Jaén. Se podría reducir un 40% el coste del servicio de basura y limpieza viaria

Según ha informado en una nota, el PSOE someterá a los colectivos ambientales, vecinales y de consumidores la «remunicipalización progresiva» de los servicios básicos locales, de tal manera que se consiga «una reducción de costes sin recortes en personal y un aumento de la eficiencia en su prestación».

El PSOE de Jaén propone reducir «un 40 por ciento» los costes del servicio de recogida de basura y limpieza viaria de la capital mediante su «remunicipalización», de modo que éste pase a ser desarrollado por «manos públicas» y no a través de FCC, la actual concesionaria del mismo.

Así se recoge en un trabajo realizado por expertos en administración local en el seno del PSOE del que este lunes han hablado en rueda de prensa el secretario general de la agrupación local y candidato a la Alcaldía de la capital, Manuel Fernández, y la vicesecretaria general y número dos en la lista socialista a las elecciones municipales del 24 de mayo, Mercedes Gámez.

Según ha informado en una nota, el PSOE someterá a los colectivos ambientales, vecinales y de consumidores la «remunicipalización progresiva» de los servicios básicos locales, de tal manera que se consiga «una reducción de costes sin recortes en personal y un aumento de la eficiencia en su prestación».

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En el caso concreto del servicio de basura y limpieza, los socialistas plantean su remunicipalización «bien a través de su asunción por una empresa pública, bien mediante encomienda de gestión a través de la Diputación, que en la actualidad gestiona este servicio en la provincia a la mitad de precio por habitante que FCC en Jaén».

Desde el PSOE se incide en que dicha multinacional «renovó su concesión con el PP en anteriores legislaturas» y «trabaja ahora sin contrato desde 2012», bajo el mandato de José Enrique Fernández de Moya (PP) como alcalde, de modo que «además de los 15 millones anuales que cobra por la prestación recibe como sobrecoste otros ocho millones al año, 24.000 euros extra al día por facturar libremente, dinero que no repercute ni en mejoras del servicio, ni en calidad de la logística o en aumento de salarios para los trabajadores o de personal para atender nuevas necesidades».

Fernández ha remarcado en ese sentido que en la actualidad «un informe del Tribunal de Cuentas muestra que la recogida de basura y la limpieza cuesta 83 euros al año a cada vecino de la capital, frente a los 49 que pagan en el resto de la provincia o los 69 de media nacional», de modo que «desde 1996 el coste del servicio ha aumentado un 1.200 por cien».

También ha destacado el candidato socialista que son varios los consistorios españoles que han asumido la gestión de este servicio, entre ellos algunos del PP como el de León capital, «con ventajas notables en los resultados», en forma de «mantenimiento del personal, eficiencia en la gestión y ahorro de costes que redundan no solo en las arcas municipales, sino también en una reinversión en el servicio que mejore su calidad progresivamente». Además, ha apuntado que en el caso de la basura «no habría que indemnizar a la empresa, ya que no hay contrato de por medio».

Por su parte, Mercedes Gámez ha señalado que en el marco de esta remunicipalización el PSOE propone además «un plan de renovación de flota, un plan de sellado del vertedero y la integración, asumiendo los compromisos de pago correspondientes, en la infraestructura de gestión de residuos de la provincia».

RESTO DE SERVICIOS

La vicesecretaria del PSOE ha subrayado también que la primera medida que el partido tomará si logra la Alcaldía tras la elecciones de mayo será «realizar una auditoría para arrojar luz sobre la oscuridad que el PP ha trasladado a ésta y otras concesiones públicas como la del abastecimiento de agua, blindada en mandato ‘popular’ con Aqualia, que no está cumpliendo con las inversiones establecidas a modo de contraprestación y de cuyo estado de cuentas nada sabe la opinión pública, y el servicio de alumbrado y semáforos».

Respecto a este último servicio, Gámez y Fernández han explicado que los ahorros de la concesionaria actual, Indra-Tecdoa, «podrían ser perfectamente asumidos por el Ayuntamiento sin necesidad de haber pagado cuatro millones a esta unión temporal de empresas», y en cuanto a la labor de Aqualia, han lamentado que «ha encarecido un 365 por ciento el precio del servicio al ciudadano, al tiempo que ha aumentado el coste municipal de la concesión a la empresa un 260 por ciento desde 1996, fecha en que el PP también blindó el contrato con la firma».

Para Gámez, estos ejemplos de «incompetencia y dejadez» en la gestión del PP bien justifican las palabras del alcalde de que «es un milagro que se puedan pagar los servicios públicos», y «los sobrecostes que se asumen con las empresas y el descontrol con el sistema de concesiones están llevando al Ayuntamiento a una situación insostenible por culpa de una inacción desastrosa de quienes lo desgobiernan».

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