El Gobierno de Cantabria va a “máximos” en la aplicación del porcentaje establecido en el vigente Plan de Gestión del lobo, que establece el cupo de extracción en el 20 por ciento del número actual de ejemplares, y estima en 41 los lobos a extraer sobre la base de criterios «objetivos y técnicos» para «garantizar la convivencia de la especie con el sector ganadero».
El eufemismo ‘extraer’ debe leerse como lo que es: Cantabria ha autorizado a los cazadores a que maten indiscriminadamente una cantidad de lobos que se ha determinado sin que para ello existan razones basadas en la ciencia que los justifiquen.
La Mesa del Lobo se constituyó con el objetivo de dar voz a todas las entidades que de una u otra manera se relacionan con esta especie, por lo que participan autoridades locales, asociaciones cinegéticas y ganaderas y agrupaciones ecologistas y ambientalistas.
Adiós a la Mesa del Lobo
Las asociaciones conservacionistas Arca y Ecologistas en Acción han anunciado este martes que dejan el grupo de trabajo de la Mesa del Lobo tras comunicar la Consejería de Desarrollo Rural que se han iniciado las primeras extracciones de este animal que fija el plan de gestión de la especie.
«Consideramos que no tiene sentido seguir formando parte de un grupo de trabajo cuyo objetivo era, teóricamente, dar participación en la elaboración de un nuevo plan de gestión del lobo en Cantabria, cuando la Consejería decide actuar por su cuenta, empieza a matar lobos, e intenta ocultar estos hechos a los integrantes de la mesa y a la opinión pública», han señalado ambas organizaciones.
En un comunicado conjunto, Arca y Ecologistas en Acción han denunciado que la Consejería no ha respondido a sus recursos contra ese cupo de caza de lobos y que ese control se haya producido ya. A su juicio, eso es «una prueba del desprecio hacia las normativas y garantías legales que deben guiar cualquier actuación institucional».
«La Consejería de Ganadería está dispuesta a saltarse y retorcer cualquier normativa en este terreno, para conseguir su objetivo político de atraerse el voto de determinados sectores ganaderos y cinegéticos«, han afirmado ambas organizaciones.
Según afirman, en Cantabria se han estado matando lobos desde hace más de 50 años, hasta reducir su población a un tamaño residual. «Y, sin embargo, ha seguido habiendo ataques al ganado, y los daños no disminuyeron«, ha advertido.
Boicot y caza
También han señalado que desde la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Especial Protección, «el Gobierno de Cantabria ha hecho todo lo posible por boicotear las medidas y recursos que se pusieron a disposición de las comunidades autónomas para gestionar el lobo de una manera más moderna, científica y eficaz que redujera los ataques al ganado».
«Ha inflado (el Gobierno) sistemáticamente los ataques atribuidos al lobo, ha gestionado mal y tarde las ayudas a los ganaderos, no ha enviado al Ministerio la información requerida, no han solicitado todos los recursos que tenían disponibles, apenas han adoptado medidas preventivas, ni han avanzado en el conocimiento de la población real de lobos en Cantabria, su composición, comportamiento y otros factores claves para su gestión», denuncian.
A su juicio, es «perfectamente posible» reducir los ataques al ganado y hacer compatible la ganadería extensiva y la conservación del lobo ibérico con «medidas y técnicas no letales».
Sin embargo, han reconocido que para llevar a cabo esa gestión hay que «tener voluntad política y un equipo técnico cualificado que no se someta a directrices políticas«. «Ninguna de estas condiciones se da hoy en día en Cantabria, donde al Gobierno regional, para tapar su incompetencia, le resulta más sencillo achacar al lobo todas las dificultades que afronta la ganadería en extensivo, en lugar de actuar contra los verdaderos problemas del sector», consideran.
Y advierten de que usarán todos los recursos legales a su alcance para que «se actúe conforme a las evidencias científicas que se están obviando y para que asuman las responsabilidades pertinentes». EFE/ECOticias.com
