La desaparición de una sola yaguareté en el Chaco ha movido a todo el Estado argentino. La Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Justicia ofrecen 250 millones de pesos a quien aporte información fiable sobre el caso de Acaí, una hembra liberada en el Parque Nacional El Impenetrable cuyo rastro se perdió el 25 de octubre, apenas veinte días después de volver al monte.
La cifra no es caprichosa. Surge de un cálculo oficial del daño ambiental asociado a la pérdida de un ejemplar de esta especie, estimado en 2.673.280.260 pesos por la Dirección Nacional de Conservación de Parques Nacionales. En un país donde muchas familias viven con muy poco, esos 250 millones suenan a premio de lotería. Sin embargo, a dos meses de lanzarse la recompensa, ni una sola persona se ha presentado con datos concluyentes.
Quién era Acaí y por qué importaba tanto
Acaí no era una yaguareté cualquiera. Nació en libertad en el Parque Nacional Iberá y fue trasladada al Chaco como parte del ambicioso programa de reintroducción del mayor felino de Sudamérica en el Gran Chaco argentino. En esta región no se registraban hembras silvestres ni nacimientos desde la década de 1990, de modo que cada hembra liberada es una oportunidad de que la especie vuelva a reproducirse de forma natural.
En todo el país se calcula que sobreviven apenas alrededor de 200 yaguaretés, repartidos en poblaciones aisladas en la selva misionera, los Esteros del Iberá, las Yungas y el propio Chaco. La especie ha perdido más del 95 por ciento de su área de distribución original, lo que convierte cada individuo en un pequeño seguro de vida para el ecosistema donde vive.
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En la práctica, eso significa que la desaparición de Acaí no es solo la pérdida de un animal carismático. Es un retroceso directo para un proyecto que busca que el yaguareté vuelva a cumplir su papel de gran depredador en uno de los bosques secos más importantes de América del Sur, el Gran Chaco, hoy muy presionado por desmontes, incendios y expansión ganadera.
Qué se sabe de la desaparición
El 25 de octubre el collar satelital de Acaí dejó de enviar posiciones. Días después, la señal de radio permitió localizar el dispositivo sumergido en el cauce del río Bermejo, sin rastro del cuerpo. Parques Nacionales habló de una interrupción intencional del sistema de monitoreo y dio aviso inmediato a la Justicia Federal y a las fuerzas de seguridad.
La Fundación Rewilding Argentina, que coordina el proyecto de reintroducción junto a la APN y la provincia del Chaco, fue más allá. En un comunicado describió el caso como “la matanza de Acaí” y sostuvo que la hipótesis más sólida es que fue cazada y que su collar se arrojó al río para ocultar pruebas. Organizaciones como Red Yaguareté comparten esta lectura y apuntan a posibles conflictos con ganado, comercio clandestino de pieles o incluso tráfico de animales vivos.
La Fiscalía Federal de Sáenz Peña, a cargo de Carlos Amad, mantiene, sin embargo, una posición más prudente. El fiscal insiste en que no puede dar por muerta a Acaí sin pruebas materiales y recuerda que la causa incluye allanamientos, secuestro de teléfonos móviles y análisis de imágenes satelitales. “Queremos saber si hay alguna información útil que nos permita reconstruir qué ocurrió”, ha explicado, subrayando que no se descarta ninguna línea de investigación.
La recompensa récord y lo que revela
La recompensa de 250 millones de pesos, la más alta vinculada a un caso de fauna protegida en la historia reciente del país, se calculó precisamente a partir del informe que valora el daño ambiental por la pérdida de Acaí. Ese documento incorpora factores como el estado crítico de la especie, su protección legal máxima como Monumento Natural Nacional y el coste de los esfuerzos de conservación necesarios para revertir la situación.
En el fondo, el mensaje es claro. Matar un yaguareté no es un “daño colateral” de la vida rural, sino un delito ambiental grave con penas de hasta cinco años de prisión. Y, aun así, la experiencia demuestra que la ley por sí sola no basta. Si ningún vecino se anima a hablar pese a una suma capaz de cambiar la economía de toda una comunidad, algo falla en la relación entre los proyectos de conservación y las realidades del territorio.
Más allá del caso judicial, Acaí se ha convertido en símbolo incómodo. Recuerda que reintroducir grandes depredadores no consiste solo en abrir una puerta de jaula en un parque nacional. Implica acompañar a las comunidades rurales, mejorar el manejo del ganado, reforzar la presencia del Estado en zonas muy aisladas y garantizar que quien respeta la fauna no quede en desventaja frente a quien dispara primero.
Para el yaguareté, cada hembra cuenta. Para la sociedad, cada caso como el de Acaí deja una pregunta en el aire. No es solo cuánto cuesta perder a un animal emblemático en términos de pesos, sino cuánto estamos dispuestos a hacer, en la práctica, para que no vuelva a ocurrir.
El comunicado oficial ha sido publicado en “Yaguareté: compromiso institucional con los proyectos de conservación de la biodiversidad”.
