 2015 y 2016, me vuelvo a admirar de lo increíblemente expuestos y amenazados que están los espacios naturales como Doñana, cuanta mayor belleza y fragilidad atesoran.
Precisamente fue la belleza de sus playas arenosas y sistemas dunares, que son un reclamo muy atractivo, la que hizo que se estableciese la población de Matalascañas en su entorno, y hoy genera una presión nada desdeñable. Y es que buena parte de lo que fueron dunas litorales costeras en Cádiz y Huelva son hoy urbanizaciones.
Doñana: una triste historia
Desde los años noventa del pasado siglo, el acoso ha sido recurrente, y las presiones han sobrevolado permanentemente tan frágiles y valiosos ecosistemas. A finales de la primera década de este siglo y de la mano de Felipe González, que presidía el Consejo de Participación y que había sido fichado por Gas Natural, -en un claro conflicto de intereses-, se autorizó un gasoducto de 18 kilómetros y cinco pozos de extracción de gas, por parte de la empresa filial de Gas Natural, Petroleum Oil & Gas España.
Posteriormente, en 2013, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente con Arias Cañete dirigiéndolo, emitió una Declaración de Impacto Ambiental a favor de un proyecto de extracción y almacenamiento de gas en el interior del Espacio Natural Doñana, que incluía la construcción de siete pozos y 24,5 kilómetros de gasoductos y líneas eléctricas acompañantes. El proyecto afectaba a los pinares de la zona norte del Parque Natural. Y un año después, en 2014 se aprueba el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana.
Diez años después de aquel plan, con extracciones ilegales que no se han controlado a pesar de que era conocida la bajada del nivel freático/piezométrico y el estado de las masas de agua del acuífero que alimenta las lagunas y humedales del Parque Nacional y suelos adyacentes, ha sido la sequía la que ha puesto de manifiesto lo que ha supuesto el desmesurado crecimiento del regadío que propició el auge del sector fresero.
Un sector que ha presumido de la riqueza que crea en la comarca, pero que se ha basado en la sobreexplotación del acuífero (un bien natural que es de todas) y de temporeras, mayoritariamente marroquíes, sobre las que recaen labores extenuantes y a las que ni siquiera se les proporciona alojamientos dignos.
Ante el asedio descrito sobre un Parque Nacional, que ha sido, y es, un emblema de la riqueza natural que atesora la comarca, se constituyó una Plataforma de organizaciones sociales y políticas en defensa de la integridad y conservación de esos valores: La plataforma “Salvemos Doñana” que ha tenido que reactivarse con cada agresión sufrida.
Es la sequía, la que sirve de excusa para plantear como urgente y vital toda una colección de infraestructuras hidráulicas pensadas exclusivamente para garantizar e incluso en algunos casos, ampliar, las hectáreas regadas, no solo en el entorno de Doñana con la presión del sector fresero, sino en toda la comunidad, con equivalente presión de grandes empresas agroexportadoras, -de subtropicales en la Axarquía malagueña, hortofrutícolas en los invernaderos de Almería u olivar en superintensivo que se ha extendido por amplias zonas de Andalucía.
¿Qué pasa con el acuerdo que salvaría a Doñana?
Aunque no sabemos con seguridad los términos exactos del acuerdo a que llegaron Teresa Ribera y Juan Manuel Moreno –Ministerio de Transición Ecológica y presidente de Andalucía respectivamente-, en la reunión que mantuvieron en San Telmo, dado lo ambiguo de sus declaraciones posteriores, si parece haber certeza de unos cuantos compromisos adquiridos que parecen ir justo en la dirección opuesta a las medidas de abordaje decidido en las que hay que avanzar.
Porque el gran problema que aqueja, no solo a todos los ecosistemas de Doñana y su pérdida de lagunas permanentes y humedales representativos, sino a buena parte de Andalucía, especialmente en la franja litoral, es la sobreexplotación de sus acuíferos.
Cuando lo que necesitamos es recuperar un espacio que nos permita abordar un futuro menos truculento que el que se cierne en estos momentos sobre nuestras cabezas. Cuando miramos al cielo buscando el rastro de nubes que refresquen y nos rieguen los campos resecos. Cuando vemos mermar las especies más emblemáticas del Parque Nacional de Doñana y las aves que habían hecho del mismo, su hogar o la parada necesaria en su ruta itinerante.
Cuando vemos con intranquilidad y pesimismo que la desertificación avanza como consecuencia de las pésimas políticas agrarias y ambientales desarrolladas las últimas décadas. Con pérdidas graves en las masas de agua tanto superficiales como subterráneas, y tanto por la calidad como por la cantidad de las mismas.
Y con pérdidas graves de suelos por una erosión galopante que hace que perdamos hasta 1.500 toneladas de suelo (3.000 toneladas de suelo destruidas cada minuto, que se dice pronto) según el Informe de la Estrategia Nacional de lucha contra la Desertificación. Y sabiendo que esas pérdidas podrían ser mayores por el cambio de usos del suelo.
Con todos esos condicionantes conocidos, que son datos contrastables y no dan lugar a interpretación ni sesgo, y sabiendo cuál es el camino que esos datos nos están marcando, los responsables políticos de encontrar soluciones que palíen y mejoren tales números, hacen justo lo contrario. En un ejercicio exasperante de cinismo que a algunas nos indigna y enfada, hacen promesas sobre Doñana que saben que difícilmente cumplirán y que además son contrarias a lo que dicta la ciencia y la lógica.
El agua de Doñana
Respecto a la gestión del agua en Doñana, el mayor problema en estos momentos, radica en que todos los acuíferos litorales sufren desde hace tiempo la intrusión de agua marina por haber sufrido una sobreexplotación que sigue sin controlarse.
Para garantizar el consumo humano, puesto en jaque por el abuso en las extracciones, (tanto legales como ilegales, puesto que se han concedido usos por encima de la capacidad de las cuencas de regenerarse), el Ministerio que dirige Teresa Ribera se ofrece a pagar el agua desalada, cuyo precio oscila entre los 60 y los 70 céntimos/m3. Y las obras para sacarla de la planta y meterla en los barcos.
La Junta pagará el traslado en buques, con un coste de 5 millones €/mes. Un barco al día. Con esas cifras, el Gobierno central pagaría por el agua desalada en torno a 1,8 millones €/mes. Esto, por supuesto, solo para garantizar el consumo humano.
Es la emergencia que ha generado la sequía, la que nos ha puesto frente al espejo, para que veamos la situación que se ha gestado por el uso y abuso de un bien básico para la vida, que, sin embargo, se ha querido considerar como un recurso económico más.
Son las cosas del ultra capitalismo y sus mercados financieros, donde se ha decidido que cotice el agua. Y eso no se debería haber permitido. Pero estamos como estamos. Y la realidad es que seguimos sin planes de largo plazo que eviten situaciones aún peores en el futuro.
Sabemos que la solución no está en aumentar hasta el infinito las infraestructuras hidráulicas, como autovías del agua, de las que se habla como la solución para conseguir agua en las plantaciones de subtropicales (aguacates y mangos), que se han extendido a gran velocidad, en las de frutos rojos, en las de olivar en espaldera o superintensivo o en los cultivos bajo plástico de hortofrutícolas. Todo ello desde la falaz idea de que se puede conseguir agua hasta el infinito, trasvasándola de un lugar a otro. Sin techo de consumo y sin gestionar una demanda a la que no se le pone tope.
Espero que se estén poniendo las pilas sobre esta problemática, los responsables de tomar las decisiones políticas y que sean capaces de ejecutar lo necesario más allá del populismo, de congraciarse con un sector enfadado.
Carmen Molina Cañadas
Coordinadora de ALIANZA VERDE en Andalucía
