El 20% de los lobos existentes en Cantabria, según el último censo realizado, será abatido tras la decisión adoptada por la Consejería de Desarrollo Rural (PP), que se ha comunicado este viernes a la Mesa del Lobo, reunida en Santander para abordar el borrador del nuevo Plan de Gestión de la especie.
En la ley se regula la pérdida de la condición de especie protegida que había permitido recuperar a parte de la población en riesgo de desaparición al incluirse en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Al salir el lobo del listado al norte del Duero, podrá ser cazado en lo que se denomina eufemísticamente “extracción” según los distintos “planes de gestión” de las comunidades autónomas.
La recuperación del lobo en Cantabria ha sido muy lenta y complicada. Gran parte del mérito la tiene la inclusión de la especie en el LESPRE desde 2021 hasta principios de 2025. Las asociaciones ecologistas creen que volver a las extracciones indiscriminadas es el principio del fin de su presencia en la comunidad.
Recurso ante los tribunales a favor de los lobos
Varios grupos ecologistas se han manifestado a favor de luchar por la vida de los lobos en Cantabria, desde los tribunales. Una ONG ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra las autorizaciones del Gobierno regional para la caza de lobos y otra ha denunciado ante la Fiscalía a la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio.
Consideran que ambos altos cargos podrían haber incurrido en varios delitos e irregularidades por autorizar y empezar a ejecutar la orden publicada por el Gobierno regional para cazar 41 lobos. En concreto, desde esta organización apuntan a posibles delitos de prevaricación y contra la fauna.
La Asociación para la conservación y estudio del lobo, que también denunció a principios de mes a Ángel Serdio por un presunto caso de prevaricación, pide en el recurso anunciado hoy que se apliquen medidas cautelarísimas para suspender la ejecución de esas autorizaciones y, así, «evitar pérdidas irreparables» en la población de lobos mientras se dirime el proceso».
También avanza su intención de emplazar al TSJ de Cantabria para elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La asociación explica que ha dado este paso después de que el Gobierno de Cantabria (PP) haya desestimado su recurso de alzada frente a la resolución del Ejecutivo regional para la extracción de lobos. EFEAGRO / ECOticias.com
